Legislação do dia

Aviso n.º 153/2004. DR 205 SÉRIE I-A de 2004-08-31 – Ministério dos Negócios Estrangeiros: Torna público terem, em 7 de Março de 2003 e em 22 de Julho de 2004, sido emitidas notas, respectivamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português, em que ambas as Partes comunicam terem sido concluídas as respectivas formalidades internas de aprovação do Acordo, por troca de notas, entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha para a Instituição de Uma Comissão Arbitral para a Avaliação das Pretensões de Indemnização pelos Prejuízos Decorrentes da Ocupação em Portugal de Prédios Urbanos na Década de 70, formuladas por espanhóis, assinado em Lisboa em 8 e 9 de Outubro de 2002

Portaria n.º 1085-A/2004. DR 205 SÉRIE I-B 1º SUPLEMENTO de 2004-08-31 – Ministérios da Justiça e da Segurança Social, da Família e da Criança: Fixa os critérios de prova e de apreciação da insuficiência económica para a concessão da protecção jurídica

Portaria n.º 1085-B/2004. DR 205 SÉRIE I-B 1º SUPLEMENTO de 2004-08-31 – Ministérios da Justiça e da Segurança Social, da Família e da Criança: Aprova os formulários de requerimento de protecção jurídica para pessoas singulares e para pessoas colectivas ou equiparadas. Revoga a Portaria n.º 140/2002, de 12 de Fevereiro

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída em Montego Bay em 10 de Dezembro de 1982, e o Acordo Relativo à Aplicação da Parte XI da mesma Convenção, foram aprovados, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 60-B/97 (DR 238/97 SÉRIE I-A 1º SUPLEMENTO de 1997-10-14), e ratificadas pelo Decreto do Presidente da República n.º 67-A/97 (DR 238/97 SÉRIE I-A 1º SUPLEMENTO de 1997-10-14).
Os artigos 19.º e 25.º da Convenção terão sido invocados pelo Governo português para não autorizar a entrada do barco-clínica da organização holandesa Womens on Waves em águas portuguesas.

El Tribunal Constitucional y la memoria histórica

Por MARC CARRILLO, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, no EL PAÍS de hoje:

El 17 de agosto de 1963, la dictadura de Franco ejecutaba a los anarquistas Francisco Granado Gata y Joaquín Delgado Martínez, miembros de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Tras ser salvajemente torturados durante seis días, se les aplicó la pena de muerte por un delito de terrorismo, consistente en "provocar explosiones para atentar contra la seguridad pública y perturbar la tranquilidad, el orden y los servicios públicos, empleando medios y artificios capaces de ocasionar grandes estragos". A pesar de las condiciones de la detención, en todo momento afirmaron su inocencia. En 1996, en un programa de la televisión franco-alemana Arte, y tras una previa declaración ante notario, Antonio Martín Bellido y Sergio Hernández declararon que eran ellos los verdaderos autores de la instalación de los explosivos en 1963. Esta revelación se reprodujo en otros medios de comunicación españoles y también en un programa de TVE en 1997.

Todo ello consta en los antecedentes de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 123/2004, de 13 julio, pronunciada con el acuerdo de la mayoría de sus miembros, tras su reciente renovación, que estima el recurso de amparo presentado por familiares de uno de los dos anarquistas ejecutados en el sentido siguiente: se reconoce a los demandantes el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, de acuerdo con lo que establece el artículo 24.2 de la Constitución; se declara la nulidad del auto de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 1999, por el que el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria denegó a los demandantes la autorización para interponer recurso de revisión contra la sentencia de 13 de agosto de 1963 del consejo de guerra, dictada en un procedimiento sumarísimo que llevó a la muerte a los dos anarquistas; y, finalmente, dado que se reconoce que los familiares recurrentes no pudieron utilizar todos los medios de prueba pertinentes para sustentar sus pretensiones, el Tribunal Constitucional ordena al Tribunal Supremo retrotraer las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior a aquél en el que la Sala de lo Militar debió resolver en relación con las diligencias probatorias solicitadas por los recurrentes, para continuar la tramitación del procedimiento de revisión de la sentencia de 1963, de conformidad con el derecho a utilizar todos los medios de prueba que procedan.

Es decir, lo que jurídicamente pretendían los familiares, a la luz de las declaraciones de los también anarquistas Martín Bellido y Hernández -y en aplicación de lo establecido por la vigente Ley Orgánica 2/1989 Procesal Militar- era que se revisase una sentencia que contenía un error en el fallo. Un error que supuso la ejecución de dos penas de muerte. No hay duda de que la cuestión que plantea esta sentencia del Tribunal Constitucional es de una gran relevancia, más allá de las muy legítimas pretensiones de los familiares de los anarquistas ejecutados, destinadas a reparar su memoria y, probablemente, también a poner de manifiesto cómo se aplicaba la justicia contra el opositor político en aquella infame dictadura. Porque la estimación de este recurso de amparo, que obliga al Tribunal Supremo a reconocer en toda su integridad el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, también constituye un peldaño más en la recuperación de la memoria histórica de aquellos ciudadanos que se opusieron a la dictadura. Y permite arrojar más luz al conocimiento de las instituciones jurisdiccionales franquistas como los consejos de guerra, sus integrantes y las resoluciones que dictaban, así como del arsenal de normas e instituciones de las que se dotó el régimen de Franco para la represión y, en su caso, la aniquilación de la oposición.

Por supuesto, el caso de estos dos anarquistas no era desconocido antes del recurso de revisión. En los antecedentes de la sentencia constan las referencias a diversos medios de comunicación que en España y fuera de ella han abordado el asunto. E incluso ha sido publicado un libro sobre el caso. Y ello a pesar del tiempo transcurrido, circunstancia que aquí resultó inevitable hasta el fin de la dictadura y sus coletazos. En este mismo sentido, alguna televisión autonómica se hizo eco en época todavía reciente de las declaraciones al respecto de un alto cargo de la seguridad del Estado franquista en aquellos tiempos, en las que no tenía empacho en afirmar que si bien no había certeza sobre la autoría de los atentados imputada a los anarquistas, la ejecución de las penas de muerte tenía un valor ejemplarizador y, en todo caso, una función disuasoria. No se olvide que eran unos tiempos -los inicios de la década de los sesenta- en los que tras las huelgas de Asturias de 1962 y la aparición en escena de las clandestinas Comisiones Obreras, el régimen respondía con la dureza habitual, ejecutando si era preciso a los opositores como mejor método disuasorio.Así, entre otros casos, en abril de 1963 ejecutaban al dirigente comunista Julián Grimau; en 1967 moría en las dependencias policiales Rafael Guijarro, y en 1969, el estudiante madrileño Enrique Ruano perecía al ser defenestrado tras un registro policial domiciliario. Mientras, en 1964, la dictadura celebraba los XXV años de su paz.

Pues bien, y volviendo al caso de los anarquistas, a pesar de los elementos de prueba citados, en 1999 la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo consideró que las pruebas aportadas sobre la autoría real del delito fueron escasas y débiles, por su carácter testifical, por el momento en que se propusieron y por la carencia de todo apoyo objetivo. Razón por la cual se consideró que no era posible evidenciar un error patente y manifiesto en el fallo de la sentencia del consejo de guerra de 1963. Pero hay que hacer notar que el Tribunal Supremo hizo abstracción de una parte de las pruebas testificales aportadas y, además, rechazó sin motivación explícita la solicitud de una comisión rogatoria para tomar declaración en Francia a uno de los dos inculpados, Sergio Hernández, residente en París, quien se negaba a hacerlo aquí -a pesar del tiempo transcurrido- por temor -según él- a la justicia española (sic). Secuelas, sin duda -por excesivo que pueda parecer- de los efectos colaterales de la larga noche franquista.

Ahora, el Tribunal Constitucional considera que la valoración por la jurisdicción ordinaria de las pruebas propuestas por los familiares de estos anarquistas no fue respetuosa con el derecho a la tutela judicial, en la medida en que vulneró el derecho de los demandantes a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Porque, en efecto, la denegación sin mayor justificación de las pruebas relativas a las declaraciones de los diversos testigos acerca de la no autoría en la comisión de un delito por el que nada menos que fueron ejecutados Delgado y Granado, impidió a sus familiares fundamentar en toda su integridad la procedencia del recurso de revisión de la sentencia del consejo de guerra de 1963. A este respecto, el canon interpretativo empleado por el tribunal, ya reiterado en su jurisprudencia, resulta de todas formas de especial interés para el caso, a saber: la revisión de sentencias firmes constituye una derogación del principio de cosa juzgada, que es una exigencia del principio constitucional de la seguridad jurídica, esto es, de la previsibilidad que ha de caracterizar al derecho. Por esta razón, la revisión es un recurso de carácter excepcional, que ha de ser objeto de una interpretación estricta.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que la revisión de sentencias penales está sometida, tanto en el ordenamiento jurídico español como en el derecho comparado, a una serie de cautelas, cuyo objeto no es otro que el de mantener un necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia y de la seguridad jurídica. En el caso de estos anarquistas, la cuestión debatida se centra en procurar una decisión justa, que habría de pasar, eventualmente, por una revisión de la sentencia del consejo de guerra de 1963, pero de acuerdo a criterios con base constitucional. Y para ello es preciso que la revisión se fundamente en pruebas que muestren el error en la decisión judicial.

Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que, hasta el momento, ello no ha sido posible, porque la falta de motivación por parte del Tribunal Supremo a su negativa a practicar determinadas pruebas ha impedido a los demandantes hacer uso de todos los medios de prueba pertinentes. A este respecto, resulta de especial relevancia la posición jurídica adoptada por la jurisdicción constitucional, según la cual la revisión de sentencias no es tanto un recurso como una vía de impugnación autónoma que se aproxima al derecho del recurrente a acceder a la jurisdicción ordinaria, en este caso, al Tribunal Supremo. Por tanto, con la presentación de un recurso de revisión no se trata de apreciar, prima facie, desde ese primer momento procesal, si existen pruebas indubitadas suficientes para evidenciar el error en el fallo, sino de valorar si hay una base bastante para dar curso a la revisión.

En el caso planteado por los familiares de los anarquistas ejecutados, el Tribunal Constitucional ha considerado que siendo las pruebas propuestas pertinentes por su relación con los hechos, y resultando clara su relevancia, no puede entenderse razonable su denegación por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Por esta razón, éste ha violado el derecho a la tutela judicial. Y sin que en defensa de su posición pueda argüirse que la Constitución no se aplica retroactivamente.

Por tanto, esas pruebas deberán tramitarse por el Tribunal Supremo y del resultado de las mismas habrá que deducir -entonces sí- si hay base suficiente para el recurso de revisión de la sentencia del consejo de guerra. Sólo por eso, que ya es importante, la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional es una referencia para el lento proceso de recuperación de la memoria histórica de la represión.

Legislação do dia

Aviso n.º 152/2004. DR 202 SÉRIE I-A de 2004-08-27 – Ministério dos Negócios Estrangeiros: Torna público ter o Governo da República Portuguesa depositado, em 15 de Abril de 2004, o seu instrumento de aceitação relativo à Convenção sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, assinada em Estocolmo em 22 de Maio de 2001

Legislação do dia

Portaria n.º 1067/2004. DR 201 SÉRIE I-B de 2004-08-26 – Ministério das Finanças: Altera o Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, aprovado pela Portaria n.º 705-A/2000, de 31 de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Portarias n.os 772/2002, de 2 de Julho, e 191/2003, de 22 de Fevereiro

Portaria n.º 1068/2004. DR 201 SÉRIE I-B de 2004-08-26 – Ministérios das Finanças e da Economia: Revoga a Portaria n.º 991/2000, de 17 de Outubro, que criou o sistema de incentivos a projectos integradores da função comercial

Um blog a visitar

Conheça ACSBlog, o Blog da American Constitution Society for Law and Policy (ACS).

Legislação do dia

Decreto-Lei n.º 215/2004. DR 200 SÉRIE I-A de 2004-08-25 - Ministério da Administração Interna: Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/97/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Novembro, na parte que se refere aos dispositivos para visão indirecta, aprovando o Regulamento Relativo à Homologação de Dispositivos para Visão Indirecta e de Veículos Equipados com Estes Dispositivos

Declaração n.º 10/2004. DR 200 SÉRIE I-B de 2004-08-25 - Ministério das Finanças e da Administração Pública - Direcção-Geral do Orçamento: Publica os mapas I a IX, modificados em virtude das alterações efectuadas até 30 de Junho, respeitantes ao Orçamento do Estado de 2004

Indemnização das vítimas da criminalidade

Pode ver aqui a DIRECTIVA 2004/80/CE DO CONSELHO, de 29 de Abril de 2004, relativa à indemnização das vítimas da criminalidade

Legislação do dia

Lei n.º 48/2004. DR 199 SÉRIE I-A de 2004-08-24 – Assembleia da República: Terceira alteração à Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto (lei de enquadramento orçamental)

Lei n.º 49/2004. DR 199 SÉRIE I-A de 2004-08-24 – Assembleia da República: Define o sentido e o alcance dos actos próprios dos advogados e dos solicitadores e tipifica o crime de procuradoria ilícita (Sétima alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados e primeira alteração ao Estatuto da Câmara dos Solicitadores)

Lei n.º 50/2004. DR 199 SÉRIE I-A de 2004-08-24 – Assembleia da República: Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação (quinta alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e primeira alteração à Lei n.º 62/98, de 1 de Setembro)

Legislação do dia

Declaração n.º 9/2004. DR 197 SÉRIE I-B de 2004-08-21 – Ministério das Finanças e da Administração Pública - Direcção-Geral do Orçamento: Publica os mapas I a IX, modificados em virtude das alterações efectuadas até 31 de Março, respeitantes ao Orçamento do Estado de 2004

Portaria n.º 1061/2004. DR 197 SÉRIE I-B de 2004-08-21 – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: Aprova o Regulamento do Fogo Controlado

Decreto-Lei n.º 212/2004. DR 198 SÉRIE I-A de 2004-08-23 – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: Estabelece a organização institucional do sector vitivinícola

Decreto-Lei n.º 213/2004. DR 198 SÉRIE I-A de 2004-08-23 – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 7/2004, de 5 de Março, estabelece-se o regime de infracções relativas ao incumprimento da disciplina legal aplicável à vinha, à produção, ao comércio, à transformação e ao trânsito dos vinhos e dos outros produtos vitivinícolas e às actividades desenvolvidas neste sector

Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 529/2004 - DR 196 SÉRIE II de 2004-08-20: Decreta a extinção do Partido da Democracia Cristã - PDC, ordenando o cancelamento do respectivo registo.

Legislação do dia

Decreto n.º 20/2004. DR 196 SÉRIE I-A de 2004-08-20 - Ministério dos Negócios Estrangeiros: Aprova o Protocolo à Convenção de 1979 sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância Relativo à Redução da Acidificação, Eutrofização e Ozono Troposférico, assinado em Gotemburgo em 1 de Dezembro de 1999

Decreto-Lei n.º 209/2004. DR 196 SÉRIE I-A de 2004-08-20 - Ministério da Educação: Prevê, para o ano escolar de 2004-2005, procedimentos específicos no âmbito do regime de concurso para selecção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário

Decreto-Lei n.º 211/2004. DR 196 SÉRIE I-A de 2004-08-20 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação: No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 8/2004, de 10 de Março, regula o exercício das actividades de mediação imobiliária e de angariação imobiliária

Legislação do dia

Lei n.º 44/2004. DR 195 SÉRIE I-A de 2004-08-19 – Assembleia da República: Define o regime jurídico da assistência nos locais destinados a banhistas

Lei n.º 45/2004. DR 195 SÉRIE I-A de 2004-08-19 – Assembleia da República: Estabelece o regime jurídico das perícias médico-legais e forenses

Lei n.º 46/2004. DR 195 SÉRIE I-A de 2004-08-19 – Assembleia da República: Aprova o regime jurídico aplicável à realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso humano

Lei n.º 47/2004. DR 195 SÉRIE I-A de 2004-08-19 – Assembleia da República: Aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses

Resolução da Assembleia da República n.º 59/2004. DR 195 SÉRIE I-A de 2004-08-19 – Assembleia da República: Quadro de pessoal da Comissão Nacional de Protecção de Dados

Resolução da Assembleia da República n.º 60/2004. DR 195 SÉRIE I-A de 2004-08-19 – Assembleia da República: Participação da Assembleia da República na União Interparlamentar

Decreto-Lei n.º 204/2004. DR 195 SÉRIE I-A de 2004-08-19 – Presidência do Conselho de Ministros – Altera pela quarta vez o Código Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 51/96, de 7 de Setembro, concedendo às cooperativas a faculdade de emitir títulos de capital e títulos de investimento, sob a forma escritural

Decreto-Lei n.º 206/2004. DR 195 SÉRIE I-A de 2004-08-19 – Ministério da Saúde: Regulamenta o artigo 15.º do regime jurídico da gestão hospitalar, aprovado pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro

Decreto-Lei n.º 208/2004. DR 195 SÉRIE I-A de 2004-08-19 – Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação: Adapta a legislação que regula o sector da aviação civil ao Decreto-Lei n.º 10/2004, de 9 de Janeiro, que regula o regime das contra-ordenações aeronáuticas civis

Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2004. DR 195 SÉRIE I-B de 2004-08-19 – Presidência do Conselho de Ministros: Cria uma estrutura de acompanhamento para proceder à avaliação da situação decorrente dos incêndios em vários municípios do País

Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2004. DR 195 SÉRIE I-B de 2004-08-19 – Presidência do Conselho de Ministros: Mandata o Ministro das Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional para coordenar e concretizar as medidas necessárias à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano e que decorrem do seu impacte social, económico e financeiro

Portaria n.º 1049/2004. DR 195 SÉRIE I-B de 2004-08-19 – Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças: Fixa normas relativamente às condições técnicas e de segurança a observar na concepção, instalação e manutenção das balizas de futebol, de andebol, de hóquei e de pólo aquático e dos equipamentos de basquetebol existentes nas instalações desportivas de uso público

Portaria n.º 1056/2004. DR 195 SÉRIE I-B de 2004-08-19 – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: Define o conjunto de manchas designadas por zonas críticas

Conselho Consultivo do Ministério Público

Parecer n.º 5/2004, de 2004-06-01 (DR 195 SÉRIE II, de 2004-08-19)
INFARMED - Instituto público - Contrato de prestação de serviços - Contrato individual de trabalho - Subordinação jurídica - Comissão de serviço - Nulidade - Regulamento interno.
1.ª O artigo 23.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 495/99, de 18 de Novembro, prescreve que as funções dos dirigentes dos serviços do INFARMED sejam desempenhadas através de contrato individual de trabalho em comissão de serviço ou, por força da remissão para o artigo 36.º do mesmo diploma, em regime de requisição, de destacamento ou de comissão de serviço.
2.ª Os títulos de vinculação referidos na conclusão anterior pressupõem um desempenho funcional em regime de subordinação jurídica, típica da relação de trabalho, e de transitoriedade.
3.ª O artigo 23.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 495/99 assume natureza injuntiva relativamente aos instrumentos jurídicos que prevê, não admitindo o recurso a outros vínculos jurídico-contratuais para o desempenho de funções dos dirigentes dos serviços do INFARMED, designadamente o contrato de prestação de serviço.
4.ª A relação contratual firmada entre o INFARMED e o licenciado Aquilino Paulo da Silva Antunes para o exercício das funções correspondentes ao cargo de director operacional de nível 1 no Gabinete Jurídico e Contencioso, titulada pelo contrato de prestação de serviço celebrado em 29 de Janeiro de 2002, é nula, por força do artigo 294.º do Código Civil e do artigo 10.º, n.º 6, do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, produzindo, contudo, efeitos como se fosse válida em relação ao tempo durante o qual tem estado em execução.
5.ª A norma constante do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento Interno do INFARMED, anexo à Portaria n.º 1087/2001, de 6 de Setembro, diverge da disciplina normativa primariamente prescrita no artigo 23.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 495/99, alterando-a, ao admitir o recurso a um instrumento contratual para a admissão dos directores operacionais - o contrato de prestação de serviço - não consentido pela lei que regulamenta. 6.ª A norma constante do artigo 7.º, n.º 1, desse regulamento interno é ilegal, na parte em que admite o recurso a instrumento contratual não consentido pela lei que regulamente, não podendo legitimar normativamente o contrato de prestação de serviço referido na 4.ª conclusão.

Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 524/2004 – DR 195 SÉRIE II de 2004-08-19: decide não conhecer do recurso de deliberação tomada por órgão de partido político, julgando extinta a instância por inutilidade superveniente.

Legal Information Institute

O Legal Information Institute (L.I.I.) da escola de Direito da Universidade de Cornell é a página web mais visitada entre os recursos legais on-line dos Estados Unidos.

Esta página web gratuita proporciona uma visão exaustiva da legislação e jurisprudência estado-unidenses (federal e das suas 50 jurisdições), assim como de questões de direito transitório, internacional e comparado. Também inclui um útil directório de advogados e de revistas jurídicas.

A web do L.I.I. é de uso simple e fácil graças à possibilidade de fazer buscas temáticas ou por jurisdições e por este motivo tem recebido numerosos galardões. Estudantes da facultade de direito de Cornell, sob a direccção de Peter W. Martin, professor desta escola e fundador do L.I.I., encarregam-se da organizacão e actualização do conteúdos.

(Traduzido daqui)

ATLAS JUDICIÁRIO EUROPEU EM MATÉRIA CIVIL

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Revista de responsabilidade civil

Para quem a não conhece, InDret é uma revista on line sobre responsabilidade civil e contratos para estudantes avançados, investigadores universitários e profesionais de direito e economia.
Vale a pena consultar.

Legislação do dia

Lei n.º 38/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Assembleia da República: Define as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência

Lei n.º 39/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Assembleia da República: Estabelece os princípios e as bases gerais do exercício do direito de associação profissional dos militares da Guarda Nacional Republicana

Lei n.º 40/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Assembleia da República: Estatuto do Bolseiro de Investigação

Lei n.º 41/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Assembleia da República: Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas

Lei n.º 42/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Assembleia da República: Lei da Arte Cinematográfica e do Audiovisual

Lei n.º 43/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Assembleia da República: Lei de organização e funcionamento da Comissão Nacional de Protecção de Dados

Decreto-Lei n.º 199/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Ministério das Finanças: Estabelece medidas de carácter extraordinário tendo em vista a regularização da situação jurídica do património imobiliário do Estado e dos institutos públicos

Decreto-Lei n.º 200/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Ministério da Justiça: Altera o Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, que aprova o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas

Decreto-Lei n.º 201/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Ministério da Economia: Altera o Decreto-Lei n.º 316/98, de 20 de Outubro, que institui o procedimento extrajudicial de conciliação para viabilização de empresas em situação de insolvência ou em situação económica difícil

Decreto-Lei n.º 202/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: Estabelece o regime jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com vista à sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores da actividade cinegética

Decreto-Lei n.º 203/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18 – Ministério da Saúde: Define o regime jurídico da formação médica, após a licenciatura em Medicina, com vista à especialização, e estabelece os princípios gerais a que deve obedecer o respectivo processo

Legislação do dia

Portaria n.º 1046/2004. DR 192 SÉRIE I-B de 2004-08-16 – Ministérios das Finanças e da Educação: Altera a Portaria n.º 367/98, de 29 de Junho, que estabelece normas relativas à contratação de pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário para o exercício transitório de funções

Legislação do dia

Lei n.º 36/2004. DR 190 SÉRIE I-A de 2004-08-13 – Assembleia da República: Terceira alteração à Lei n.º 11/96, de 18 de Abril, que estabelece o regime aplicável ao exercício do mandato dos membros das juntas de freguesia

Lei n.º 37/2004. DR 190 SÉRIE I-A de 2004-08-13 – Assembleia da República: Consagra o direito das associações de pessoas com deficiência de integrarem o Conselho Económico e Social e procede à primeira alteração à Lei n.º 127/99, de 20 de Agosto (Lei das Associações de Pessoas Portadoras de Deficiência) e a quarta alteração à Lei n.º 108/91, de 17 de Agosto (Conselho Económico e Social)

Portaria n.º 1039/2004. DR 190 SÉRIE I-B de 2004-08-13 – Ministério da Justiça: Aprova, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas, vários modelos a serem juntos ao plano de pagamentos

Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 465/2004 – DR 190 SÉRIE II de 2004-08-13: Nega provimento a recurso em que a questão de constitucionalidade suscitada é a que se retira do artigo 333.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, na medida em que tal norma permite a realização de audiência sem a presença do arguido, se a sua presença não foi considerada indispensável.

Acórdão n.º 467/2004 – DR 190 SÉRIE II de 2004-08-13: Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 25.º, n.º 4, da Lei n.º 30-E/2000, de 20 de Dezembro, na acepção segundo a qual a interrupção do prazo em curso aí prevista não se verifica em relação à modalidade do apoio judiciário de pagamento de honorários do patrono escolhido pelo requerente.

Acórdão n.º 476/2004 – DR 190 SÉRIE II de 2004-08-13: Julga inconstitucionais os artigos 113.º, n.º 9, e 411.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, interpretados no sentido de que a notificação de uma decisão condenatória relevante para a contagem do prazo de interposição de recurso seria a notificação ao defensor, independentemente, em qualquer caso, da notificação pessoal ao arguido, sem exceptuar os casos em que este não tenha obtido conhecimento pessoal da decisão condenatória.

Legislação do dia

Aviso n.º 134/2004. DR 189 SÉRIE I-A de 2004-08-12 – Ministério dos Negócios Estrangeiros: Torna público ter, por nota de 5 de Novembro de 2003, o Secretariado Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado notificado ter a Letónia, em 1 de Julho de 2003, designado a sua autoridade central, em sede da Convenção Relativa à Competência das Autoridades e à Lei Aplicável em Matéria de Protecção de Menores

Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 461/2004 – DR 189 SÉRIE II de 2004-08-12: Nega provimento a recurso que tem por objecto a apreciação da constitucionalidade da norma do artigo 32.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil, aplicado em processo penal por força do artigo 4.º do Código de Processo Penal, na medida em que dele resulta a exigência de patrocínio judiciário para a apresentação da motivação de recurso em processo penal.

Acórdão n.º 463/2004 – DR 189 SÉRIE II de 2004-08-12: Julga inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n.os 1 e 5, da Constituição da República Portuguesa, a norma constante do artigo 359.º do Código de Processo Penal quando interpretada no sentido de, em situação em que o tribunal de julgamento comunica ao arguido estar-se perante uma alteração não substancial dos factos descritos na acusação, quando a situação é de alteração substancial da acusação, poder o silêncio do arguido ser havido como acordo com a continuação do julgamento.

Legislação do dia

Portaria n.º 1034/2004. DR 188 SÉRIE I-B de 2004-08-11 – Ministérios da Justiça e da Segurança Social e do Trabalho: Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Vila Nova de Paiva

Legislação do dia

Portaria n.º 1029/2004. DR 187 SÉRIE I-B de 2004-08-10 – Ministérios das Finanças e da Justiça: Cria a Secretaria-Geral de Execução das Varas Cíveis, dos Juízos Cíveis e dos Juízos de Pequena Instância Cível de Lisboa

Portaria n.º 1030/2004. DR 187 SÉRIE I-B de 2004-08-10 – Ministérios das Finanças e da Segurança Social e do Trabalho: Fixa os montantes das prestações definidas para a protecção das crianças e jovens com deficiência ou em situação de dependência, no âmbito do regime geral de segurança social e do regime de protecção social da função pública. Revoga a Portaria n.º 135/2003, de 6 de Fevereiro

Portaria n.º 1033-HQ/2004. DR 187 SÉRIE I-B 3º SUPLEMENTO de 2004-08-10 – Ministério da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar: Aprova o formulário de requerimento dos ex-combatentes emigrantes para efeitos de contagem de tempo do período de prestação de serviço militar para efeitos de reforma

Legislação do dia

Portaria n.º 995/2004. DR 186 SÉRIE I-B de 2004-08-09 – Presidência do Conselho de Ministros: Aprova a regulamentação do registo nacional de menores estrangeiros que se encontrem em situação irregular no território

Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 423/2004 – DR 185 SÉRIE II de 2004-08-07: Aprecia a apresentação de contas dos partidos políticos relativas ao ano de 2001.

Acórdão n.º 492/2004 – DR 185 SÉRIE II de 2004-08-07: a) Decreta a extinção do partido político Frente Socialista Popular (FSP); b) Ordena o cancelamento da inscrição da Frente Socialista Popular (FSP) no registo dos partidos políticos existente no Tribunal Constitucional.

Legislação do dia

Resolução da Assembleia da República n.º 57/2004. DR 184 SÉRIE I-A de 2004-08-06 – Assembleia da República: Princípios gerais de atribuição de despesas de transporte e alojamento e de ajudas de custo aos deputados

Resolução da Assembleia da República n.º 58/2004. DR 184 SÉRIE I-A de 2004-08-06 – Assembleia da República: Participação da Assembleia da República na Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica

Conselho Consultivo do Ministério Público

Parecer n.º 138/2001, de 2003-11-20 (DR 184 SÉRIE II de 2004-08-06)
Autarquia local - Expropriação por utilidade pública - Indemnização Pagamento - Estado - Direito de regresso - Orçamento Geral do Estado - Retenção de verbas - Cobrança coerciva de créditos - Autonomia financeira - Lei especial.
1.ª A autonomia financeira, enquanto pressuposto essencial do princípio da autonomia das autarquias locais, exige, além dos meios financeiros adequados à prossecução das suas atribuições, que os órgãos autárquicos disponham de liberdade para estabelecer o destino das receitas e para realizar as despesas da autarquia, afectando as primeiras às segundas.
2.ª Do mencionado princípio decorre que a intervenção do legislador, para afectar transferências do Orçamento do Estado a favor das autarquias a determinadas das suas despesas, somente pode considerar-se legítima desde que respeitado o núcleo essencial da autonomia e o princípio da inadmissibilidade da afectação de receitas de forma injustificada ou desproporcionada.
3.ª A norma do artigo 8.º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, tem vocação para funcionar como uma regra geral, admitindo a cativação das transferências do Orçamento do Estado, para garantir o pagamento de dívidas das autarquias, desde que as mesmas tenham sido definidas por sentença judicial transitada em julgado ou quando não contestadas junto dos credores no prazo máximo de 60 dias, e não seja ultrapassado o limite percentual de retenção de 15%.
4.ª O n.º 7 do artigo 23.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, que prevê a cativação de transferências orçamentais, independentemente de quaisquer formalidades, com vista a satisfazer o direito de regresso do Estado, quando este se substitua às autarquias no pagamento de indemnizações por expropriações, configura uma norma especial que prevalece sobre o artigo 8.º da Lei das Finanças Locais, por força da regra recebida no n.º 2 do artigo 7.º do Código Civil (lex specialis derogat legi generali).
5.ª Esta norma, interpretada no sentido de prever uma retenção de transferências do Orçamento do Estado, sem respeitar o limite percentual fixado no artigo 8.º da Lei das Finanças Locais, encarada como válvula de segurança instituída a favor dos expropriados, e apenas accionável em situações excepcionais de dificuldades transitórias de tesouraria das autarquias locais, satisfaz as exigências referidas na conclusão 2.ª, pelo que não é inconstitucional.

Ministério da Justiça investe na bolsa

In Incursões, pela voz de Kamikase:

"O Ministério da Justiça dispõe de 100 milhões de euros para investir no mercado de capitais e em fundos imobiliários, revela a edição de hoje do Diário de Notícias (DN). A notícia apanhou de surpresa os operadores judiciários que estranham o aparecimento do dinheiro, sobretudo quando há tribunais que "nem dinheiro têm para comprar papel higiénico".

SIC online

A propósito de notícia de hoje no DN, (link não disponível), a SIC entrevistou, no jornal das 13H00, o secretário de estado Paulo Rangel. Um "baile" ao Hélder (como chamava ao pivot) e um show de eficácia na comunicação política, foi o que me pareceu ter dado Paulo Rangel, enquanto defendia a medida (vinda do tempo de António Costa mas efectivada apenas nos últimos dias do consulado de Cardona) e, de caminho, arrasava a credibilidade da notícia do DN e a interprtação que da mesma fizera o Hélder.

Aguardo, por isso, melhor esclarecimento sobre os factos.

Défice

In direitos:

Gostando de números, desconfio das certezas e dos milagres da aritmética. A Procuradoria-Geral da República contabilizou em 182 o défice de magistrados do Ministério Público. Sendo de admitir que a margem de erro será irrelevante, uma tal quantidade não poderá deixar de considerar-se muito significativa. Complementa-se que, a ser assim, o défice já virá de longe, com culpas distribuídas pelos passados mais ou menos distantes.
Não se recrutam, de um dia para o outro, 182 magistrados. Seria uma percepção fatídica pensar-se que tal feito seria possível de alcançar em um ou dois anos. Aliás, os graus de exigência na formação não se compadecem com cursos especiais, acelerados ou compactos. Por isso mesmo, saber que faltam 182 magistrados não é, a curto ou médio prazo, a possibilidade de uma solução.
direitos, sem ter a vocação de arauto, persiste nessa ideia peregrina que o verdadeiro défice é de gestão. Com patamares de exigência muito baixos, com uma habitual desarticulação funcional, sem critérios de responsabilização hierárquica, a actividade do Ministério Público é dispersa e desatenta. Com o número de magistrados de que dispõe, poderá fazer mais e melhor. É aí que a Procuradoria-Geral da República deve investir, definindo regras e prioridades e exigindo resultados.

Conselho Consultivo do Ministério Público

Parecer n.º 12/2003, de 2003-02-27 (DR 183 SÉRIE II de 2004-08-05)
Instituto de Solidariedade e Segurança Social - Ministério da Segurança Social e do Trabalho - Pessoa colectiva de direito público - Sistema de segurança social - Desconto - Subscritor da Caixa Geral de Aposentações - Quotização - Interpretação da lei.
1.ª As pessoas colectivas de direito público dotadas de autonomia administrativa e financeira, na qualidade de entidades empregadoras, encontram-se obrigadas a contribuir para o sistema previdencial gerido pela Caixa Geral de Aposentações relativamente aos seus trabalhadores abrangidos pelo regime de protecção social da função pública, nos casos legalmente previstos.
2.ª O Instituto de Solidariedade e Segurança Social, pessoa colectiva de direito público dotada de autonomia administrativa e financeira, encontra-se obrigado a contribuir para o sistema de protecção social da função pública, em relação a todos os seus trabalhadores que sejam subscritores da Caixa Geral de Aposentações, com uma importância mensal igual à das quotas pagas por esses trabalhadores, nos termos do disposto nos n.os 5 e 8 dos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 316-A/2000, de 7 de Dezembro.

Parecer n.º 65/2004, de 2004-07-01 (DR 183 SÉRIE II de 2004-08-05 )
Ministério da Cultura - Empresa pública - Incompatibilidade - Conselho de administração - Presidente - Vogal - Cargo público - Revogação.
1.ª O regime de incompatibilidades decorrente das disposições conjugadas da Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 39-B/94, de 27 de Dezembro, 28/95, de 18 de Agosto, 12/96, de 18 de Abril, e 42/96, de 31 de Agosto, é aplicável aos altos cargos públicos de presidente de conselho de administração de empresa pública ou de sociedade anónima de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos, gestor público, membro de conselho de administração de sociedade anónima de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos designado por entidade pública e que exerça funções executivas e membro em regime de permanência e a tempo inteiro de entidade pública independente, enunciados nas alíneas a), b) e c) do artigo 3.º da Lei n.º 64/93, na redacção que lhes foi dada pelo n.º 4 do artigo 8.º da Lei n.º 39-B/94 (e tendo em conta a revogação do seu n.º 2 decretada pela Lei n.º 12/96).
2.ª Os cargos referidos na conclusão anterior estão sujeitos à regra de exclusividade consagrada no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 64/93, na redacção introduzida pela Lei n.º 28/95, o que implica, em princípio, a sua incompatibilidade com quaisquer outras funções profissionais, remuneradas ou não, ou com a participação em órgãos sociais de pessoas colectivas de fins lucrativos, nos termos do n.º 2 da mesma disposição legal, sem prejuízo das excepções consignadas no seu n.º 3.
3.ª A entrada em vigor dessa nova redacção do artigo 4.º da Lei n.º 64/93 operou a revogação tácita do n.º 1 e da segunda parte do n.º 2 do seu artigo 7.º (segmento relativo a "inerências a título gratuito"), mas não da primeira parte do n.º 2 e dos n.os 3 e 4 desse mesmo artigo 7.º - pelo que são ainda admissíveis, como excepções à referida regra de exclusividade, as situações previstas nessa primeira parte do n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 64/93 ("actividades de docência no ensino superior e de investigação") e nos n.os 3 e 4 da mesma disposição legal ("actividades especificamente discriminadas" dos "titulares de altos cargos públicos em sociedades anónimas de capitais maioritária ou exclusivamente públicos", desde que "fundamentadamente autorizadas pela assembleia geral da empresa").
4.ª A Casa da Música/Porto 2001, S. A., reveste a natureza de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos (ou empresa pública societária), de fins não lucrativos, que se enquadra no sector empresarial do Estado, integrando a modalidade de empresa pública prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro.
5.ª Atento o disposto no segundo segmento do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 64/93, existe compatibilidade entre o cargo de vogal do conselho de administração da Casa da Música/Porto 2001, S. A., que integra o elenco de altos cargos públicos da alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 64/93, e funções que consistam em participação em órgão social de pessoa colectiva de fim não lucrativo, como sejam as de administrador não executivo de uma fundação de direito privado.
6.ª Visto o disposto no segundo segmento do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 64/93, ocorre incompatibilidade entre o cargo de presidente do conselho de administração da Casa da Música/Porto 2001, S. A., que integra o elenco de altos cargos públicos da alínea a) do artigo 3.º da Lei n.º 64/93, e funções que consistam em participação em órgãos sociais de pessoas colectivas de fins lucrativos, como sejam as de administrador não executivo de uma sociedade anónima e de sócio gerente de uma sociedade unipessoal por quotas, ambas sociedades de direito privado.
7.ª A incompatibilidade referida na conclusão anterior pode ser objecto de levantamento, nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 7.º da Lei n.º 64/93, da competência da assembleia geral da empresa pública societária em causa, que se pautará, na concessão da respectiva autorização, por critério que não ofenda os princípios ínsitos no regime legal das incompatibilidades - que fundamentam a regra da exclusividade do exercício de altos cargos públicos.

Legislação do dia

Portaria n.º 994/2004. DR 183 SÉRIE I-B de 2004-08-05 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação: Define os indicadores de liquidez geral e autonomia financeira e fixa os respectivos valores de referência, para efeitos de avaliação da capacidade económica e financeira das empresas de construção

Fernando Luso Soares

A notícia do seu falecimento, em 27-7-2004: aqui.

Em sua memória, fica transcrito este texto de António Valdemar.

A repressão dos tribunais plenários

É um dos aspectos mais esquecidos do fascismo. Tão esquecido que até os juízes transitaram, tranquilos, para a democracia

António Valdemar

Os tribunais plenários, juntamente com a PIDE, as forças Armadas, a censura, a banca, a esmagadora maioria do episcopado português e outros elementos da hierarquia da Igreja Católica foram os principais sustentáculos da ditadura que se prolongou de 28 de Maio de 1926 a 24 de Abril de 1974.

Data de 1945 a criação dos tribunais plenários de Lisboa e do Porto. Destinavam-se a julgar acusações e delações contra a segurança do Estado e, ainda, processos de liberdade de imprensa, não apenas circunscritos a matéria editada em jornais e revistas mas também em livros e outras publicações.

Logo que foi implantada a ditadura militar de 28 de Maio de 1926, restringiram-se as liberdades constitucionais, estabeleceu-se a censura, preparou-se uma polícia política. Sob a alçada do foro militar ficaram os processos políticos. Quando Salazar ascendeu, a 5 de Julho de 1932, a chefe do Governo, também são criados em Lisboa e Porto, em Dezembro de 1932, os tribunais militares especiais para os crimes políticos.

Surgia, em 1933, a PVDE, nome mais tarde tristemente célebre pela designação PIDE. Também lhe competia a elaboração do processo que decorria sem qualquer assistência jurídica. Os autos de declarações, obtidos, muitas vezes, através de espancamentos, violações, chantagens e outras torturas físicas e psicológicas, faziam fé em julgamento.

O pós-guerra levou Salazar a procurar um novo rosto político para o Estado. Fez uma operação de cosmética jurídica. Em 20 de Outubro de 1945 acabaram os tribunais militares especiais. Deram lugar aos tribunais plenários de Lisboa e do Porto. Dois dias depois da institucionalização, outro decreto-lei atribuía à PIDE a exclusiva competência para a instrução dos processos. Continuava a recorrer aos mesmos métodos e a aperfeiçoá-los para extorquir e forjar confissões. O cérebro da PIDE era então o subdirector, José Catela, mas o director, o capitão Agostinho Lourenço, posara numa foto ao lado de Kramer, um dos instaladores dos campos de concentração nazis. Na mesma altura em que Salazar tinha no gabinete de trabalho a fotografia de Mussolini (PIDE/DGS - Um Estado dentro do Estado, por Fernando Luso Soares; Deus, Pátria e Autoridade, por Rui Paulo da Cruz, Rui Simões e José Brandão).

Para completar a aliança da justiça com a polícia política, haviam sido, igualmente, decretadas medidas de segurança, que a PIDE (por sua iniciativa ou através do Ministério do Interior) propunha, os tribunais plenários deferiam, a PIDE, a seguir, executava e prorrogava arbitrariamente. Milhares de presos políticos em Caxias, no Aljube, em Peniche, no Porto, no Tarafal, no Forte de S. João Baptista (Angra do Heroísmo, nos Açores), no campo de S. Nicolau (Angola), na Machava (Moçambique), depois de cumpridas as penas, voltavam a ficar presos por tempo indeterminado.

Mais de 90 por cento das testemunhas nos processos são pides. Para a defesa dos arguidos, os advogados também indicavam como testemunhas de defesa os inspectores, chefes de brigada e agentes da PIDE que haviam feito a investigação. Todavia, nunca compareciam no julgamento, sob a alegação de estarem ausentes em serviço urgente.

As audiências eram, praticamente, vedadas ao público. Antes de começar o julgamento, nos lugares da sala do plenário sentavam-se elementos da PIDE. A pretexto da lotação estar esgotada, a PSP, à porta, impedia o acesso a familiares, amigos e jornalistas.

Centenas de advogados se insurgiram contra o funcionamento dos tribunais plenários e a actuação da PIDE. Entre outras publicações, destacamos as de Duarte Vidal e Salgado Zenha Justiça e Política (1969), apresentada ao congresso de Aveiro e logo apreendida pela PIDE; de Salgado Zenha Notas sobre a Instrução Criminal (Braga 1968), também apreendida pela PIDE, mas recentemente reproduzida em Textos Escolhidos de Francisco Salgado Zenha, seleccionados por Xencora Camotim e António Cândido Oliveira (edição Universidade do Minho, Braga 1998).

A comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista foi extinta, em Conselho de Ministros de 22 de Novembro de 1990. Daí a interrupção da divulgação de documentos indispensáveis para conhecer a repressão exercida pelos tribunais plenários em colaboração directa com a PIDE. "Quando Almeida Santos era ministro da Justiça, incumbiu-me de fazer um livro acerca da história e funcionamento dos plenários", declarou ao DN o advogado Manuel João Palma Carlos, no local onde reside, em Cascais, durante uma conversa de mais de duas horas, repleta de memórias pessoais, profissionais e políticas. E acrescentou: "Não está em causa o empenhamento de Almeida Santos, mas houve um sistemático adiamento, subterfúgios grosseiros ou, então, a recusa do envio de elementos fundamentais que eu solicitava aos arquivos, desde os dos juízos dos tribunais de Lisboa e do Porto até à Comissão de Extinção da PIDE/DGS."

Manuel João Palma Carlos observou: "Não pude, portanto, concretizar o projecto. Deixei de estar na Procuradoria-Geral da República, mandaram-me para embaixador em Cuba e fiquei a milhas de distância dos julgamentos dos pides. Apesar disto, não está destruída a documentação do meu escritório, a cargo do meu filho, o advogado João Norberto da Palma Carlos." Disse-nos ainda: "Os mais diversos saneamentos que se registaram em todo o País, no pós-25 de Abril, muitos deles inaceitáveis, não abrangeram os juízes dos tribunais plenários de Lisboa e do Porto. Não foram responsabilizados nem pelo MFA, nem pela Junta de Salvação Nacional, nem pelo Ministério da Justiça, cujo titular, em sucessivos governos dos primeiros anos da Revolução foi Salgado Zenha.

"Muito mais grave ainda", concluiu Manuel João Palma Carlos, "com o 25 de Abril, membros activos dos plenários ascenderam ao Supremo Tribunal de Justiça ou continuaram ali em funções."

Juiz continuava a despachar a 6 de Maio

Em 1974, a extinção de PIDE/DGS e dos tribunais plenários eram medidas concretas a aplicar, de imediato e de acordo com o Programa do Movimento das Forças Armadas. Apesar disto, o Tribunal Plenário de Lisboa, na segunda semana de Maio, ainda funcionava.

O processo dos implicados no caso da ARA (Acção Revolucionária Armada), o último a ser julgado, no Tribunal da Boa Hora, com mais uma audiência para as 9 e 30 horas, do próprio 25 de Abril e que não se efectuou, por motivos óbvios, ainda deu lugar a um despacho, com data de 6 de Maio de 1974. Está assinado pelo juiz Fernando Lopes de Melo.

Com os acusados em liberdade, aquele corregedor do 2.º Juízo Criminal de Lisboa e já invocando decretos-leis do MFA e da Junta de Salvação Nacional considerava os autos concluídos e o processo encerrado. Escreveu com o seu próprio punho: "Julgo extinto pela amnistia o procedimento criminal contra os réus."

Fernando Luso Soares, advogado de um dos réus, Carlos Coutinho, em requerimento que deu entrada no plenário da Boa Hora, no dia 30 de Abril de 1974, exigia ao tribunal que fosse restituído um automóvel apreendido pela PIDE e que pertencia ao seu constituinte.

No requerimento dirigido ao juiz Fernando Lopes de Melo advertia que, como advogado, "vai desde já instaurar acção cível de indemnização contra todos os indivíduos (altíssimos, altos, médios, baixos ou baixíssimos dirigentes, dirigidos e executantes) que se mostrem conectivamente responsáveis pelo passadio moral e psíquico a que, no seu caso, foi sujeito Carlos Alberto da Silva Coutinho. Deste modo, accionará evidentemente aqueles que neste momento se passeiam em atlântico trottoir indecoroso, que são os mais altos responsáveis morais (co-autores) do torcionarismo".

Salientava ainda a Lopes de Melo: "É hoje facto indiscutivelmente notório o daquela miséria torcionária em que, infelizmente, o ex-tribunal plenário persistia em não acreditar, não obstante os brados dos réus (vítimas) e dos advogados (tolhidos na defesa séria dos seus patrocinados mercê de pseudo leis de excepção imoralíssima e inconstitucional)."

Mas só a 6 de Maio de 1974, Fernando Lopes de Melo, do 2.º Juízo Criminal da Comarca de Lisboa, decidiu, notificando: "A apreensão dos veículos é levantada, devendo os mesmos serem restituídos aos seus proprietários."

Os últimos arguidos de Lisboa

O processo da ARA, o último julgado pelo Plenário de Lisboa, tinha como réus: Manuel Policarpo Guerreiro, de 29 anos, pintor da construção civil, de Odemira; Carlos Coutinho, jornalista destacado na biblioteca de O Século; Amado de Jesus Ventura da Silva, de 28 anos, estudante de Agronomia, de Lisboa; Manuel dos Santos Guerreiro, de 30 anos, motorista, de Grândola; Mário Wren Abrantes da Silva, de 22 anos, estudante de Agronomia, de Lisboa; José Augusto de Jesus Brandão, de 25 anos, fresador do Serviço de Formação Profissional do Fundo de Desenvolvimento da Mão-de-Obra, de Algés; e Ramiro Rodrigues Morgado, de 33 anos, lapidador de diamantes, da Azambuja. Os acusados tinham como defensores os advogados Fernando Luso Soares, Manuel João da Palma Carlos e Francisco Salgado Zenha.

Aquilino denunciou mecanismo tenebroso

Está ainda por escrever e publicar a história pormenorizada dos tribunais plenários, um dos mais tenebrosos mecanismos repressivos do salazarismo. Durante quase três décadas, elevado número de juízes e agentes do Ministério Público e quadros da PIDE mantiveram uma colaboração recíproca. Essa cumplicidade de magistrados com a polícia política ficou denunciada em páginas vigorosas de Aquilino Ribeiro, em Quando os Lobos Uivam, apreendido pela PIDE e objecto de processo instaurado ao escritor.

"É uma peça memorável, que honra a advocacia portuguesa", escreveu Mário Soares, a propósito da notável defesa de Aquilino feita pelo advogado Heliodoro Caldeira, ao desmontar o processo iniciado na Polícia Judiciária por Pedro Geraldes Cardoso; instruído por Fernando Lopes de Melo, como Ministério Público e que passou aos juízes António Teixeira de Andrade e Luís Filipe Teles Correia Barreto (Alfredo Caldeira/Diana Andringa Em Defesa de Aquilino Ribeiro, edições Terramar).

Também na sua dupla qualidade de preso político e de advogado, Mário Soares, no Portugal Amordaçado e no primeiro volume da biografia dialogada com Maria João Avilez Soares: Ditadura e Revolução, ocupa-se do funcionamento dos plenários.

Outros advogados também deixaram testemunhos impressionantes acerca daqueles tribunais e da conduta de magistrados que os integravam. Além de vários livros de Sebastião Ribeiro (Seis Casos e Confusão, entre outros) destacam-se as memórias de Alexandre Babo, recentemente publicadas.

"No Plenário de Lisboa", escreveu Alexandre Babo, "muitas vezes os réus foram espancados pelos agentes da PIDE durante os julgamentos e arrancados dali à força, quando exigiam apresentar as suas razões. E isto com a aquiescência dos juízes que constituíam o tribunal." Assinala ainda Alexandre Babo que o Plenário de Lisboa "atingiu um grau de corrupção e de falta de vergonha com actuações claramente pidescas" (Recordações de Um Caminheiro, editorial Escritor).

Presentemente, Alexandre Babo e Manuel João da Palma Carlos são dois sobreviventes dos muitos advogados que intervieram, primeiro, nos tribunais militares especiais e depois nos plenários de Lisboa e Porto, desde o seu início, em 1945, até 1974.

Juízes processos e penas

Os tribunais plenários tinham a seguinte constituição: um juiz da Relação, que presidia, e, como vogais, dois presidentes dos juízos criminais das respectivas comarcas.

(...)

Segundo elementos que divulgou o Livro Negro sobre o Regime Fascista verifica-se, numa estatística muito incompleta, que, dos 4792 indivíduos que, entre 1932 a 1960, foram julgados pelo Tribunal Militar Especial e pelos tribunais plenários, 3562 foram condenados em penas de prisão geralmente inferiores a cinco anos (44,1 por cento até um ano, 48,5 por cento entre um e cinco anos e os restantes com penas superiores).

Bibliografia

Da bibliografia existente sobre os Tribunais Plenários podemos citar Em Defesa de Aquilino Ribeiro, Processo de Quando os Lobos Uivam, edições Terramar, de Alfredo Caldeira e Diana Andringa; Recordações de um Caminheiro, de Alexandre Babo, editorial Escritor; Criminalização Política e Defesa do Estado, de José António Barreiros; O Partido e o Estado no Salazarismo, de Manuel Braga da Cruz; Salazar e o Salazarismo, de Fernando Rosas; Dicionário de História do Estado Novo, de Fernando Rosas e Brandão de Brito.

© 1999 Diário de Notícias

Ministério Público acusa 53 arguidos por fraude fiscal de 33,7 milhões de euros

No Público de hoje, pela mão de António Arnaldo Mesquita:

O Departamento de Investigação e de Acção Penal (DIAP) do Porto do Ministério Público acusou 53 arguidos (29 pessoas individuais e 24 empresários e empresas) de terem lesado o fisco em 33,7 milhões de euros, durante os anos de 1997,1998 e de 1999. Essa conclusão consta do quarto e último inquérito investigado no DIAP do Porto relacionado com o tráfico de largas dezenas de toneladas de barras de ouro sem o pagamento dos 17 por cento de IVA e/ou com a apropriação de parte deste imposto.

O expediente envolveu inúmeros comerciantes e empresários, economistas, advogados de vários pontos do país, que aliciaram inúmeros indivíduos carenciados para darem o nome na criação de empresas-fantasma e agirem como testas de ferro na aquisição das barras de ouro, funcionando depois como sujeitos passivos perante a administração fiscal. Com o apoio de investigadores e peritos requisitados à Polícia Judiciária (PJ) e a outros órgãos de polícia criminal, o MP avocou as investigações, em Outubro de 1998, mas estas foram interrompidas há cerca de meio ano quando a direcção nacional da PJ ordenou aos investigadores o regresso imediato à corporação.

As diligências ficaram a meio do caminho, impedindo o esclarecimento da origem dos avultados fundos para financiar a importação das toneladas de barras de ouro, sobretudo de três países: Espanha, Inglaterra e Suiça. Só no inquérito recentementemente concluído é que se confirmou que para a consumação da fraude de 33,7 milhões de euros foram investidos 200 milhões de euros (40 milhões de contos), fundos estes cuja origem continua por descobrir, dada a falta de cooperação por parte das autoridades britânicas que tutelam os paraísos fiscais de Gibraltar e da Ilha de Man - que poderão ter servido como plataforma estratégica do negócio.

Estes valores assumem proporções ainda mais significativas - 588 milhões de euros (118 milhões de euros) - se forem considerados os montantes das fraudes apuradas nos outros três inquéritos investigados pelo DIAP do Porto, dois dos quais já foram julgados na primeira instância e o terceiro está parado há cerca de um ano no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Os dois primeiros processos ainda não transitaram em julgado, por haver recursos pendentes há muito no Tribunal Constitucional e no Tribunal da Relação do Porto. Este facto teve duas consequências: os arguidos presos preventivamente foram libertados quando atingiram o prazo máximo da medida de coacção; a execução dos impostos ilicitamente apropriados e/ou não liquidados não pôde iniciar-se.

O calcanhar de Aquiles

A fraude assentou num conhecimento rigoroso dos mecanismos das aquisições intracomunitárias de bens, que se processam com isenção do pagamento de IVA, à data, no valor de 17 por cento. As mercadorias, no caso barras de ouro, seriam oneradas pelo IVA na primeira transacção nacional, devendo os sujeitos passivos depositários do imposto entregá-lo à administração fiscal e inclui-lo nas declarações periódicas remetidas para os serviços da administração fiscal.

A partir de Janeiro de 1993, terminou o monopólio do Banco de Portugal e de algumas instituições bancárias da importação, exportação ou reexportação de ouro em barra ou noutras formas. A liberalização acabou por desregular o controlo das quantidades de ouro aquiridas pelos industriais para constrataria, induzindo o aparecimento de um mercado paralelo, que rapidamente passou a controlar o negócio e motivou a concorrência desleal, nomeadamente quando as barras do metal precioso eram transaccionadas a preços inferiores ao da compra e ao "fixing" de Londres, graças à renúncia à apropriação de uma parcela dos 17 por cento daquele imposto, acabando o fisco por subvencionar o abatimento.

A concorrência desleal assentava num expediente que só em 1998 começou a ser investigado por iniciativa do Ministério Público, na sequência de uma apreensão feita numa operação de rotina por uma brigada da Inspecção-geral das Actividades Económicas. Esta acção indiciou a existência de tráfico de ouro, cujas dimensões milionárias ficaram atestadas pelo primeiro processo a ser julgado nas Varas Criminais do Porto em finais de 2000.

O segredo da fraude consistia na não liquidação do IVA cobrado aos clientes e na dissimulação do expediente através de uma complexa rede de empresas fictícias e com testas de ferro como alegados donos. Os principais arguidos comunicavam ao fisco a aquisição do metal precioso feita a outras empresas no mercado interno, fazendo crer que o IVA já tinha sido liquidado. Para tal, obtinham (de empresas fictícias ou não) facturas que não correspondiam a transacções efectivas de barras de ouro.

De acordo com a facturação e documentação apreendida, os peritos que colaboraram nas investigações do quarto inquérito sobre tráfico de ouro apuraram o prejuízo sofrido pelo fisco. Dos 33,7 milhões de euros reclamados aos arguidos, quase um terço (10,1 milhões de euros) é exigidos a dois arguidos. A uma empresa e a outros dois arguidos, o MP reclama a reposição de 5,7 milhões de euros; a outro 4,3 milhões de euros e a outro, ainda, a importância de 5,5 milhões de euros. Registe-se que só a uma firma o MP exige a devolução de 4,3 milhões de euros por alegada dedução indevida de IVA, através da aquisição fictícia de 331,418 quilos de ouro. O único arguido preso preventivamente, de acordo com o que apuraram os investigadores, terá importado seis toneladas de barras de ouro, que terá comercializado sem o pagamento do IVA ao fisco.

Juízes bolseiros

Os juízes de direito Raul Eduardo Nunes Esteves e Rui Manuel de Freitas Rangel vêem prorrogados pelo período de mais um ano, com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2004, a situação de equiparação a bolseiro que lhes havia sido concedida em Junho de 2002.
Recorda-se que, nos termos do art. 10.º-A, n.º 2, do EMJ, é aplicável aos magistrados judiciais, com as devidas adaptações, o disposto na lei geral sobre o regime de bolseiro, dentro e fora do País, quando se proponham realizar programas de trabalho e estudo, bem como frequentar cursos ou estágios de reconhecido interesse público.
Esperam-se resultados em prol da causa pública. E que o Conselho Superior da Magistratura disponha de um sistema de os aferir e aproveitar.

Legislação do dia

Portaria n.º 982/2004. DR 182 SÉRIE I-B de 2004-08-04 – Ministério das Finanças: Aprova e dá publicidade aos coeficientes a fixar dentro dos limites estabelecidos no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), bem como aprova e dá publicidade ao custo médio de construção e aos coeficientes de capitalização da renda anual para determinação do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos arrendados com rendas degradadas que sejam transmitidos

Despacho Normativo n.º 37/2004. DR 182 SÉRIE I-B de 2004-08-04 – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: Altera o Despacho Normativo n.º 83/91, de 5 de Abril, que determina que beneficiem do prémio anual por hectare arborizado previsto no Decreto-Lei n.º 81/91, de 19 de Fevereiro, as entidades que procedem à florestação de terrenos agrícolas

Portaria n.º 985/2004. DR 182 SÉRIE I-B de 2004-08-04 – Ministério da Saúde: Cria a Rede Nacional para a Qualidade de Utilização do Medicamento (QualiMED)

Aumento de quadros do Ministério Público

No Diário de Notícias de hoje:

Ministério Público em ruptura

O Ministério Público (MP) precisa de mais 182 magistrados e 454 funcionários judiciais sob pena de atingir uma «situação insustentável de ruptura dos serviços, com pesados resultados» para o sistema, afirma o procurador-geral distrital de Lisboa, Dias Borges. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já apresentou o pedido ao Ministério da Justiça (MJ), em documento a que o DN teve acesso, onde justifica o aumento do quadro de pessoal e anuncia a criação de novos Departamentos de Investigação de Acção Penal (DIAP) em todas as comarcas do País, que irão chamar-se «DIAP's comarcãos».

A PGR lembra que o quadro actual foi criado em 1999, sem que jamais tenha sido alterado, ao mesmo tempo que o número de inquéritos iniciados entre 1998 e 2002 cresceu 27%, passando de 394 526 para 501 558. «Os quadros estabelecidos terão levado em conta, pressupostamente, os dados estatísticos de 1998, e o certo é que, entretanto, os valores subiram significativamente», lê-se no documento aprovado em Maio pelo Conselho Superior do Ministério Público e enviado recentemente ao ministro da Justiça.O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, em nota enviada a todos os associados, lamenta que só há pouco tempo tenha tido conhecimento da iniciativa da PGR, e estranha que não tenha sido ouvido sobre o assunto.

Atendendo ao aumento de serviço nos últimos anos, o procurador-geral da República, Souto Moura, considera razoável que o quadro de magistrados aumente 17%, passando de 1089 para 1271, e que o quadro de funcionários de justiça adstritos ao MP passe de 1795 para 2249, aumentando 25%.

Foi exactamente isto que foi pedido ao ministério de forma a ser transformado em diploma legal. O levantamento das necessidades foi elaborado pelos procuradores-gerais distritais. O responsável por Lisboa, Dias Borges, garante que «a gravidade da situação é tal que justifica informação autónoma especialmente dirigida ao director-geral da administração da justiça que será elaborada proximamente».

DIAP'S COMARCÃOS. Uma das justificações para o aumento de magistrados tem também a ver, segundo o documento da PGR, com a criação de novos DIAP, uma vez que neste momento, apenas existem em Lisboa, Porto, Coimbra e Évora. Segundo afirmou ao DN Sara Pina, do gabinete de imprensa da PGR, a ideia é criar um DIAP em cada comarca - daí a denominação «DIAP's comarcãos». A ser verdade, surgirão em Portugal cerca de 230 novas estruturas «que possam prosseguir mais eficiente investigação criminal, considerando o indispensável empenho na direcção do inquérito, no tratamento da informação criminal e na coordenação dos órgãos de polícia criminal», lê-se no documento da PGR. Souto Moura quer também «implementar estruturas que dirijam, coordenem e apoiem a prestação do MP no sentido de uma maior qualidade técnico-jurídico».
LICÍNIO LIMA

Lisboa com 20 mil processos parados
A falta de funcionários é responsável, só no distrito judicial de Lisboa, pela paralisação de 20 509 processos, que aguardam apenas que se dê cumprimento aos respectivos despachos dos magistrados. A 3 de Junho todos os círculos judiciais de Lisboa tinham processos com despachos por cumprir nos serviços administrativos. Nesta região judicial - a única que mantém os dados sempre actualizados na Internet - existem 1766 processos conclusos há mais de um mês, aguardando apenas o despacho do magistrado. O que se passa em Lisboa representa, em média, 40 por cento da realidade nacional. A PGR já em 2001 propôs a alteração do quadro de pessoal, mas tal não logrou consequências práticas. A Procuradoria-Geral da República considera essencial para a instalação e criação dos novos «DIAP's comarcãos» que se adequem convenientemente as estruturas de órgãos de polícia criminal «detendo a mobilidade e os meios necessários para tratar os processos e a informação criminal, de forma a compensarem as carências do MP nesse segmento da sua acção».
LICÍNIO LIMA

Sindicato dos Magistrados queixa-se de marginalização

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) lamenta que tenha ficado à margem do processo que levou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a propor ao Governo o aumento dos quadros de magistrados e funcionários do MP.

Em comunicado enviado a todos os associados, a que o DN teve acesso, aquela estrutura sindical garante que «nunca foi chamada a pronunciar-se sobre o assunto».

À margem do processo ficaram também, segundo o SMMP, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal, assim como vários Departamentos de Investigação e Acção Penal». Entre estes contam-se, ao que o DN apurou, os de Lisboa e de Coimbra.

Na mensagem enviada aos associados, mesmo no início das férias judiciais, o SMMP lembra que a alteração dos quadros foi aprovada pelo Conselho Superior do Ministério Público, mas acrescenta um «ao que parece», dando a entender que nunca terá sido informado oficialmente sobre a questão. No entanto, na mesma nota, o SMMP acaba por salientar: «De todo o modo, realça-se o importante passo positivo que tal documento significa e salienta-se a necessidade de, com ele, se tomar a necessária sequência política e legislativa.»

O levantamento das necessidades, conforme consta na proposta legislativa enviada ao Ministério da Justiça (MJ), foi elaborado pelos quatro procuradores-gerais distritais - de Lisboa, Porto, Coimbra e Évora - e depois aprovado pelo CSMP que, por inerência, é presidido pelo próprio PGR.

Cabe agora ao novo titular da pasta da Justiça decidir se vai, ou não, atender ao pedido de Souto Moura. Aliás, já em 2001 o mesmo problema tinha sido levantado pela procuradoria junto do Governo. O ministro, Aguiar-Branco, de acordo com fonte do seu gabinete de imprensa, está a ouvir todos os operadores judiciários e a tomar conhecimento dos dossiers.

Entretanto, em Outubro começa a ser discutido o orçamento para 2005. Os operadores, ao que o DN apurou, vão estar atentos para ver se a Justiça se transforma, ou não, numa prioridade deste Governo.

L. L.

Relatório, legitimidade e futuro

Há uma legitimidade funcional do Ministério Público: a que é aferida pela análise dos resultados do seu desempenho. Ao longo dos anos, a Procuradoria-Geral da República tem produzido um Relatório Anual que é um repositório, sem imaginação, de alguns números com interesse e de algumas lamentaçãoes sem retorno. Não chega para convencer e, muito menos, para legitimar.
O Relatório deveria ser uma reflexão exaustiva sobre o que se fez e um propósito sobre o que se fará. Não sendo uma coisa nem outra, a gestão, a articulação e a motivação de mil e tal magistrados fica na dependência dos acasos. Os exemplos abundam e não dignificam.
O Ministério Público tem a obrigação de explicar os resultados que obteve: os bons e os maus. Tem de explicar as razões dos êxitos e das misérias. Não para conquistar os votos de quem quer que seja mas para possibilitar que todos possam escrutinar o seu trabalho.
A credibilidade passa pela transparência. Uma estrutura que tão pouco sabe de si e que confunde discrição com secretismo não terá capacidade de regeneração. O Ministério Público luta contra o tempo e contra a sua rotina. Talvez fosse precisa a coragem de recomeçar.
In direitos

El Tribunal Constitucional suspende por primera vez una euroorden para la entrega a Francia de un español

El Tribunal Constitucional ha suspendido por primera vez una euroorden, desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2004. El alcance de la euroorden suspendida era la entrega a Francia de un español, Antonio Contreras, acordada por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado mes de junio. La suspensión provisional decidida por el máximo intérprete de la Constitución impedirá que Contreras, reclamado por la justicia francesa por tráfico de cannabis, sea entregado al país vecino, mientras se tramita el recurso de amparo interpuesto.

Inicialmente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se opuso en enero de este año a la entrega de Contreras a Francia, en un procedimiento de extradición. La Audiencia Nacional invocó el principio de reciprocidad; ya que Francia no entregaba a sus nacionales reclamados por España en los procedimientos de extradición, tampoco España tenía por qué entregar a Contreras.

En marzo de 2004, a la entrada en vigor en Francia de la euroorden, las autoridades francesas, obligadas ya en virtud de ese instrumento jurídico a entregar a sus nacionales reclamados por España, volvieron a reclamar a Contreras. El 4 de junio último, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó finalmente la entrega de Contreras, para unificar criterios en materia de euroorden, a la vista de que, de acuerdo con la nueva normativa, había desaparecido la causa que impedía la entrega.

"Cosa juzgada"
Contra la decisión de la Audiencia Nacional, el abogado de Contreras recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, con el argumento de que la Audiencia Nacional se había vuelto a pronunciar sobre una "cosa juzgada" a favor de su patrocinado en el procedimiento de extradición.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo y ha decidido que, mientras lo tramita, se suspenda la euroorden respecto a Contreras. En ausencia de los magistrados Roberto García-Calvo y Pablo Pérez Tremps, la resolución de suspensión de la euroorden ha sido tomada por tres de los cuatro integrantes de la sala, presidida por la titular del Tribunal, María Emilia Casas, con la que votaron, "dada la urgencia del caso", Javier Delgado y Manuel Aragón Reyes.

En cambio, se opuso Jorge Rodríguez-Zapata, quien acepta la admisión a trámite del recurso, pero considera que "no procedía la suspensión provisionalísima adoptada", ya que se "pondrá en peligro" la ejecución de la euroorden. Rodríguez-Zapata critica a la mayoría: "Nuestra intervención hará difícil que la autoridad nacional cumpla las obligaciones que le exige nuestra ley interna".

EFE - Madrid
EL PAÍS - España - 03-08-2004

Legislação do dia

Portaria n.º 975/2004. DR 181 SÉRIE I-B de 2004-08-03 – Ministério das Finanças: Aprova o novo modelo oficial da declaração modelo n.º 11, as tabelas I e II e as respectivas instruções de preenchimento. Revoga a Portaria n.º 76/2002, de 1 de Julho [regulamentação do envio, em suporte informático, pelos notários, conservadores, secretários judiciais e secretários técnicos de justiça da relação dos actos praticados nos seus cartórios e conservatórias e das decisões transitadas em julgado no mês anterior dos processos a seu cargo, que sejam susceptíveis de produzir rendimentos sujeitos a IRS, e pelos notários da relação dos actos ou contratos sujeitos a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), ou dele isentos, exarados nos respectivos livros de notas]

Portaria n.º 977/2004. DR 181 SÉRIE I-B de 2004-08-03 – Ministério da Justiça: Aprova o Regulamento de Gestão do Fundo de Garantia Financeira da Justiça

A liberdade de exercício da profissão de advogado

Recommandation Rec(2000)21
du Comité des Ministres aux Etats membres
sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat

(adoptée par le Comité des Ministres le 25 octobre 2000,
lors de la 727e réunion des Délégués des Ministres)

• Principe I - Principes généraux concernant la liberté d'exercice de la profession d'avocat
• Principe II - Formation juridique, formation continue et accès à la profession d'avocat
• Principe III - Rôle et devoirs des avocats
• Principe IV - Accès de toute personne à un avocat
• Principe V - Associations
• Principe VI - Mesures disciplinaires

A independência, eficácia e função dos juizes

Recommandation n° R (94) 12
du Comité des Ministres aux Etats membres
relative à l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 octobre 1994,
lors de la 516e réunion des Délégués des Ministres)

• Champ d'application de la recommandation
• Principe I - Principes généraux concernant l'indépendance des juges
• Principe II - Autorité des juges
• Principe III - Conditions de travail adéquates
• Principe IV - Associations
• Principe V - Responsabilités judiciaires
• Principe VI - Exercice défaillant des responsabilités et fautes disciplinaires

O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SISTEMA DE JUSTIÇA PENAL

RECOMENDAÇÃO REC(2000)19
Adoptada pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa em 6 de Outubro de 2000

Versa sobre:

• Funções do Ministério Público
• Garantias dadas ao MP para o cumprimento das suas funções
• Relação entre o Ministério Público e os poderes executivo e legislativo
• Relação entre o Ministério Público e os Juizes
• Relação entre o Ministério Público e a Polícia
• Deveres do MP para com os cidadãos
• Cooperação internacional

Legislação do dia

Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2004. DR 179 SÉRIE I-B de 2004-07-31 – Presidência do Conselho de Ministros: Aprova o Programa Nacional para as Alterações Climáticas

Declaração de Rectificação n.º 65/2004. DR 179 SÉRIE I-B de 2004-07-31 – Presidência do Conselho de Ministros: De ter sido rectificada a Portaria n.º 685/2004, dos Ministérios da Segurança Social e do Trabalho e das Obras Públicas, Transportes e Habitação, que fixa as tabelas de subsídio da renda de casa para vigorarem no ano civil de 2004, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 143, de 19 de Junho de 2004

Decreto-Lei n.º 186/2004. DR 180 SÉRIE I-A de 2004-08-02 – Ministério da Administração Interna: Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/102/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Novembro, na parte que se refere à protecção dos peões, aprovando o Regulamento Relativo à Protecção dos Peões e Outros Utentes Vulneráveis da Estrada em Caso de Colisão com Um Automóvel

Mutilações genitais femininas

Ver aqui.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida

Um site a visitar: CNECV - Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
Contém importantes pareceres e outros documentos de referência, o último dos quais é o Parecer sobre a Procriação Medicamente Assistida (44/CNECV/2004), de Julho de 2004.