quinta-feira, 31 de janeiro de 2013

António Manuel Hespanha integra Conselho Geral da UC

30 janeiro 2013

António Manuel Hespanha integra Conselho Geral da UCO professor catedrático António Manuel Hespanha foi nomeado membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra (UC), integrando o grupo de dez personalidade externas, cooptadas, que constituem este órgão  O académico deverá ainda ser eleito presidente do Conselho Geral, segundo os estatutos da UC.


António Manuel Hespanha foi aluno na Universidade de Coimbra.
O Conselho Geral da Universidade de Coimbra que tem na composição 35 elementos, dos quais 18 professores e investigadores, cinco estudantes, dois funcionários e dez personalidades externas, cooptadas pelos membros internos eleitos.

Fonte: FDUNL

Cómo sacar un Poder Judicial de la chistera

La reforma del gobierno de los jueces, auspiciada por el Ejecutivo, garantiza una sustanciosa transferencia de poderes al Ministerio de Justicia y al Supremo. El resultado puede ser más ineficiencia
El poder, ni se crea, ni se destruye: se transfiere. La reforma anunciada del Consejo General del Poder Judicial es una buena muestra, aunque se justifique como el remedio milagroso para hacer del órgano cuestionado un modelo de sencillez, eficacia y economía. Ya lo decía Caro Baroja, ningún dirigente anuncia que sus medidas traerán miserias y males sin cuento a los gobernados, para beneficio y regocijo de los gobernantes.
Los cambios que se proponen ayudarán poco a lograr lo que quiso la Constitución cuando estableció el Consejo como un órgano de garantía, para quitar al Ministerio de Justicia los nombramientos, ascensos e inspecciones y ayudar a los jueces que sufren presiones en casos con repercusiones políticas o socialmente debatidos. No es raro, querer maximizar el propio poder es la sustancia de la política. Pero pueden producir un efecto secundario interesante: que al eliminar prácticamente al Consejo y a las asociaciones como factores de poder, la reforma alimente el de otro órgano, el Tribunal Supremo, mucho más duro de roer.
El resultado del Consejo como institución ha sido decepcionante: sirve de poco al juez que se ve en la vorágine de un caso político o morboso (quizá porque no tiene medios, pero tampoco ha logrado establecer su autoridad); y en vez de alejar la política del trabajo de los jueces, ha alimentado la impresión de que el conjunto de los jueces y tribunales está politizado: injustamente, porque los criterios políticos, a menudo sencillamente clientelares, afectan solo a ciertos cargos judiciales.
Se han probado ya varios modelos, que no han mejorado las cosas, aunque en todos haya habido vocales serios y con buena voluntad. También en el actual, que, pese al escándalo de los gastos de su presidente anterior, ha regulado las condiciones y la carga de trabajo de los jueces, ha sido más transparente sobre los motivos de sus nombramientos y ha expuesto a los candidatos a ciertos puestos a unas comparecencias que quizá no sean decisivas, pero sí reveladoras.
El proyecto toma como modelo al Consejo de Estado, que tampoco es paradigma de modernidad
Pero hay bastantes motivos para dudar de que el anteproyecto enviado al Congreso en diciembre sea la solución para los problemas generalmente reconocidos. Para empezar, el Consejo pierde muchos poderes (su autonomía económica, el poder reglamentario, la regulación de las cargas de trabajo) que van a parar sobre todo al Ministerio de Justicia, del que la Constitución quería alejarlos; pero también a las salas de gobierno y a los que los defensores del proyecto llaman, con metáfora de legión romana, los veteranos —especialmente, los magistrados del Tribunal Supremo, sobrerrepresentados en el nuevo modelo—, en un paso más de una perceptible deriva oligárquica.
Las decisiones importantes dejan de tomarse por mayoría cualificada. Eso no simplificará su funcionamiento, como se ha dicho: lo que asegura es que la mayoría decidirá sobre todos los nombramientos sin tener que negociar con la minoría, acabando con un cierto equilibrio, si no pluralista, sí al menos dualista.
Llamativamente, la reforma no incorpora ningún avance en la transparencia o la motivación de sus decisiones, que facilite el control de sus poderes. Tampoco mecanismos nuevos que lo hagan más efectivo para defender a los jueces concretos que necesiten su ayuda.
La estructura y el funcionamiento del órgano se complican mucho, quizá porque el proyecto toma como modelo el Consejo de Estado, un órgano con una función muy distinta (no de garantía, sino —oh casualidad— de asesoramiento del Gobierno), que tampoco es un paradigma de modernidad, ni de relevancia.
Habrá en él dos clases de vocales: unos pocos con dedicación (y sueldo) a tiempo completo, que integrarán la comisión permanente; y una mayoría que solo asistirá al pleno quizá una vez al mes, seguirá entretanto haciendo sus trabajos, cobrará unas dietas… y se enterará de lo que pueda en un órgano que llevarán en realidad su presidente y un nuevo cuerpo de letrados. Es un sistema dudosamente constitucional, porque la Constitución establece un órgano de 20 vocales que funcione colegiadamente. Es fácil imaginar los problemas de incompatibilidad que se producirán y seguirán deslegitimando al Consejo. Argumentar que el nuevo Consejo será más barato tampoco es muy convincente: lo barato sale caro si no cumple su función.
El cambio debilita a las asociaciones judiciales, al quitarles la presentación exclusiva de los candidatos a vocal y, previsiblemente, financiación e influencia. Pero el riesgo de politización no disminuye, en la medida en que los integrantes del Consejo seguirán siendo designados por los grupos parlamentarios, que procurarán —dice el texto— tener en cuenta a los no asociados. Que no cambie el sistema de elección producirá frustración a la mayoría de los jueces, que piensan que la Constitución quiso dársela a ellos y creían que iban a recuperarla. Es verdad que el Tribunal Constitucional resolvió que el sistema de elección parlamentaria es constitucional, pero siempre que no llevara a… lo que pasa cada vez: que los vocales se agrupan en bloques en función de los grupos que los han designado y deciden por cuotas previsibles, con generoso adobo de divergencias broncas y públicas.
Tal como ha sido diseñado por el Ejecutivo, es dudoso que el nuevo CGPJ sea constitucional
La tramitación parlamentaria puede mejorar el proyecto, claro; y el Parlamento acertar al elegir los vocales, escogiendo a personas capaces de cooperar, comprometidas con las obligaciones de su cargo y con la función del Consejo. Pero, por ahora, lo que garantiza este cambio no es una mejor cultura de la independencia judicial, sino una sustanciosa transferencia de poder desde el Consejo al Ministerio de Justicia: desde un sistema de equilibrios complejos entre los vocales del Consejo, las asociaciones, el ministerio y las comunidades autónomas, a uno de intenso predominio del ministerio.
Quizá esto explique que algunos analistas cercanos a la oposición no vean la propuesta con malos ojos: son optimistas, piensan que alguna vez volverán a formar ellos el Gobierno —y olvidan que, ideales constitucionales aparte, la falta de frenos legales y de autolimitación del poder refuerza a quien lo tiene y reduce las posibilidades de alternancia. La cultura política española aconseja ponerse en lo peor. El mejor test para una institución es imaginarla desde la minoría: piense quien apoye el nuevo sistema si le gustaría verlo actuando en beneficio de sus adversarios.
Todo esto, en fin, tiene poco que ver con lo que necesita el sistema jurisdiccional. Y una de las pocas consecuencias buenas de la crisis es que el malestar despabila: empuja a salir de la perezosa modorra de los tiempos de vacas gordas, porque los problemas no son maldiciones de las que no se puede escapar, ni su solución un secreto reservado al conjuro de los expertos. Quien sostiene que no hay alternativas —como Margaret Thatcher en su día o Angela Merkel en la actualidad—, trata de engañar y reducir al desistimiento a los perjudicados por sus decisiones.
Se pregunta uno si los estrategas de las grandes empresas internacionales confiarían la organización de un sistema de gestión y de garantía para problemas muy complejos a un órgano y un cuerpo de letrados inspirados en la Administración del siglo XVII, como hace el anteproyecto. La cultura política, como la orgánica, es muy tozuda: pudiera ser que en vez de simplificar el Consejo, la reforma lo haga solo más ineficiente; que en vez de llevar todo el poder al ministerio, refuerce a otro órgano realmente poderoso, con voluntad de afirmarse y con posibilidades efectivas para controlarle, el Tribunal Supremo —todos cuyos miembros, por cierto, han sido designados por ese Consejo tan perverso; que en vez de ahorrar, se limite a crear otro confortable sarcófago institucional.
Entretanto, los rankings internacionales de eficacia de los sistemas jurisdiccionales siguen situando al nuestro entre países del Tercer Mundo —lo que no atrae inversiones, pero hace las delicias del Economist de Londres cuando analiza cómo nos entretenemos en estos pintorescos países del Sur—. Y, de paso, echa una mano al suyo en la lucha de todos contra todos que llamamos globalización.
Diego Íñiguez es magistrado.

Ministra quer acção concertada na reinserção dos reclusos

Público - 31/01/2013 - 00:00

A ministra da Justiça anunciou ontem o lançamento do Plano Nacional para a Reabilitação e Reinserção dos reclusos que vigorará até 2015. A ideia é apostar em programas de ensino e formação, trabalho e projectos de cultura e desporto nas cadeias, concertando a intervenção dos diversos sectores do Estado e da sociedade civil nesta área, apostando, por exemplo, numa ligação forte às empresas.
Paula Teixeira da Cruz adiantou que o plano vai ser apresentado "muito em breve" a todos os parceiros e depois de "consensualizado" será votado, em forma de resolução, no Conselho de Ministros.
"Tem como principal objectivo a melhoria das condições de reinserção social dos reclusos, apostando de uma forma inequívoca na vertente da reabilitação como principal meio de alteração de comportamentos e condutas delituosas", justificou a governante. E falou da "perspectiva de partilha, de co-responsabilização e de responsabilidade social" dos diversos sectores do Estado e da sociedade.
O plano assentará numa estratégia estruturada em três princípios fundamentais: o princípio da reabilitação do comportamento criminal, o princípio da reinserção e responsabilidade social, e o princípio da sustentabilidade do sistema de execução de penas e medidas. Paula Teixeira da Cruz acredita que o plano permitirá uma actuação concertada entre instituições e promover o diálogo, optimizando os recursos a envolver. No fundo, tornará "mais dinâmica, célere e eficaz" a actuação das instituições. "O primeiro rosto desta aproximação serão os guardas prisionais que, hoje, com formação em direitos humanos, são quem começa por apostar no ensino de várias profissões", acrescentou a ministra. Ao mesmo tempo, pretende-se apostar "fortemente" na ligação às empresas.

Boa-Hora regressa à Justiça por 5,9 milhões de euros

Público - 31/01/2013 - 00:00

Paula Teixeira da Cruz anunciou ontem que o Ministério da Justiça já adquiriu à Câmara de Lisboa o antigo Tribunal da Boa-Hora, um edifício considerado "simbólico" por muitos profissionais forenses que, em 2009, se mobilizaram para evitar que fosse transformado num hotel de luxo. Contactada pelo PÚBLICO, a Secretaria de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos da Justiça precisou que o edifício, um antigo convento na Baixa de Lisboa que albergou durante décadas o principal tribunal criminal da capital, custou 5,9 milhões de euros.
No discurso de abertura do ano judicial, a ministra explicou que o contrato que devolve à Justiça o antigo tribunal foi assinado ontem com o município lisboeta. Adiantou que pretende instalar no edifício o Centro de Estudos Judiciários, organismo encarregado da formação dos magistrados e o futuro Museu do Judiciário.
"Estou em condições de anunciar que, por despacho do senhor primeiro-ministro da tarde de ontem [terça-feira], e concluindo um processo longo que envolveu a Câmara de Lisboa e o Ministério das Finanças, o antigo Tribunal da Boa-Hora foi finalmente devolvido" à Justiça, disse a ministra.
Mais tarde, o secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos da Justiça, Fernando Santo, adiantou que o ministério fechou as contas do ano passado com um saldo positivo superior a 36 milhões de euros, parte dos quais deverão ser utilizados para a remodelação da Boa-Hora. Em breve vão avançar as obras no edifício para não permitir o agravamento do nível de degradação do antigo convento. Depois será realizado o projecto de remodelação e o concurso público para adjudicar a intervenção. Fernando Santo acredita que ainda será possível começar a reabilitação do edifício este ano.

PROCURADORES PROTESTARAM COM A PRESENÇA

A sessão de ontem teve uma afluência anómala de magistrados e advogados. Muitos procuradores foram ao Supremo Tribunal de Justiça, por sugestão do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, para protestar contra a forma como o Governo tem reequilibrado as contas públicas, contra a dificuldade crescente no acesso à Justiça, contra a desorganização de muitos serviços, contra a sucessão de reformas legislativas... Mas esta não foi a única particularidade da sessão de abertura do ano judicial deste ano, que foi a primeira da procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, e a última do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Noronha Nascimento. E esta pode ser apenas a primeira de duas sessões solenes a comemorar o início do ano judicial em 2013. É que, se for aprovada uma nova lei, a da organização do sistema judiciário, a comemoração de abertura deverá passar para Setembro, após mês e meio das férias judiciais de Verão, o real início do ano judicial. Se assim for, Marinho e Pinto, que termina o mandato como bastonário dos Advogados no final do ano, ainda terá direito a mais um discurso. M.O.

Presidente do STJ critica reorganização dos tribunais feita pelo actual Governo

MARIANA OLIVEIRA 

Público - 31/01/2013 - 00:00
Noronha de Nascimento não concorda com o novo modelo de organização do tribunais, preferindo antes que fosse desenvolvido o do Governo de Sócrates
Foi com um discurso crítico e repleto de mensagens subtis que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Noronha Nascimento, falou na sua última sessão solene de abertura do ano judicial, realizada ontem em Lisboa. O modelo de reorganização dos tribunais proposto pelo Governo de Passos Coelho, parte do qual já está em discussão no Parlamento, mereceu fortes críticas do presidente do STJ, que lamentou que o actual executivo tenha trocado "o certo pelo incerto".
Lembrando que o anterior Governo já tinha avançado com um modelo para o novo mapa dos tribunais, com o lançamento de três comarcas-piloto, Noronha Nascimento lamenta que o actual executivo tenha "mudado o paradigma". E tenha optado por instalar na gestão das comarcas um "sistema híbrido" que se centra numa liderança tricéfala - juiz presidente, procurador coordenador e administrador da comarca.
"A lei de 2008 definia uma liderança bastante clara: o líder da comarca era o juiz designado pelo Conselho Superior da Magistratura, a quem reportava os problemas surgidos", defendeu Noronha Nascimento. E acrescentou: "Este sistema funcionou bastante bem nas três comarcas experimentais e o corolário lógico era o seu alargamento ao conjunto do território."
Lamentando que no modelo agora em discussão o administrador judiciário tenha competências próprias, o presidente do Supremo argumenta que tal constitui "uma distorção a um modelo transparente de liderança". E avisa: "Corremos o risco de a prática nos surpreender com uma gestão paralela de três pessoas, com competências, porventura, conflituantes em certas área e com o administrador - ligado ao ministério - a decidir quais os beneficiários dos parques, espaços e equipamentos que podem funcionar como pressupostos do exercício de uma função que tem que ser independente."
Antes de Noronha Nascimento já a nova procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, tinha falado sobre este tema, curiosamente para sublinhar que o novo modelo de gestão das comarcas deve "consagrar uma maior e mais clara participação do Ministério Público no modelo de gestão das futuras comarcas".
Joana Marques Vidal ainda reforçou a importância do "princípio da autonomia enquanto corolário da independência dos tribunais e do funcionamento do Estado de direito democrático", recusando a hipótese de o Ministério Público depender do executivo. "Como igualmente me mantenho afastada dos que, por qualquer forma, advogam a possibilidade de limitar a autonomia desta magistratura, atribuindo àquele princípio, falaciosa e erradamente, a causa do mau funcionamento da Justiça", vincou Joana Marques Vidal.
A magistrada admitiu "sinais de menor eficiência e demasiada morosidade" e defendeu que se deve investir na formação especializada de procuradores e juízes, além de incentivar o trabalho em equipa. "Há igualmente que repensar a ligação entre os departamentos de Investigação e Acção Penal [que investigam os casos mais graves de cada comarca] e o Departamento Central de Investigação e Acção Penal [que investiga os casos mais complexo do país], numa tentativa de planeamento de trabalho que, redefinindo competência próprias de cada um dos departamentos e conjugando sinergias, consiga potenciar as respectivas capacidades no exercício da luta contra a criminalidade", realçou.
Cavaco pede equidade
O Presidente da República, Cavaco Silva, insistiu, por seu lado, na necessidade de não descurar os princípios da justiça e da equidade nos sacrifícios que são pedidos aos portugueses num tempo que classificou "de trabalho árduo".
Até porque, justificou, "quanto maior é a dimensão dos sacrifícios exigidos, maior tem de ser a preocupação de justiça na sua repartição". O Presidente explicaria, de seguida, que só o respeito pelos princípios da justiça e da equidade pode garantir a necessária "coesão nacional", que classificou de "valor supremo".
"Ao contribuir para a garantia da coesão social e da coesão intergeracional, a Justiça é um factor determinante de estabilidade e de paz social", frisou o Presidente.
Assinalando que o actual Governo tem feito um "esforço assinalável" para responder às mudanças na área da Justiça que tinham de ocorrer devido à conjuntura económico-financeira, Cavaco sublinhou que o sistema judicial é o garante da autoridade do Estado e que este deve "assegurar o efectivo exercício de todos os direitos dos cidadãos".
Na sua intervenção, o Presidente falou ainda nas consequências económicas de uma Justiça lenta. "Na conjuntura actual, mais do que nunca, a Justiça deve primar pela eficiência e pela celeridade na resolução dos litígios com incidência económica. Dessa forma, o sistema judicial prestará um contributo imprescindível para a melhoria do clima de confiança e para o crescimento da nossa economia", afirmou.
Também a ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, falou dos efeitos da crise na Justiça, no entanto, noutra perspectiva. "Todo o sector da Justiça tem de ser ponderado à luz de novos critérios de exigência", referiu. A ministra sublinhou que as reformas da Justiça "devem estar acima de disputas descontextualizadas e não podem ser usadas como armas de arremesso político-partidário", nem estar subjugadas a "interesses sectoriais ou locais".
Como é habitual o discurso do bastonário da Ordem dos Advogados, António Marinho e Pinto, foi o mais inflamado, tendo o responsável acusado alguns juízes de tomarem decisões que constituem "um acto de terrorismo de Estado".
"Quando um juiz de direito emite um mandado de busca em branco quanto ao seu objecto, ou seja, uma ordem para apreender todos os documentos e objectos que se encontrem no escritório de um advogado e que possam constituir prova contra os seus clientes, incluindo os computadores pessoais e profissionais do advogado, isto é um acto de terrorismo de Estado", afirmou. E logo depois fez uma advertência aos advogados: "Retirem dos vossos escritórios quaisquer documentos ou objectos que possam incriminar os vossos clientes, pois correm o risco de um juiz ir lá apreendê-los para os entregar à acusação."
O Governo foi o primeiro alvo do bastonário, que acusou o executivo liderado por Passos Coelho de insensibilidade, de ter uma agenda ideológica oculta e de levar a uma política que passa pela "aniquilação dos direitos de quem vive só do seu trabalho" e pela "destruição do Estado social". "[É ] um ajuste de contas com os valores e conquistas mais emblemáticas da revolução do 25 de Abril", realçou.
Denunciou ainda a "fraude em que se consubstanciam certas pretensas formas de justiça". "A justiça faz-se nos tribunais com juízes e advogados independentes e com procuradores e não em centros de mediação ou julgados de paz", afirmou Marinho e Pinto.
O bastonário alongou-se ainda a denunciar o "negócio" das arbitragens em Portugal. "O Estado tem a obrigação de resolver soberanamente os litígios entre empresas e não remetê-las para essa gigantesca farsa que são chamados "tribunais arbitrais", que em muitos casos não passam de meros instrumentos para legitimar verdadeiros actos de corrupção", sublinhou. E acrescentou: "Finge-se uma divergência ou outro pretexto qualquer como um atraso no pagamento do inflacionado preço para que o caso vá parar ao dito tribunal." Qual será a decisão de um tribunal "em que os juízes foram substituídos por advogados escolhidos e pagos - principescamente, aliás - pelo corrupto e pelo corruptor?", perguntou. E, logo em seguida, respondeu: "É óbvio que proferirá a sentença pretendida por ambos e obrigará o Estado ao cumprimento integral da prestação que o corrupto e o corruptor haviam acordado entre si". Uma forma encapotada, disse, de "prejudicar o próprio Estado". com Rita Brandão Guerra

quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

Advogados preparam nova revolta contra Marinho e Pinto


Ordem Projeto de alteração de estatutos acaba com atuais conselhos distritais. Bastonário diz que é preciso poupar nos gastos

Está à vista mais uma polémica na Ordem dos Advogados (OA): o anteprojeto de revisão dos estatutos prevê a extinção dos atuais conselhos distritais. Em declarações ao DN, o bastonário, António Marinho e Pinto, declarou que o documento reflete uma necessidade de "reestruturação da orgânica" da Ordem. Porém, os conselhos distritais acusam o bastonário de incoerência. Lisboa e Porto estão a dar os primeiros passos na contestação.

Num e-mail enviado ontem aos advogados da sua área, Vasco Marques Correia, presidente do Conselho Distrital de Lisboa (CDL), realçou que "o referido anteprojeto de estatuto, entre outras inovações de relevo, extingue as delegações, os delegados da Ordem e os conselhos distritais". Acrescentando: "Contraditoriamente com a postura crítica (e pública) do Conselho Geral sobre o desenho do novo mapa judiciário da responsabilidade do Ministério da Justiça, a proposta de nova estrutura orgânica da Ordem decalca aquela ipsis verbis, o que não pode deixar de ser fonte adicional de enorme perplexidade, como é evidente."

O presidente do CDL convocou, "com carácter de urgência", uma reunião plenária extraordinária do Conselho Distrital de Lisboa, convidando os delegados das 22 delegações do CDL para o encontro, do qual resultara uma tomada de posição face ao anteprojeto de revisão dos estatutos.

A contestação ao documento passa ainda pelo Porto. Em declarações ao DN, Guilherme Figueiredo, presidente do Conselho Distrital do Porto (CDP), apontou várias incongruências: "Não se percebe como é que se acaba com os atuais sete conselhos distritais e cria-se 23 conselhos de comarca, por exemplo. Nem se percebe o que se pretende em relação aos estágios, dizendo que as avaliações podem ser realizadas por entidades externas." O CDP esteve reunido ontem à noite para analisar o anteprojeto, de forma a apresentar propostas até à próxima sexta-feira.

Já António Marinho e Pinto disse ao DN que a revisão dos Estatutos decorre da nova lei das associações profissionais e que o anteprojeto não é um documento fechado, mas sim aberto à discussão. "Atualmente, a Ordem tem 900 dirigentes, o que implica custos. Por isso, tem que ser feita uma reestruturação ou então aumentar o valor das quotas pagas pelos advogados", declarou ainda o bastonário. Marinho e Pinto manifestou ainda interesse em que todos os advogados "enviem propostas" para a discussão do anteprojeto dos estatutos. C.R.L.
Diário de Notícias, 30-01-2013

Reformados arriscam-se a sofrer cortes permanentes


Governo já disse que há muitos reformados, sobretudo da Função Pública, que não descontaram para a reforma que recebem. E quer cortá-las. Falta saber se o Tribunal Constitucional deixa cortar pensões que já estão a ser pagas

ELISABETE MIRANDA - elisabetemiranda@negocios.pt

Se depender do Governo, os cortes temporários que os pensionistas têm vindo a sofrer tornar-se-ão, pelo menos em parte, permanentes. Representando uma fatia muito substancial da despesa pública e do peso dos gastos sociais, dificilmente passarão incólumes num mega-plano de redução da despesa social em quatro mil milhões de euros.

A grande incógnita é saber se o Governo tem condições para aplicar cortes às pensões que já estão a ser atribuídas de forma permanente, e, caso a resposta venha a ser afirmativa, a quem as pretende aplicar.

Para já, as declarações do primeiro-ministro são equívocas. Pedro Passos Coelho já se pronunciou sobre este assunto várias vezes, tendo falado tanto de pensões douradas que teriam sido atribuídas em situação de privilégio, como de reformas que foram atribuídas de acordo com a lei mas cujos titulares ficaram a ganhar mais do que o Estado suporta.

Uma das afirmações mais clarificadoras ocorreu a 21 de Dezembro, quando Passos disse que "há a consciência na sociedade que os descontos não estão na proporção das pensões que são pagas(...). "Houve pensionistas que fizeram descontos que não estão de acordo com o que recebem de volta". E isso, "teremos de corrigir um dia", afiançou.

Se levarmos a declaração de Passos à letra, então ninguém no País recebe pensões para as quais descontou. Isto por causa da própria natureza do sistema de pensões, que não é calculado com base em regras actuariais: isto é, a reforma de cada um não é calculada exactamente na medida do que cada um contribuiu nem do que vai custar ao sistema. Mas não o era no passado, nem sequer o passou a ser com as novas regras introduzidas nos últimos anos, uma vez que o sistema de pensões continua a ser de repartição e as regras de cálculo continuam por exemplo a majorar pensões mais baixas.

O Governo poderá, contudo, estar a referir-se apenas aos casos de pensionistas do Estado que se reformaram com o último salário (as regras até 2005eram assim para quem entrou no Estado até 1993) ou aos pensionistas da Segurança Social que se aposentaram com os melhores dez dos últimos 15 anos de trabalho. Eram as regras na altura, as pensões são legais, mas são mais generosas do que se fossem calculadas de acordo com os descontos feitos durante toda a carreira. É esse o caso dos trabalhadores do privado que começaram a trabalhar após 2001 e dos funcionários públicos contratados de 2006 em diante.

O problema esteve no passado e, para corrigir este "excesso", pretende-se aplicar um corte nas pensões. O universo da Caixa Geral de Aposentações (CGA), onde os salários eram maiores e as regras de aposentação mais favoráveis.

Regras de convergência aceleradas

Caso o Tribunal Constitucional não aceite que se cortem pensões em pagamento, uma medida que garantiria poupanças imediatas, o Governo poderá optar por um plano B, também sugerido pelo FMI: acelerar a convergência das regras de aposentação dos funcionários públicos, alinhando-as o mais rapidamente possível com as dos privados.

Actualmente, um funcionário público que se reforme, tem a pensão calculada com duas componentes: o tempo que descontou até 2005 (onde a base da pensão é o último salário, à partida mais alto que os outros) e o tempo que descontar entre 2005 e 2014, onde contará a média dos descontos. O Governo poderá reduzir o peso da primeira fase, o que fará cair a pensão esperada.
Jornal de Negócios, 30-01-2013

Na Abertura do Ano Judicial


«A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos.»
Artigo 20.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa

Celebra-se hoje a Abertura do Ano Judicial, com a habitual cerimónia protocolar e o seu cortejo de discursos e declarações de circunstância. Os meios de comunicação social dar-lhe-ão a habitual cobertura noticiosa e os jornais de amanhã darão nota de um ou outro episódio e de alguma declaração feita para os títulos de primeira página. Em dois dias, porém, tudo será esquecido e a ditadura da «crise» voltará a monopolizar as atenções e as exauridas energias dos cidadãos.
Pensamos, contudo, que há bons motivos para assinalar esta data com o relevo e a atenção que ela merece. Como outros sectores do Estado, a Justiça encontra-se numa encruzilhada e todos os que a prezam como um dos valores mais elevados da vida em sociedade – não há sociedade livre sem Justiça, e seguramente também não há democracia sem ela –, começando pelos profissionais do sector e terminando nos cidadãos em geral, estão preocupados e não podem assistir inactivos ao avolumar dos riscos que os tempos que vivemos fazem pender sobre ela. E, por isso, rejeitam tanto os exercícios de auto-satisfação, como a crítica desbragada, tecidos ao sabor das conveniências e das circunstâncias, que, por vezes, nem assentam em diagnósticos correctos, nem se traduzem em projectos exequíveis para a melhoria da prestação de serviços de Justiça aos cidadãos.
Há bons motivos para assinalar esta data com atenção: há muitas coisas que funcionam com qualidade e celeridade no Sistema de Justiça, mas também há muitas razões para protesto e insatisfação.
De protesto, desde logo, quanto à via seguida pelo Governo para reequilibrar as contas públicas, que nunca procurou ser conforme à Constituição e seus princípios, nomeadamente o da igualdade, e que, como a do Governo anterior, propositadamente tem provocado cisões na nossa sociedade, incentivando e alimentando fracturas entre os sectores público e privado, entre jovens e reformados, entre empregadores e trabalhadores, entre empregados e desempregados, enfim, sempre colocando parte da sociedade contra outra parte.
De protesto, pois, pelo desrespeito despudorado pela Lei Fundamental do país, apresentada como causa da crise e obstáculo à sua superação, crise essa que tudo justifica, que tudo legitima, cuja verdadeira origem está no poder financeiro e económico desregulado que domina a Europa e os seus governantes, que subjuga e ignora os princípios e fundamentos do Estado de Direito e a intangibilidade da soberania de cada Estado e da dignidade de cada pessoa.
De protesto, também, por continuarmos a ter uma Justiça de difícil acesso, cada vez mais cara em termos de custas judiciais e muitas vezes ilegível e incompreensível para os cidadãos. Uma Justiça onde, por isso, tal como na sociedade em geral, se cavam com frequência condições de profunda desigualdade em razão do poder económico dos litigantes.
De protesto por uma Justiça onde continua a grassar a desorganização em muitos serviços, onde, ao longo de décadas, se têm sucedido reformas legislativas em cima de reformas legislativas, normalmente incompletas, sem cuidar devidamente da sua preparação e implementação, onde, por via disso, há legislação convenientemente obscura e contraditória, e onde afinal permanece em muitos sectores a carência de meios mínimos necessários para que os profissionais do sector – os magistrados, os advogados e os funcionários judiciais – desempenhem o serviço público que lhes está cometido com eficácia e dignidade.
De protesto porque, apesar das reformas em curso e de outras anunciadas, é preocupante amenorização a que o estatuto da Justiça tem vindo a sofrer quando confrontado com outras áreas governativas, podendo isso pôr em causa o papel que a Constituição lhe comete: o de ser uma instituição republicana fundamental de regulação social e prestadora de um serviço público democrático.
Razões de protesto, ainda, pelo adensar das nuvens que pairam sobre a própria ideia de Justiça enquanto Valor, acossada por «novas» ideias que a pretendem acantonar numa lógica de «racionalização» que mais não é do que a importação das teorias e práticas de gestão quantitativas e produtivistas da actividade económica e industrial para um sector que tem de ser encarado com outra sensibilidade e bom senso, tendo presente o fortíssimo envolvimento humano que é exigido a todos os que aí trabalham.
De protesto ainda pela degradação progressiva, mas substancial, do estatuto socioprofissional de todos os magistrados, numa ofensiva a direitos decorrentes do trabalho sem precedentes no Portugal democrático e que é susceptível de comprometer de forma grave o princípio da separação e equilíbrio dos poderes do Estado, e mesmo ameaçar a serenidade e a tranquilidade de ponderação dos responsáveis pelas decisões processuais.
De protesto também pela crescente tendência para subtrair ao domínio da actividade pública, nomeadamente aos tribunais, tarefas que só ela pode desempenhar de forma eficiente, transparente e com garantias de isenção.
Recusamos, também, o pessimismo derrotista da frase batida de que «a justiça não funciona…» que aliás frequentemente se refere mais à necessidade de Justiça Social do que à Justiça que se pratica nos tribunais. Há muitas coisas que funcionam com qualidade e celeridade no Sistema de Justiça em Portugal. 
Mas as sociedades mudam e com elas as suas instituições, e os valores que as colectividades prosseguem vão-se também aperfeiçoando com o tempo. O Portugal de hoje coloca novos problemas ao Sistema de Justiça – como aliás acontece um pouco por todo o mundo –, que têm de ser encarados com determinação, consciência da sua importância e utilização inteligente dos meios existentes para os resolver. Porque o Sistema de Justiça tem de aprofundar a sua matriz constitucional universalista, igualitária e estar ao serviço do interesse comum.
O Sistema de Justiça deve ser o primeiro esteio de afirmação dos direitos humanos, dos direitos de cidadania e das liberdades, e combater as suas violações, venham elas de onde vierem e independentemente da aparência mais ou menos «legal» que apresentem.
Neste dia, em que solenemente é anunciada a abertura do ano judicial a todos os cidadãos, destinatários e fundamento da legitimidade do poder judicial, queremos reafirmar o nosso compromisso de, nas diferentes áreas de intervenção do Ministério Público, em especial nas sociais, sempre buscarmos uma Justiça com maior qualidade e celeridade, assim dando efectividade prática aos direitos consagrados na Constituição e na Lei.
Mas também queremos dar corpo à voz de todos os magistrados que, de forma abnegada e apesar de todos os obstáculos e por vezes falta de reconhecimento público, continuam a acreditar que é possível uma justiça melhor e efectiva, que é imprescindível manter a dignidade de uma profissão que constitui alicerce fundamental de uma sociedade livre e protectora de todos os cidadãos, reequilibrando desigualdades, reajustando objectivos, reforçando direitos e reabilitando a confiança em si própria; queremos dar visibilidade a todos aqueles que, anualmente, nesta cerimónia, todos citam e muitos criticam, mas que poucos conhecem quanto ao modo esforçado e empenhado com que diariamente exercem as suas funções. Desta vez decidimos, de forma simbólica, exercer o direito inalienável à indignação, também nisso contribuindo de forma construtiva para a mudança!
Estamos e estaremos sempre envolvidos de corpo e alma na afirmação da Justiça e na sua realização. Porque, afinal, nos termos constantes do artigo 202.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa:
«Os tribunais são os órgãos de justiça com competência para administrar a justiça em nome do povo.» 

A Direcção do SMMP
30 de Janeiro de 2012

Empresas querem tribunal para grandes conflitos económicos



Empresários entendem que os grandes litígios devem ser julgados por juizes com vocação económica. Ministério da Justiça descarta a sugestão no momento em que se inicia mais um ano judicial.

Empresas querem tribunal para grandes conflitos económicos

Empresários entendem que mega-litígios deviam ser julgados por juizes com vocação económica. Ministério descarta sugestão. Arranca hoje ano judicial.

Inês David Bastos

As empresas querem que seja criada em Portugal um 'tribunal' especializado nos mega-processos económicos, isto é, nos conflitos de maior complexidade. Esta é uma das propostas que as empresas portuguesas deixam ao poder executivo no recente estudo sobre "Justiça Económica", com o objectivo de tornar mais rápidas e eficazes as decisões judiciais e de colocar a justiça ao serviço da economia, uma das exigências da 'troika'.

Com mais um ano judicial a começar simbolicamente - a cerimónia de abertura decorre esta tarde no Supremo Tribunal de Justiça (ver texto ao lado) -, as empresas vivem na expectativa de que as reformas em curso possam trazer nos próximos anos boas notícias para a actividade económica. Mas as dúvidas de especialistas, de alguns empresários e de advogados são muitas, porque o revisão do Código de Processo Civil e do modelo judiciário não abarcam grande parte das exigências das empresas. Nomeadamente, a criação de uma "secção especializada para litigância complexa".

No estudo levado a cabo pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e pela Associação Comercial de Lisboa, onde as empresas dão nota negativa ao funcionamento da justiça, é sugerida a conversão de varas cíveis de Lisboa e Porto numa secção especializada para mega-processos económicos, onde a complexidade dos instrumentos financeiros em causa justifica a intervenção de um juiz com formação e "vocação" específica em economia e negócios, tal como existe no modelo irlandês. 

"Esta secção dedicar-se-ia a casos mais complexos escolhidos de acordo com o seu valor, impacto económico e complexidade de facto e direito", lêse no documento. Nuno Garoupa, coordenador do estudo, diz ao Diário Económico que a ideia de criar um tribunal específico para os litígios económico-financeiros complexos "esteve em cima da mesa" quando foi debatida a criação dos tribunais da concorrência e propriedade intelectual, tendo sido abandonada por questões de competência com os tribunais de comércio (ver entrevista em baixo) . 

A escolha do juiz seria feita por "recrutamento próprio", ou seja, concurso em separado, e os magistrados afectos à secção poderiam variar fendo em conta a variação da litigância complexa de acordo com a conjuntura económica. Isto é, se actualmente, em período de crise, os processos de maior complexidade podem estar relacionados com o incumprimento de operações de financiamento ou de falências, no futuro, em períodos de pujança económica, as acções mais complexas serão, por exemplo, as relacionadas com a execução de projectos de valor avultado.

"Existem litígios hiper-complexos que estão nàs varas cíveis e que estariam melhor integrados num tribunal especializado", comenta em declarações ao Diário Económico Nuno Líbano Monteiro, da PLMJ, que lembra que, em Paris, no Tribunal de Comércio, já existe esta especialização.

A morosidade da justiça e a demora na tomada de uma decisão judicial continua a ser apontada como um dos principais problemas do sistema e responsável pelo descrédito dos operadores e a falta de confiança dos cidadãos. As empresas confirmam que esta morosidade cria mais entraves à sua actividade e à economia do que os impostos e até a obtenção de crédito. Só mesmo a crise económico, afiançam, causa mais preocupação que o "mau funcionamento da justiça".

Em declarações ao Diário Económico, fonte oficial do Ministério da Justiça descarta, contudo, esta possibilidade, lembrando que ela não está prevista no projecto da reorganização judiciária. Esta fonte explica que o que "faz sentido" é que os tribunais que existem actualmente dêem uma resposta rápida às solicitações das empresas. E acrescenta: "É essa a aposta do nosso trabalho".

A batalha judicial da empresa Kyaia

A Kyaia, o maior grupo de calçado português, tem a correr no tribunal um processo contra as empresas Seaside e Bianca há mais de dois anos por cópia de modelos da sua marca própria Fly London. Para Fortunato Frederico, presidente da Kyaia, a decisão judicial é demasiado lenta, o que acaba por beneficiar os prevaricadores. "Os processos deste género, que não implicam crime, ofensas corporais, deviam ter um julgamento rápido, que demonstrasse que não vale a pena copiar", diz o empresário. Os custos do processo não são relevantes para o grupo Kyaia. 0 tempo perdido na justiça e os prejuízos que derivam da cópia dos modelos tardam é a resolverse. "A justiça tem de ser mais rápida para certo tipo de abusos, o tribunal deveria decidir rapidamente o valor da indemnização e obrigar a pagar", salienta Fortunato Frederico. Para o empresário, a morosidade da justiça é um problema para a actividade das empresas. S.S.P.

TRÊS PERGUNTAS A...

NUNO GAROUPA

Investigador e coordenador do estudo sobre "Justiça Económica"

"É preciso juizes especializados em litígios económicos

Nuno Garoupa diz que 2013 ainda não será o ano em que a Justiça estará ao serviço da economia.

- Que tipo de conflitos complexos é que ficariam a cargo deste tribunal especializado?

- Este tribunal já existe em Dublin e é um sistema em que os conflitos económicos complexos saem dos tribunais comuns porque exige-se um maior conhecimento económico. Estamos a falar de grandes negócios entre empresas ou com o Estado em que os contratos incluem instrumentos financeiros complexos, como 'project finance'. Ou de conflitos no campo das PPP. Não temos juizes especializados nestes grandes conflitos económicos e é necessário ter.

- É possível aplicar este sistema em Portugal?

- Já esteve em cima da mesa a criação de um tribunal mas a ideia foi abandonada. Basta reorganizar as varas cíveis de Lisboa e Porto, onde estão estes litígios.

- Vai ser este ano que a Justiça muda e fica ao serviço da economia?

- Ainda não, os problemas vão continuar por muitos anos, embora as reformas em curso tragam algumas melhorias. Muitas das propostas das empresas não têm acolhimento neste código de processo civil. I.D.B.

Estreia da Procuradora e despedida de Noronha

Será a primeira vez que Joana Marques Vidal, nomeada em Outubro como nova Procuradora Geral da República, falará numa cerimónia de abertura do ano judicial. Em contrapartida, Noronha do Nascimento intervirá pela última vez. 0 presidente do Supremo Tribunal de Justiça atinge o limite de idade a 2 de Dezembro e deverá abandonar antes o cargo.

Magistrados em protesto contra Governo

Os magistrados do Ministério Público estão a mobilizar-se para aparecem hoje nas instalações do Supremo Tribunal de Justiça, onde decorre a cerimónia de abertura do ano judicial, vestidos de beca. Uma forma simbólica de protesto contra a forma como o Governo está a consolidar as contas públicas. Na óptica dos magistrados, violando a Constituição.

Marinho Pinto está de saída e voltará ao discurso político

Marinho Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados, que mantém há muito uma relação tensa e conflituosa com a ministra da Justiça, será hoje o primeiro a discursar e fará, de novo, um discurso marcadamente político e crítico para Governo e juizes. Marinho cumpre o último ano como bastonário. A campanha para eleições na Ordem já está no terreno. Reformas estão para aprovação no Parlamento Aquelas que são tidas como as duas principais reformas já estão no Parlamento para aprovação e farão parte, certamente, dos discursos que hoje serão feitos no STJ, nomeadamente do Presidente da República e Ministra. O Código de Processo Civil e o novo Mapa Judiciário vão marcar o mundo judiciário em 2013 e 2014.
Diário Económico, 30-01-2013

Casa da Supplicação


PRISÃO PREVENTIVA
PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA
DUPLA CONFORME
CONTAGEM DE PRAZO
I - O art.º 215.º, n.º 6, do C. P. Penal, ao dispor que o prazo da prisão preventiva se eleva “para metade da pena que tiver sido fixada”, está a reportar-se à pena que o arguido irá, plausivelmente, cumprir no futuro, caso transite em julgado a condenação.
II - Com efeito, a razão de ser da lei, ao alargar desmesuradamente (nalguns casos) o prazo máximo da prisão preventiva, encontra-se na relativa estabilização da situação prisional que a dupla conforme condenatória faz presumir, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença, pois, ou já não há lugar a mais recursos ordinários, ou, havendo-o, só se podem suscitar questões de direito e os factos consideram-se, por regra, definitivamente fixados.
III - Essa presumível estabilização da condenação autoriza o prolongamento da prisão preventiva até à altura em que poderia haver o benefício da liberdade condicional, caso o condenado estivesse no cumprimento da pena. Ora, o cumprimento da pena, quando se executar, far-se-á pela pena única fixada e não por uma das penas parcelares aplicadas ao concurso de infrações.
IV - Por isso, quando se proceda por «concurso de crimes», é necessário, para que se prolongue o prazo da prisão preventiva, que o mesmo envolva um dos crimes que autorizam essa medida coativa – o que é uma condição imprescindível para que se mantenha, nos termos do art.º 202.º do CPP - mas, logo que haja confirmação da condenação, em recurso, o prazo máximo da prisão preventiva eleva-se para metade da pena única que tiver sido fixada e não da pena parcelar aplicada ao crime que justificou a aplicação dessa medida de coação.
Ac. do STJ de 30-01-2013
Proc. n.º 10/13.8YFLSB
Relator: Conselheiro Santos Carvalho
Juiz Conselheiro Adjunto: Rodrigues da Costa
Juiz Conselheiro Presidente da Secção: Carmona da Mota

Casa da Supplicação


RECURSO DE REVISÃO
NOVOS FACTOS
NOVOS MEIOS DE PROVA
DESTRUIÇÃO DA PROVA REGISTADA

I - No presente recurso extraordinário de revisão de sentença condenatória transitada em julgado, é irrelevante que já não existam, por terem sido entretanto destruídos, os registos em suporte áudio da prova produzida no julgamento, pois não será necessário confrontar a nova prova agora produzida com qualquer outra recolhida anteriormente.
II - De resto, nunca a destruição desses suportes áudio levaria à anulação do julgamento e à reabertura da audiência, pois seria uma (alegada) “nulidade processual” cometida depois do trânsito em julgado da condenação e que, portanto, não afetaria a eficácia da mesma.
III - Por outro lado, se a nova prova agora produzida pelo recorrente suscitasse dúvidas sobre a justiça da condenação, a destruição dos suportes áudio do julgamento em 1ª instância seria favorável ao condenado, já que, não se podendo confrontar tal nova prova com a anterior, a dúvida beneficiá-lo-ia e mais facilmente poderia obter a autorização para um novo julgamento.
IV - Contudo, o depoimento das testemunhas agora inquiridas mostra-se inconclusivo e sem utilidade, pelo que não é de autorizar a revisão.
Ac. do STJ de 30-01-2013
Proc. n.º 544/96.7JATMR-A1.S1
Relator: Conselheiro Santos Carvalho
Juiz Conselheiro Adjunto: Rodrigues da Costa
Juiz Conselheiro Presidente da Secção: Carmona da Mota

terça-feira, 29 de janeiro de 2013

O admirável mundo novo: na senda da irrelevância da ordem jurídica

Por António Cluny, publicado em 29 Jan 2013, i

A expressão deste “pensamento” não resulta já da reflexão sobre a complexidade do sistemajurídico e da sua relação com a vida político-económica, que o cria, condiciona e modifica
A discussão sobre o valor que a Constituição encerra para a vida e para os destinos dos portugueses e do país tem revelado o grau de “colonização” dos nossos intelectuais – neles se incluindo alguns juristas – por um estilo de pensamento e expressão efémeros, mais próprios da opinião desenvolvida nas redes mediáticas instantâneas, que tanto cultivam.
O seu nível é, por conseguinte, confrangedoramente simplista, tanto do ponto de vista da elaboração da análise política, como, inclusive, jurídica, não conseguindo sequer autonomizar--se visivelmente do simples comentário radiofónico e televisivo ou de um post na net.
A expressão deste “pensamento” não resulta já da reflexão sobre a complexidade do sistema jurídico e da sua relação com a vida político-económica, que o cria, condiciona e modifica. Apenas é capaz de exprimir a justificação casuística das medidas fragmentárias com que a “política” actual sustenta um modelo económico e social que, não se sabendo já como e para onde se move, sobreviveu, se renovou e se impõe de novo com toda a sua força bruta.
Alheados já de qualquer narrativa política coerente, desinteressados até dos fins de uma economia – antes política, mas agora só gestionária –, tais “pensadores”, que apenas podem assim ser chamados em virtude das obras que anteriormente produziram na busca de um sentido para a justiça, o direito, a lei e o uso transformador que deles queriam fazer num quadro democrático e que a vontade de um povo (soberano no seu país) exigia; tais “pensadores”, dizia, pretendem relativizar e enquadrar agora a Constituição na esquadria maleável de um “direito” global, espontâneo e não sistémico, que os mercados, ou algumas instituições internacionais (por eles) produzem, rapidamente volatilizam e ininterruptamente reconstroem.
Tais comentários sobre o “valor” da Constituição face à “crise” e às medidas que supostamente a hão-de combater, poderão, parodicamente, inspirar-se, assim, na expressão crítica de Gunther Teubner (2010): “Tomando em consideração a pluralidade descoordenada de órgãos de decisão jurídica organizados descentralizadamente, a pergunta sobre qual a norma aplicável só pode ser respondida, agora de maneira inequívoca, quando se tenha decidido o caso concreto.”
Bloqueados num vazio de princípios e objectivos vitais, entendem por isso hoje que a Constituição não se destina afinal a orientar a acção política corrente e a contê-la nos trilhos desejados pela comunidade que a celebrou como pacto social essencial, antes servirá para a “justificar” perante ela.
Segundo o mesmo autor, acontece que assim “O limite entre o legal e o ilegal fixa-se (necessariamente) ‘de forma arbitrária’, sem uma adequada fundamentação científica. Ao mesmo tempo, os aspectos políticos, morais e económicos adquirem um enorme peso.”
Não admira, pois, que “inovações jurídicas”, moldadas em conceitos mediático-políticos, como é o caso recente do chamado “estado de emergência económica”, possam ser consideradas “realidades jurídico-constitucionais” válidas no debate “jurídico-científico” actual, assumindo-se mesmo como justificativas ilimitadas das soluções concretas determinadas pelos mercados e por aqueles que, nacional ou internacionalmente, agem “politicamente” no seu interesse.
Só que esta relativização da Constituição e da lei conduzirá, mais cedo do que tarde, à irrelevância da própria ordem jurídica, com todos os problemas sociais – e também económicos – que daí inevitavelmente decorrerão.
Jurista e presidente da MEDEL

Justiça territorial, já

PAULO RANGEL 

Público - 29/01/2013 - 00:00
A experiência mostra que um dos efeitos mais comuns da austeridade é o reforço inusitado do centralismo
1. A Região Norte é a região mais pobre de Portugal e uma das mais pobres da Europa. Vou escrever isto outra vez: a Região Norte é a região mais pobre de Portugal e uma das mais pobres da Europa. Vou escrever isto uma terceira vez: a Região Norte é a região mais pobre de Portugal e uma das mais pobres da Europa.
2. Há muitas e boas razões para defender a equidade territorial. Há razões de justiça, de justiça para com os portugueses, não os dividindo em cidadãos de primeira e de segunda, num mirífico Portugal a várias velocidades. Razões de justiça, portanto. Há também razões de estratégia e geopolítica. Um território desequilibrado e desguarnecido, acantonado num "mega-centro" urbano, está mais exposto e é francamente vulnerável, não resistindo às ameaças perenes. Razões políticas, por conseguinte. Há ainda razões económicas e ecológicas. Um espaço de grandes diferenças e grossas assimetrias gera tensões sociais, fomenta distorções de recursos, promove desregulações agrícolas, florestais e ambientais. Subsistem razões económicas e razões ecológicas, com efeito. Há razões de qualidade de vida. A concentração excessiva faz do quotidiano do centro um inferno nada palpitante e deixa o dia-a-dia das periferias numa rotina rasteira e entediante. Há puras razões de qualidade de vida, afinal. Há razões de credibilidade europeia e internacional. Não se pode ser o arauto da coesão e da solidariedade em Bruxelas, usando para tanto as estatísticas das regiões nacionais mais deprimidas, e coetaneamente fomentar uma descarada concentração de recursos, que alimenta a divergência no seio do todo nacional. Há razões de ética e credibilidade, enfim.
3. Há, na verdade, razões da mais variada índole para defender e pôr em prática um desígnio e um programa de justiça territorial. Mas a crise, a profunda crise que vivemos, é hoje o argumento - o argumento principal, o argumento de tomo - para propor, pedir, reivindicar e exigir justiça territorial.
O actual Governo tem, com grande incompreensão e com atendível insatisfação, executado um duríssimo programa de austeridade e sacrifício. Tem, muitas vezes acossado com o labéu de professar uma ideologia "assistencialista" e "caritativa", tentado poupar o mais possível as camadas mais fragilizadas da população. Na realidade, compelido a distribuir e dispersar os enormes sacrifícios até aos umbrais da mais baixa das classes médias, o Governo tem sistematicamente procurado não tocar os estratos mais pobres, que são, como todos sabemos, verdadeiramente pobres.
Este princípio de acção, válido para a esfera atomística da justiça familiar e individual, não pode deixar de prevalecer também na dimensão mais estrutural do território. Um Governo que pretende salvaguardar as franjas mais desprotegidas da população não pode, pura e simplesmente, ignorar a sua inserção espacial ou territorial. Uma política de distribuição da austeridade que faça tábua rasa da dimensão territorial acaba por atingir duplamente os mais pobres, os mais carenciados. Não pode haver uma justa distribuição dos sacrifícios que ignore ou despreze a prevalência regional da pobreza.
4. A experiência - aí incluída a experiência portuguesa - mostra que um dos efeitos mais comuns dos programas de austeridade é o reforço inusitado do centralismo. Por um lado, porque os centros de poder avocam a si as mais ínfimas e irrelevantes decisões, na ânsia de tudo frenar e controlar. Por outro lado, porque, desconhecendo as realidades locais e regionais, tudo o que por ali mexa lhes parece despiciendo e dispensável. Em muitas situações, as decisões de paralisia e corte revelam-se contraproducentes, pois o acréscimo de burocracia central e a desvitalização das economias locais são amiúde fonte de mais despesa, lá onde centralmente se supunha residir uma choruda bolsa de poupança.
Acresce a esse efeito "automático", nem sempre voluntário, que não falta quem aproveite a conjuntura de escassez e de rigor para, com esse preciso pretexto, legitimar a visão centralista e unipolar que sempre teve. A invocação da contingência de austeridade e contenção orçamental serve, pois, de justificação exemplar para levar a efeito o enfraquecimento e o desmantelamento dos mais diversos pólos de afirmação regional e local.
5. É por causa deste pano de fundo que, em matéria de equidade territorial não podemos baixar os braços. É preciso pedir e exigir justiça territorial.
Primeiro, porque a falta de critérios territoriais de distribuição dos sacrifícios origina um duplo gravame para os cidadãos das regiões mais pobres. Não é a mesma coisa cortar 10% numa região cujos índices, em termos de PIB, apontam para 100% da média europeia ou numa região cujos índices pouco excedem os 60%. Não está em jogo, como é óbvio, tratar diferentemente cidadãos em circunstâncias idênticas, só por causa da sua proveniência regional. Trata-se, isso sim, de não tratar as regiões - no que aos factores estruturais de desenvolvimento e atracção diz respeito - por igual, quando elas apresentam enormes disparidades em sede de progresso económico e social. Eis o que explica bem o caso das portagens, da RTP, do porto e aeroporto, da Casa da Música, a norte do país.
Segundo, porque a alteração estrutural da despesa que agora se prepara, com base nos relatórios pedidos ao FMI e à OCDE, não pode deixar de incorporar uma visão quanto ao desenvolvimento regional e à coesão territorial. Eis uma oportunidade única para fazer política em ordem à justiça territorial.
Talvez a maioria dos decisores ainda não se tenha dado conta. Mas quem vive e respira fora do centro já percebeu. Chegou o tempo da justiça territorial. Agora. Já.
Eurodeputado (PSD). Escreve à terça-feira paulo.rangel@europarl.europa.eu