Laboratório de Polícia Científica

Desconhece-se se o Inspector-Geral dos Serviços da Justiça teria entregue à Dra. Celeste Cardona o relatório de uma inspecção realizada à Polícia Judiciária há cerca de um ano, ou se reservou a surpresa para o Dr. Aguiar Branco.
direitos está curioso em saber o que se diz no relatório sobre o Laboratório de Polícia Científica, estrutura com certeza avaliada naquela inspecção.
Ao longo dos anos, com cabal impunidade, aquele Laboratório, integrado na Polícia Judiciária, tem sido causa de atrasos processuais lamentáveis discretamente escondidos dos cidadãos.
Sem capacidade de resposta nas suas atribuições, está agora em rota de colisão com o Instituto de Medicina Legal, urgindo esclarecer a situação em nome da transparência e da eficácia.
A Inspecção-Geral dos Serviços da Justiça procede, actualmente, a uma avaliação à organização e ao desempenho do Instituto de Medicina Legal.
Espera-se que o relatório não venha a demorar e que tenha a coragem de se debruçar sobre a articulação daqueles dois serviços.
In direitos

Remuneração dos mediadores dos julgados de paz

Pelo Despacho n.º 15 353/2004, de 2004-06-24, do Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Justiça, publicado no DR 178 SÉRIE II de 2004-07-30, são estabelecidas novas regras de fixação da remuneração dos mediadores dos julgados de paz.

Justiça

Justiça (1986), de Raquel Martins (1961)

Princípios Orientadores Relativos à Função dos Magistrados do Ministério Público

A propósito da liberdade de expressão e de associação dos magistrados do Ministério Público, o Incursões divulga os importantes Princípios Orientadores Relativos à Função dos Magistrados do Ministério Público, adoptados pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de Agosto a 7 de Setembro de 1990, cuja actualidade se mantém.

Legislação do dia

Lei n.º 34/2004. DR 177 SÉRIE I-A de 2004-07-29 – Assembleia da República: Altera o regime de acesso ao direito e aos tribunais e transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/8/CE, do Conselho, de 27 de Janeiro, relativa à melhoria do acesso à justiça nos litígios transfronteiriços através do estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no âmbito desses litígios

Lei n.º 35/2004. DR 177 SÉRIE I-A de 2004-07-29 – Assembleia da República: Regulamenta a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou o Código do Trabalho

Decreto-Lei n.º 182/2004. DR 177 SÉRIE I-A de 2004-07-29 – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: Transpõe para a ordem jurídica nacional as Directivas n.os 2003/113/CE, de 3 de Dezembro, 2003/118/CE, de 5 de Dezembro, e 2004/2/CE, de 9 de Janeiro, da Comissão, que alteram a Directiva n.º 86/363/CEE, do Conselho, de 24 de Julho, relativa à fixação de teores máximos para os resíduos de pesticidas à superfície e no interior dos géneros alimentícios de origem animal, alterando o Decreto-Lei n.º 51/2004, de 10 de Março

Decreto-Lei n.º 183/2004. DR 177 SÉRIE I-A de 2004-07-29 – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: Transpõe para a ordem jurídica nacional as Directivas n.os 2004/31/CE e 2004/70/CE, ambas da Comissão, respectivamente de 17 de Março e de 28 de Abril, relativas às medidas de protecção fitossanitária destinadas a evitar a introdução e dispersão de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais na Comunidade, e a Directiva n.º 2004/32/CE, da Comissão, de 17 de Março, que reconhece zonas protegidas na comunidade expostas a riscos fitossanitários específicos, e altera os anexos I a VI do Decreto-Lei n.º 14/99, de 12 de Janeiro

Decreto-Lei n.º 184/2004. DR 177 SÉRIE I-A de 2004-07-29 – Ministério da Educação: Estabelece o regime estatutário específico do pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário

Decreto-Lei n.º 185/2004. DR 177 SÉRIE I-A de 2004-07-29 – Ministério da Saúde: Aprova o regime jurídico aplicável às alterações dos termos das autorizações de introdução no mercado de medicamentos veterinários farmacológicos concedidas ao abrigo de procedimentos não abrangidos pelo ordenamento jurídico comunitário e a sua tipologia, bem como os pressupostos necessários à sua autorização

Legislar sobre el aborto

El tema del aborto es un caso concreto de cómo el comportamiento de los ciudadanos, cuando se refiere a aspectos importantes de la vida, es objeto de la legislación del Estado, el cual, como velador del Bien Común, trabaja por evitar toda suerte de arbitrariedad, subjetivismo o dogmatismo. Y, para llegar a tal efecto, es bueno que surja el debate y se expliciten las posturas con sus diversos argumentos. Porque en este asunto, aparte razones, hay prejuicios y apriorismos. La verdad no es de nadie, es decir, no la posee nadie, sino que ella, como sinónimo de realidad, "nos puede y se nos impone a todos". La cuestión está en que, cuando de realidad se trata, nos acercamos a ella, más que para verla, para cubrirla con el manto de lo que nosotros pensamos de ella.

¿Cuál es, pues, la verdad real del aborto?

Yo estoy convencido de que, en este punto, puede haber un acuerdo racional, científico y ético político, porque la base de que disponemos para entrar en esa "realidad" es común a todos. Siempre me parecieron certeras las palabras del insigne teólogo E. Schillebeekx: "En lo que respecta a la homosexualidad, no existe una ética cristiana. Es un problema humano, que debe ser resuelto de forma humana. No hay normas específicamente cristianas para juzgar la homosexualidad". Y lo que dice sobre la homosexualidad puede aplicarse igualmente al aborto. Se trata de un problema humano, del que no se ocupa la Biblia y al que hoy podemos acercarnos por la puerta de la ciencia, de la filosofía y de la ética. Se trata simplemente de saber cuándo, en el desarrollo evolutivo del embrión, hay una vida humana.

Digo que la puerta para llegar a la realidad está abierta para todos; también para los que se profesan creyentes y, en nuestro caso, especialmente creyentes católicos. La fe, del tipo que sea, no sirve aquí para resolver el problema del aborto. "No está en el ámbito del Magisterio de la Iglesia el resolver el problema del momento preciso después del cual nos encontramos frente a un ser humano en el pleno sentido de la palabra" (Bernhard Häring, autor de la famosa La ley de Cristo, célebre y acaso el más reconocido moralista en la Iglesia católica).

No vale salir aquí diciendo que los católicos poseemos una ética distinta o superior que nos coloca por encima de la ética común. La Iglesia católica ha defendido siempre -y es de loar- la vida del prenacido. Pero, antes de llegar a las valoraciones, hay que señalar el contorno preciso de esa realidad. La Iglesia católica, en opinión de grandes teólogos como el mencionado, no tendría respuesta propia para una cuestión cuya solución pertenece a las ciencias humanas. Los católicos, al tratar del aborto, deben asumir y ratificar como parte del anuncio evangélico las verdades científicamente avaladas, aun cuando luego puedan reforzar y potenciar la estima de la vida desde otras perspectivas o motivaciones. La ciencia y la fe están "una y otra al servicio de la única verdad" (mensaje del concilio a los hombres del pensamiento y de la ciencia). Y cuando no se cumple ese servicio es porque es falsa ciencia o es falsa fe. Ciertamente, los católicos han defendido -y siguen haciéndolo- con especial énfasis el derecho a la vida del prenacido, pero el énfasis se ha convertido en exceso al haberlo hecho "desde el primer instante de la fecundación", lo cual no deja de ser una teoría discutida y discutible, no un dogma. De hecho, siempre existieron teorías diferentes (teoría de la animación sucesiva, defendida por Santo Tomás, y teoría de la animación simultánea, defendida por San Alberto Magno) sobre el momento de constitución de la vida humana.

El Concilio Vaticano II, al tratar el tema de la cultura, dirimió una cuestión secular que arrastraba la conciencia católica: reconoció la autonomía e inviolabilidad del saber humano, una autonomía que no era reconocida de hecho, pues se suponía que la Iglesia tenía autoridad para interpretar las verdades incluso de la ética natural. La lección histórica debiera servir para distinguir entre lo que es la fe y lo que son los conceptos que la misma Iglesia -en épocas pasadas, hegemónicamente- utilizaba como vehículo de conocimiento y explicación. Una cosa es la explicación cultural del momento y otra la verdad de la realidad revelada. Nadie hoy queda perturbado en su fe porque la Tierra gire alrededor del Sol (cosa que al científico Galileo no se le permitía afirmar en nombre de la fe), ni porque no acepte la visión de una cosmología antigua, o acepte la teoría de la evolución de las especies o niegue la interpretación literal de la Biblia hasta aceptar el método histórico-crítico y no haga profesión del juramento antimodernista tal como lo impuso en 1910 Pío X a todo profesor de seminario.

Otro aspecto de la cuestión se reduce a fijar los términos del problema: ¿cuándo, en el desarrollo del embrión, podemos hablar de una vida humana constituida? ¿Cuál es el estatuto epistemológico del aborto?

Podríamos resumir las posiciones respecto a esta cuestión en dos: las teorías antiguas que se apoyan en el hecho de que un embrión lo es por la clave genética de sus 46 cromosomas, que contendría y caracterizaría toda su posterior evolución, el desarrollo del embrión sería un proceso continuo, pues estaría en él desde el comienzo toda la potencialidad de su desarrollo; y las teorías más modernas que reconocen como factor determinante del embrión los genes, pero no bastarían ellos para constituir un individuo humano, es decir, una estructura clausurada, suficiente, que se convertiría en realidad sustantiva. Además de los genes, se necesitan otros factores extragenéticos -las hormonas maternales, los externamente operativos- para que la realidad del embrión pueda activarse y completarse. Sólo a las ocho semanas esa realidad pasaría a ser sujeto humano, con una sustantividad propia, capaz de regir y asegurar todo el desarrollo posterior.

Esta teoría se opone a las que podríamos llamar preformacionistas, precisamente porque deja a un lado una visión más bien mecanicista u organicista de la biología. Y es que, como escribe el catedrático Diego Gracia, "en biología aún no se ha producido la revolución de pensamiento que se produjo a propósito de la física". No obstante, los enfoques reduccionistas de la genética o de la embriología han quedado hoy superados por el enfoque de la biología molecular, la cual integra uno y otro para determinar el momento constitutivo de la individuación humana.

Desde este nuevo enfoque, se afirma que el genoma no es substancia al modo aristotélico, no es sujeto humano. Se habla más bien de una nueva sustantividad humana al modo de una estructura clausurada, integrada por el genoma y otras estructuras celulares: "La mentalidad clásica, que sobrevalora el genoma como esencia del ser vivo, de tal manera que todo lo demás sería mero despliegue de las virtualidades allí contenidas, es la responsable de que la investigación biológica se haya concentrado de modo casi obsesivo en la genética, y haya postergado de modo característico el estudio del desarrollo, es decir, la embriología. Este estado de cosas no ha venido a resolverlo más que la biología molecular. La biología molecular ha llevado a su máximo esplendor el desarrollo de la genética, en forma de genética molecular. Pero, a la vez, ha permitido comprender que el desarrollo de las moléculas vivas no depende sólo de los genes" (Ética de los confines de la vida, III, página 106).

El aserto clásico de que "todo está en los genes" se hizo en detrimento de los factores morfológicos y espaciales, tan importantes en el desarrollo del embrión. La biología molecular sostiene que el embrión requiere tiempo y espacio para la maduración de su sistema neuroendocrino y no se halla constituido desde el primer momento como realidad sustantiva. Los genes no son una miniatura de persona. Tanto para el desarrollo como para la ética del embrión, la información extragenética es tan importante como la información genética, la cual es también constitutiva de la sustantividad humana y la constitución de esa sustantividad no se da antes de la organización (organogénesis) primaria e incluso secundaria del embrión, es decir, hasta la octava semana.

Quiere esto decir que, si la individualidad es nota irrenunciable de la sustantividad, el embrión antes de ésta, su constitución como sustantividad, realiza una organización constituyente, pero no tiene sustantividad propia, sino que es parte de la sustantividad de la madre y, por lo tanto, no es sujeto humano.

La conclusión parece ser que la sustantividad es la única que permite que el feto -fase posterior al embrión de las ocho semanas- contenga todas las potencialidades posteriores. Dichas potencialidades sólo pueden brotar de una realidad constituida. Cito de nuevo al profesor Diego Gracia: "Trabajos como los de Byme y Alonso Bedate hacen pensar que el cuándo (de la constitución individual) debe acontecer en torno a la octava semana del desarrollo, es decir, en el tránsito entre la fase embrionaria y la fetal. En cuyo caso habría que decir que el embrión no tiene en el rigor de los términos el estatuto ontológico propio de un ser humano, porque carece de suficiencia constitucional y de sustantividad, en tanto que el feto sí lo tiene. Entonces sí tendríamos un individuo humano estricto, y a partir de ese momento las acciones sobre el medio sí tendrían carácter causal, no antes" (ídem, páginas 130-131).

Lógicamente, quien siga esta teoría puede sostener razonablemente que la interrupción del embrión antes de la octava semana no puede ser considerada atentado contra la vida humana, ni pueden considerarse abortivos aquellos métodos anticonceptivos que impiden el desarrollo embrionario antes de esa fecha. Esto es lo que, por lo menos, defienden no pocos científicos de primer orden (Diego Gracia, A. García-Bellido, Alonso Bedate, J. M. Genis-Gálvez, etcétera).

La teoría expuesta modifica notablemente otros puntos de vista y establece un punto de partida común para entendernos, para orientar la conciencia de los ciudadanos, para fijar el momento del derecho a la vida del prenacido y para legislar con un mínimo de inteligencia, consenso y obligatoriedad para todos.

BENJAMÍN FORCANO (teólogo)
EL PAÍS - Opinión - 28-07-2004

Legislação do dia

Lei n.º 33/2004. DR 176 SÉRIE I-A de 2004-07-28 – Assembleia da República: Colocação de protecções nas guardas de segurança das vias de comunicação públicas, integradas ou não na rede rodoviária nacional, contemplando a perspectiva da segurança dos veículos de duas rodas

Conselho Consultivo do Ministério Público

Parecer n.º 163/2003, de 2004-05-20
Comissão de fiscalização - Extinção - Lei medida - Revisor oficial de contas - Mandato - Caducidade - Cessação antecipada - Direito a indemnização - Responsabilidade civil do Estado - Entidades públicas empresariais.
1.ª Na falta de regime jurídico expresso que regule a cessação das funções dos membros das comissões de fiscalização do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado, aplicam-se, subsidiariamente, as normas das sociedades anónimas, por força do estatuído nos conjugados artigos 3.º do Decreto-Lei n.º 245/97, de 18 de Setembro, 3.º do Decreto-Lei n.º 88/98, de 3 de Abril, e 27.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro.
2.ª Nesse quadro legal, os membros do conselho fiscal ou o fiscal único só podem ser destituídos, pela assembleia geral, com justa causa, nos termos do disposto no artigo 419.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais, ao contrário dos administradores, que podem ser destituídos ad nutum.
3.ª A cessação de funções, fora das condições previstas na conclusão anterior, confere o direito a uma indemnização destinada a compensar a perda da expectativa de exercício do mandato até final, que tem como medida o valor correspondente às remunerações vincendas até ao termo do mandato, e deverá ter em conta se tal expectativa foi de alguma forma compensada pela criação de novas relações de conteúdo económico, tudo nos termos das disposições conjugadas dos artigos 2.º e 419.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais, e 987.º, n.º 1, e 1172.º, alínea c), do Código Civil.
4.ª À interrupção do mandato dos membros do órgão de fiscalização, em consequência da extinção ou da transformação da empresa, aplica-se o disposto nas conclusões anteriores, mesmo quando a Administração corporiza esta decisão num acto formalmente legislativo.
5.ª A extinção ope legis das comissões de fiscalização da Companhia Nacional de Bailado e do Teatro Nacional de São Carlos tem como consequência necessária a caducidade do mandato dos membros que integrem tais órgãos e, se ocorrida antes do termo normal do mesmo, constitui facto determinante da atribuição de uma indemnização, nos termos das conclusões 1.ª a 3.ª
6.ª A indemnização eventualmente devida aos membros das comissões de fiscalização pela cessação antecipada das funções, incluindo o revisor oficial de contas, deve ser calculada tendo em consideração os critérios constantes da conclusão 3.ª
In DR 176 SÉRIE II de 2004-07-28

Aguiar Branco promete mapa judicial

O ministro da Justiça, José Aguiar Branco apresentou ontem a revisão do mapa judicial, a formação de magistrados e o lançamento de bases para uma "mudança de paradigma" do Processo Civil, como os três novos desafios do Ministério da Justiça.
O ministro declarou que pretende "continuar, complementar e desenvolver" o programa do anterior Governo. Nesse sentido, o Ministério da Justiça dará seguimento às reformas do sistema prisional e da acção executiva, à privatização do notariado e à informatização do sistema judicial.
José Aguiar Branco comprometeu-se a ter a revisão do mapa judicial pronta em 2006. O ministro anunciou que o projecto será objecto de uma comissão que irá levar a cabo o estudo dos recursos humanos existentes e a avaliação das possibilidades de recursos financeiros.
O deputado socialista Jorge Lacão acusou o ministro de repetir os temas da ministra do Governo anterior, Celeste Cardona. O deputado socialista atribuiu o projecto da revisão do mapa judicial à ex-ministra, e considerou que o contributo de José Aguiar Branco se resumiu a "deslizar o calendário de 2005 para o final de 2006".
In Público

Constituição Europeia

Os Chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegaram a um acordo sobre a Constituição Europeia no Conselho Europeu de 18 e 19 de Junho.
Pode ver-se aqui, em inglês, a versão consolidada provisória do Tratado que institui uma Constituição para a Europa.
Recorda-se que a Constituição deverá ainda ser traduzida para todas as línguas oficiais, assinada pelos Chefes de Estado e de Governo (provavelmente em Outubro ou Novembro de 2004) e ratificada por todos os Estados-Membros de acordo com as respectivas normas constitucionais (aprovação pelo Parlamento e/ou referendo).
A Constituição só entrará em vigor depois de ter sido ratificada por todos os Estados-Membros.
Resumo do acordo relativo ao Tratado Constitucional: em inglês ou francês.

Legislação do dia

Lei Constitucional n.º 1/2004. DR 173 SÉRIE I-A de 2004-07-24 – Assembleia da República: Sexta revisão constitucional

Portaria n.º 906/2004. DR 174 SÉRIE I-B de 2004-07-26 – Ministério das Finanças: Aprova a estrutura nuclear da Direcção-Geral da Administração Pública, as respectivas competências, bem como a dotação máxima das unidades orgânicas flexíveis

Il faut tout repenser la loi et la prison

Faz hoje vinte e cinco anos que morreu essa grande figura intelectual dos anos 60 e 70, Michel Foucault, quando tinha 58 anos de idade.
Para recordá-lo, aqui fica um texto seu, publicado no Liberation, em 5 de Julho de 1981.

Il faut tout repenser la loi et la prison

Les transformations politiques, en France, on aime les vivre comme des changements de régime. Contrecoup d'une attitude générale de la classe politique : pour elle, exercer le pouvoir, c'est en hériter par une nécessité de l'Histoire, et c'est le conserver comme un droit naturel. Conséquence aussi du cher grand vieux modèle de la Révolution : le changement par excellence, celui dont on rêve et le seul qui vaille vraiment la peine, c'est le renversement de l'Ancien Régime.
Or, les nouveaux régimes, on le sait, ouvrent les prisons - bastilles - des souverains précédents. Ne nous étonnons pas de la poussée de fièvre qui a lieu actuellement dans les prisons et autour d'elles. Ni des rêves qui se sont, un instant, allumés : «On doit, on va libérer tout le monde.» Ils sont une partie de notre imaginaire politique commun. Mais dans le mouvement important, sérieux, réfléchi qui s'est développé à Fresnes, à Fleury, à Bois-d'Arcy, etc., on aurait tort de ne voir que l'écho enfermé et utopique d'une réalité extérieure plus mesurée. La prison marginalise ? Sans doute. Mais cela ne veut pas dire que la pénalité soit une institution marginale dans la société. Le droit de punir, comme celui de faire la guerre, est un des plus importants et des plus discutables : je veux dire à tout le moins qu'il mérite à chaque instant d'être discuté. Il fait trop régulièrement appel à l'usage de la force, et il repose trop profondément sur une morale implicite pour ne pas devoir l'être, avec attention et âpreté.
Il y a des mesures immédiates à prendre. Elles seraient de l'ordre de la conjoncture ; mais elles auraient une portée générale et une valeur d'engagement. Il s'agirait en somme d'éliminer tout ce qui est abus de droit sur la manière dont on applique la loi. Abus exceptionnels, bien sûr, mais aussi et surtout abus coutumiers ou mieux institués. Abus de droit, la pratique courante et la détention préventive (40 % des 42 000 détenus le sont actuellement à titre préventif). Abus de droit, les QHS et la manière dont ils fonctionnent comme prisons d'exception. Abus de droit, les punitions décidées par l'administration pénitentiaire elle-même, sans qu'il y ait ni contrôle ni défense. Abus de droit, toutes suppressions de droit au-delà de la simple privation de liberté prévue par la loi.
Mais ensuite - ou plutôt tout de suite -, il s'agit de tout reprendre à la base. Ce n'est pas qu'on n'ait pas songé depuis longtemps à réformer. Tantôt le code, tantôt les institutions pénitentiaires. Mais, précisément, l'insuffisance - donc le danger - est là, dans cette politique du couteau de Jeannot : un coup le manche, un coup la lame.
Il y a d'un côté l'«idéalisme» de la loi, ou sa pudibonderie : elle connaît ce qu'elle interdit et les sanctions qu'elle prévoit ; mais elle regarde de loin et d'un oeil impavide les institutions et les pratiques qui la mettent en oeuvre : après tout, ce que fait la police ou ce qui se passe dans les prisons n'a pas tellement d'importance, du moment que cela permet de faire respecter la loi. Quand on réforme le code, on pense aux principes de l'interdiction, non à la réalité du châtiment.
En face, il y a le «pragmatisme» de l'institution pénitentiaire : elle a sa logique ; elle a ses procédés et ses prétentions. Quand on a entrepris de la réformer, on a toujours cherché à savoir comment elle pourrait corriger ce qu'il y a dans la loi de général et de rigide : comment elle pourrait, sous la caution plus ou moins mythique de la psychologie, de la médecine ou de la psychiatrie, gérer une punition dont elle revendique pour elle seule la compétence.
Ainsi, cahin-caha, depuis plus de 150 ans ont avancé les réformes : celles de la loi qui ne veut pas savoir comme elle punit ; celles du régime pénitentiaire qui tente de se substituer au droit. Quant aux juges, j'entends aux «bons juges», ils n'ont plus qu'à courir à la fois au four et au moulin : tenter de faire valoir la loi là où on l'applique, réfléchir à la punition qu'ils imposent lorsqu'ils demandent l'application de la loi.
Il faut essayer maintenant de repenser l'ensemble : ne plus esquiver le réel, mais ne jamais accepter aucune «évidence» comme acquise.
Il ne sert à rien de définir ou de redéfinir les délits, il ne sert à rien de leur fixer une sanction, si on ne tient pas compte de la réalité de la punition : de sa nature, de ses possibilités et conditions d'application, de ses effets, de la manière dont on peut garder sur elle le contrôle. Il faut envisager en même temps et comme indissociables la législation pénale et l'institution pénitentiaire.
Mais il faut aussi s'interroger sur ce qui mérite effectivement d'être puni. Que penser des partages aujourd'hui admis entre ce qui est sanctionnable par la loi et ce qui ne l'est pratiquement pas ? Tant de précautions pour que les «moeurs» ne soient pas «outragées» ni les «pudeurs» perverties ; et si peu pour que l'emploi, la santé, le milieu d'existence, la vie ne soient pas mis en danger...
L'idée est maintenant assez communément admise que la prison est un détestable moyen de sanctionner. Il faut admettre aussi l'idée que punir est sans doute un très mauvais moyen d'empêcher un acte. Mais, surtout, il n'en faut pas conclure qu'il vaut mieux prévenir grâce à de solides mécanismes de sécurité : car ce n'est là souvent qu'une façon de multiplier les occasions de punir et de désigner à l'avance des délinquants possibles.
Ne pas multiplier le nombre des délinquants, actuels ou virtuels, comme on l'a fait si souvent sous prétexte de réforme ? Oui, bien sûr. Développer les moyens de punir en dehors de la prison et pour la remplacer ? Oui, peut-être. Mais surtout repenser toute l'économie du punissable dans notre société, et les rapports entre la puissance publique avec le droit de punir et sa mise en pratique.

Programa do XVI Governo Constitucional - JUSTIÇA

É conhecido já o Programa do XVI Governo Constitucional.

Inserida no Capítulo I - UM ESTADO COM AUTORIDADE, MODERNO E EFICAZ, encontra-se a parte relativa à JUSTIÇA:

4. JUSTIÇA
O Governo, numa linha de continuidade, desenvolvimento e aprofundamento do programa e da acção política do XV Governo Constitucional, valora como prioritária a política de justiça.
Neste contexto serão prosseguidas e aprofundadas as amplas reformas levadas a cabo pelo Executivo anterior, obedecendo a dois pilares estratégicos: um, de índole política, o outro, de natureza administrativa.
O primeiro pilar, assumidamente político, visa criar as condições para reforçar a legitimidade e a confiança em todos os patamares do sistema judicial, as quais, em virtude do crescimento exponencial da procura de tutela jurisdicional e dos mais variados factores sociológicos e até civilizacionais, se encontram fragilizadas. Neste domínio, e com integral respeito pela separação dos poderes, revestirá especial importância a acção política dirigida à concertação institucional entre todos os actores do poder judicial e do sistema de justiça.
O segundo pilar, com repercussões administrativas directas, assenta numa política que privilegiará a «celeridade» como desígnio programático. Celeridade processual, ao nível jurisdicional; celeridade procedimental, ao nível da actividade administrativa do sector da justiça. Uma parte substancial dos estrangulamentos do sistema judicial e até da sua «crise de legitimidade» resultam apenas da morosidade. Na verdade, muitos dos problemas assacados ao regime jurídico de certas matérias (processo penal, execução por dívidas, dinâmica de criação e extinção de empresas) não são mais do que sequelas da lentidão e morosidade da justiça. Todas as medidas que possam acelerar, agilizar e flexibilizar processos e procedimentos darão, pois, um contributo inestimável não só em sede de funcionamento e eficácia do sistema, mas outrossim no quadro da modernização da economia e até no plano mais fundo da legitimação da justiça portuguesa.
Os objectivos centrais do Governo são, pois, os de continuar a política de modernização da Justiça. Torná-la mais acessível aos cidadãos e mais adequada às necessidades das empresas, mais célere e ágil. Reforçar as interligações e ganhos de produtividade advindos da informatização em curso. Reformar os sectores mais obsoletos e menos adaptados às necessidades da vida moderna. Instituir normas de produtividade e de eficiência, de simplificação processual, de reforço das garantias dos cidadãos e da responsabilização do Estado pela administração da Justiça.
Assim:
- persistir-se-á na adopção de medidas de emergência destinadas a reduzir o número de pendências, avaliando e ponderando os resultados obtidos com a denominada “Bolsa de Juizes”. Na medida do possível, serão criados mais novos juízos ou secções extraordinárias e temporárias, em ordem a aliviar o serviço dos já existentes. O Governo mantém a disposição de alargar as possibilidades de recurso a assistentes judiciais;
- o Governo conservará uma enorme determinação na criação e reforço de todos os instrumentos alternativos de resolução de conflitos;
- o Governo ponderará também, em diálogo com os diferentes actores da justiça e em respeito pelas garantias constitucionais, a redução dos âmbitos de competência dos tribunais de recurso, no sentido de os reservar para os litígios de maior importância humana, económica e social. Ao que acrescerá também um programa de redefinição e requalificação do mapa judicial, visando adequar as circunscrições ao volume da chamada «procura judicial».
Para a prossecução destes objectivos, terá de se manter o enorme esforço de revisão do modelo de financiamento da justiça, tendo em conta as especificidades do sector.
Reforçar-se-á, pois, a capacidade do sistema judicial através da adopção e/ou execução das seguintes medidas:
- aumento e requalificação do parque judicial existente;
- reforço do recrutamento e da formação de novos magistrados, quer para acorrer às necessidades geradas pela criação de novos juízos ou secções, quer para preencher as vagas abertas pela instalação de novos tribunais (com especial ênfase na área da jurisdição administrativa e fiscal);
- aposta na instalação de assessorias técnicas e dos secretariados de apoio aos juízes;
- criação de mecanismos que libertem os juízes da prática de actos meramente burocráticos;
- reforço dos poderes procedimentais dos secretários judiciais;
- reforço da política de qualificação e formação contínua dos técnicos de justiça na área processual e das novas tecnologias e redefinição das exigências mínimas para preenchimento de lugares abertos nos quadros dos tribunais;
- desenvolvimento e a ultimação da informatização dos tribunais e a sua ligação em rede, entre si e aos restantes sistemas do sector da Justiça;
- continuação da reforma da acção executiva, desencadeada pelo Dec.-Lei n.º 38/2003, de 8 de Março, e por toda a legislação subsequente, submetendo-a a uma constante avaliação dos seus resultados;
- aumento dos meios de recurso a formas não jurisdicionais de composição de conflitos, incentivando a mediação, a conciliação e a arbitragem;
- implementação do projecto, já em fase adiantada de preparação, do alargamento das competências dos julgados da paz.
A qualificação do sistema de acesso à Justiça permanece um desígnio central do Governo, que aproveitará todo o esforço desenvolvido pelo anterior Executivo.
Assim, e no quadro da proposta de lei já aprovada, serão proporcionadas todas as condições que sejam necessárias ao funcionamento do Instituto de Acesso ao Direito.
Neste domínio, prosseguir-se-á o esforço de redução da complexidade do nosso quadro legislativo e, bem assim, de «democratização» do acesso à informação jurídica, designadamente através do aproveitamento da aposta no chamado «governo electrónico».
O Governo continua a considerar fundamental a modernização das áreas de administração da Justiça vocacionadas para as empresas. Haverá, pois, o maior empenho no acompanhamento do início de vigência do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas e da legislação complementar, promovendo-se as medidas regulamentares e executivas necessárias à sua boa aplicação.
Em sede de legislação económica, conservar-se-ão os trabalhos de preparação de revisão do Código das Sociedades Comerciais e do Código do Registo Comercial.
Preconiza-se ainda a consolidação e desenvolvimento da experiência dos tribunais de comércio, de molde a torná-los gradualmente no foro especializado para as questões de natureza económica.
No que se refere ao funcionamento do sistema de justiça, o Estado Português não se pode eximir da sua responsabilidade perante o seu defeituoso funcionamento, matéria que já deu origem a variadas condenações no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Renovará, por isso, as iniciativas legislativas que se mostrem adequadas a este efeito.
O Governo considera necessário fazer avançar a reforma do regime de responsabilidade civil do Estado por actos praticados pelos seus órgãos, serviços ou agentes, pelo que, com base na proposta existente e no amplo debate entretanto travado, promoverá as cabidas iniciativas legislativas.
Estando já em vigor a profunda reforma do contencioso administrativo e sendo possível fazer uma primeira avaliação do seu impacto, o Governo empenhar-se-á em dotar os respectivos tribunais dos meios humanos e logísticos indispensáveis ao seu cabal e regular funcionamento.
Noutro plano, o Governo concluirá a decisiva reforma da privatização do notariado, sempre ressalvando a garantia de acessibilidade universal a esse serviço público.
É convicção do Governo que existem já sinais – e rapidamente se intensificarão – de que é este o modelo que melhor concretiza as exigências de celeridade, eficiência e modernização, sem prejuízo da indispensável fé pública dos actos notariais.
Será prosseguida a informatização das conservatórias e criadas novas conservatórias nos locais onde o atraso do serviço e o crescimento do mesmo revele a necessidade de reforço dos meios existentes, com especial atenção à criação, sempre que tal se justifique, de novas conservatórias de registo comercial.
Seguirão o curso já iniciado o processo de informatização do sector de registos em conexão com os cartórios notariais e com os tribunais e promover-se-á também o processo de microfilmagem dos registos ainda existentes em livros.
Prosseguir-se-á o esforço de desenvolvimento e qualificação das experiências iniciadas com as lojas do cidadão e com os centros de formalidades de empresa, tendo em vista a desburocratização e a simplificação do relacionamento entre a Administração, o cidadão e as empresas.
No domínio da política criminal, o entendimento do Governo conserva intocados os critérios do Governo anterior: aos órgãos de soberania – Assembleia da República e Governo – compete, no quadro dos seus poderes, a definição da política criminal; ao Ministério Público cabe, no respeito pela sua autonomia, participar na sua execução.
São estes os princípios que balizarão a acção do Governo neste domínio, devendo cada qual – órgãos de soberania e Ministério Público – agir em conformidade, assumindo, na plenitude, os seus poderes e responsabilidades constitucionais.
Na sequência das muitas acções já empreendidas, o Governo privilegiará a vocação humanista da sua política, tutelando os interesses das vítimas de crimes, a eficácia do combate ao crime, a salvaguarda dos direitos dos arguidos, a humanização do sistema prisional e a eficiência do sistema de reinserção social.
O apoio às vítimas de crimes, já muito presente na política governamental anterior, será reforçado, privilegiando uma articulação estreita com as instituições de solidariedade social. Será dada especial atenção à revisão do sistema de indemnização das vítimas de crimes, em curso no plano europeu.
A prioridade assinalada ao sistema prisional será mantida. Levar-se-á a cabo uma programação calendarizada da construção de novas prisões, projectadas em moldes que tenham em atenção os fins a que se destinam e a humanização da vida dos reclusos. Serão, igualmente, reforçados os meios dos centros penitenciários de alta segurança.
A questão das medidas preventivas merecerá especial cuidado do Governo, devendo ser postos em prática os mecanismos que permitam a separação da população prisional de diferente perigosidade, com especial preocupação para os reclusos mais jovens que, excepcionalmente, devam ser objecto de medidas preventivas de privação de liberdade.
Ainda no domínio da delinquência juvenil o Governo considera que é necessária a revisão do actual quadro normativo aplicável, à luz das novas realidades emergentes das diversas formas de criminalidade.
O Governo dará, portanto, sequência às medidas seguintes:
- aprofundamento da introdução das medidas preventivas alternativas à privação provisória de liberdade, seja pela continuação do programa de vigilância electrónica, seja pela promoção das necessárias alterações no domínio penal e processual penal;
- desenvolvimento do regime prisional hospitalar, o qual deverá ser estruturado de acordo com as conclusões das comissões interministeriais criadas para o efeito (com especial ênfase na situação dos reclusos toxicodependentes);
- conclusão do programa de articulação integrada e adequada do Instituto de Reinserção Social com os tribunais;
- revisão da lei de execução de penas e da lei orgânica dos correspondentes tribunais, aproveitando o estado adiantado da actividade dos dois Grupos de Trabalho;
- alteração do regime do segredo de justiça, no sentido da restrição do seu âmbito, de acordo com as alterações a prover nos ordenamentos penal e processual penal;
- despenalização da área das transgressões, que deverão passar a contra-ordenações, de acordo com os estudos ainda em curso.
Finalmente, na vertente externa, o Governo dará uma particular atenção ao reforço da cooperação judicial no quadro do espaço europeu de liberdade, segurança e justiça (3º pilar da União Europeia) e à cooperação com os Estados membros da CPLP.

Legislação do dia

Resolução da Assembleia da República n.º 56/2004. DR 172 SÉRIE I-A de 2004-07-23 – Assembleia da República: Constitui grupos de parlamentares conexos com organismos internacionais e grupos de parlamentares membros ou apoiantes de associações internacionais

Decreto-Lei n.º 176/2004. DR 172 SÉRIE I-A de 2004-07-23 – Presidência do Conselho de Ministros: Altera a orgânica do XV Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 120/2002, de 3 de Maio, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 119/2003, de 17 de Junho, e 20/2004, de 22 de Janeiro

Mapa Oficial n.º 1/2004. DR 172 SÉRIE I-A de 2004-07-23 – Comissão Nacional de Eleições: Eleições para o Parlamento Europeu realizadas em 13 de Junho de 2004

Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 405/2004 – DR 172 SÉRIE II de 2004-07-23: (a) Julga inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n.º 1, da Constituição, a norma dos n.os 3 e 4 do artigo 412.º do Código de Processo Penal, interpretada no sentido de que a falta de indicação, nas conclusões da motivação do recurso em que o arguido impugna a decisão sobre a matéria de facto, das menções contidas na alínea a) e, pela forma prevista no n.º 4, nas alíneas b) e c) daquele n.º 3, tem como efeito o não conhecimento da impugnação da matéria de facto e a improcedência do recurso nessa parte, sem que ao recorrente seja dada a oportunidade de suprir tal deficiência; (b) Não julga inconstitucional a norma do n.º 4 do mesmo artigo 412.º, quando interpretada no sentido de que incumbe ao recorrente o ónus de transcrição ali previsto; (c) Julga inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n.º 1, da Constituição, a norma do n.º 4 do mesmo artigo 412.º, interpretada no sentido de que a falta de transcrição, pelo arguido recorrente, das gravações constantes dos suportes técnicos a que se referem as especificações previstas nas alíneas b) e c) do n.º 3 do mesmo artigo tem como efeito o não conhecimento da impugnação da matéria de facto e a improcedência do recurso nessa parte, sem que ao mesmo seja dada a oportunidade de suprir tal deficiência.

Acórdão n.º 413/2004 – DR 172 SÉRIE II de 2004-07-23: Não julga inconstitucional a norma do n.º 1, alínea a), do artigo 64.º do Código de Processo Penal, interpretada no sentido de não ser constitucionalmente obrigatório o acompanhamento de advogado quando o arguido, em situação de liberdade (previamente à detenção subsequente a uma decisão que decretou a prisão preventiva do arguido, proferida após a realização de interrogatório judicial no qual é obrigatória a assistência de defensor), prescindiu de defensor no interrogatório não judicial.

EL DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DENUNCIA EL TRATO ALTANERO DE ALGUNOS JUECES

Da ACTUALIDAD JURÍDICA, de 19-7-2004:

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, ha denunciado en el último número de la revista "Otrosí" que un sector de jueces dispensa un trato "disciplente, distanciador, altanero y no pocas veces rotundamente ineducado" hacia los abogados, lo que considera una grave situación que perjudica a los justiciables y al conjunto de la justicia. En una carta del decano a sus compañeros, titulada "Reclamamos respeto. Algunos jueces olvidan la dignidad de nuestra función de abogar", Martí Mingarro aprovecha la revista del Colegio para afirmar que esos jueces convierten a la Justicia en paradigma de una "Administración hosca, cuando no hostil, distante, cuando no prepotente, y poco eficiente, cuando no estéril".
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Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 403/2004 – DR 171 SÉRIE II de 2004-07-22: Nega provimento a recurso em que se suscitava a inconstitucionalidade das normas das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 16.º, conjugadas com as constantes dos artigos 7.º e 9.º, do Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro.

Acórdão n.º 404/2004 – DR 171 SÉRIE II de 2004-07-22: Nega provimento a recurso cujo objecto se reconduz à "interpretação conjugada" dos artigos 22.º, 23.º e 25.º do Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 438/91, de 9 de Novembro, "na medida em que, por força de tal interpretação, se exclua o preço de aquisição do bem expropriado dos critérios relevantes para a fixação da justa indemnização", que o recorrente acusa de violar o princípio constitucional da justa indemnização, previsto no n.º 2 do artigo 62.º da Constituição.

Legislação do dia

Lei n.º 31/2004. DR 171 SÉRIE I-A de 2004-07-22 – Assembleia da República: Adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tipificando as condutas que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário - 17.ª alteração ao Código Penal

Lei n.º 32/2004. DR 171 SÉRIE I-A de 2004-07-22 – Assembleia da República: Estabelece o estatuto do administrador da insolvência

Resolução do Conselho de Ministros n.º 105/2004. DR 171 SÉRIE I-B de 2004-07-22 – Presidência do Conselho de Ministros: Aprova o Plano Nacional de Acção para a Prevenção

Portaria n.º 894/2004. DR 171 SÉRIE I-B de 2004-07-22 – Ministério das Finanças: Aprova os modelos oficiais da matriz predial urbana informatizada e da caderneta predial de prédio urbano

Portaria n.º 895/2004. DR 171 SÉRIE I-B de 2004-07-22 – Ministério das Finanças: Aprova a participação modelo 1 de transmissões gratuitas sujeitas a imposto do selo, a que se refere o artigo 26.º do Código do Imposto do Selo

Ministério da Justiça

Está constituída a equipa que vai gerir os destinos da Justiça:

• Ministro: José de Aguiar Branco
• Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Justiça: Paulo Artur dos Santos Castro de Campos Rangel
• Secretário de Estado da Justiça: Miguel Bento Martins da Costa Macedo e Silva
• Secretário de Estado da Administração Judiciária: António Alberto Rodrigues Ribeiro

Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 340/2004 – DR 170 SÉRIE II de 2004-07-21: Nega provimento a recurso em que se suscitava a questão de saber se a norma do artigo 81.º-A do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, que prevê a actualização da renda até ao limite da renda condicionada, interpretada em termos de a ausência de resposta, no prazo de 15 dias contados da recepção da comunicação feita pelo senhorio para efeitos daquela actualização (artigos 33.º, n.º 2, e 35.º, n.º 2), viola os princípios constitucionais da confiança e da segurança jurídicas.

Acórdão n.º 379/2004 – DR 170 SÉRIE II de 2004-07-21: (a) Não conhece do objecto do recurso, relativamente à norma do artigo 188.º, n.º 3, do Código de Processo Penal; (b) Julga inconstitucional, por violação das disposições conjugadas dos artigos 32.º, n.º 8, 43.º, n.os 1 e 4, e 18.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, a norma constante do artigo 188.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, quer na redacção anterior quer na posterior à que foi dada pelo Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 15 de Dezembro, quando interpretada no sentido de uma intercepção telefónica, inicialmente autorizada por 60 dias, poder continuar a processar-se, sendo prorrogada por novos períodos, ainda que de menor duração, sem que previamente o juiz de instrução tome conhecimento do conteúdo das conversações; (c) Julga inconstitucional, por violação dos mesmos preceitos da Constituição da República Portuguesa, a citada norma na interpretação segundo a qual a primeira audição, pelo juiz de instrução criminal, das gravações efectuadas pode ocorrer mais de três meses após o início da intercepção e gravação das comunicações telefónicas.

Legislação do dia

Decreto do Presidente da República n.º 36/2004. DR 170 SÉRIE I-A de 2004-07-21 – Presidência da República: Ratifica o Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, da República Popular da China, Relativo à Entrega de Infractores em Fuga, assinado em Hong Kong em 24 de Maio de 2001, aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 53/2004, em 27 de Maio de 2004

Decreto do Presidente da República n.º 37/2004. DR 170 SÉRIE I-A de 2004-07-21 – Presidência da República: Ratifica o Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, da República Popular da China, Relativo ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, assinado em Hong Kong em 24 de Maio de 2001, aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 54/2004, em 27 de Maio de 2004

Decreto do Presidente da República n.º 38/2004. DR 170 SÉRIE I-A de 2004-07-21 – Presidência da República: Ratifica o Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, da República Popular da China, Relativo à Transferência de Pessoas Condenadas, assinado em Hong Kong em 24 de Maio de 2001, aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 55/2004, em 27 de Maio de 2004

Lei n.º 30/2004. DR 170 SÉRIE I-A de 2004-07-21 – Assembleia da República: Lei de Bases do Desporto

Resolução da Assembleia da República n.º 53/2004. DR 170 SÉRIE I-A de 2004-07-21 – Assembleia da República: Aprova o Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, da República Popular da China, Relativo à Entrega de Infractores em Fuga, assinado em Hong Kong em 24 de Maio de 2001

Resolução da Assembleia da República n.º 54/2004. DR 170 SÉRIE I-A de 2004-07-21 – Assembleia da República: Aprova o Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, da República Popular da China, Relativo ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, assinado em Hong Kong em 24 de Maio de 2001

Resolução da Assembleia da República n.º 55/2004. DR 170 SÉRIE I-A de 2004-07-21 – Assembleia da República: Aprova o Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, da República Popular da China, Relativo à Transferência de Pessoas Condenadas, assinado em Hong Kong em 24 de Maio de 2001

Decreto-Lei n.º 173/2004. DR 170 SÉRIE I-A de 2004-07-21 – Ministério da Defesa Nacional: Cria o Sistema Nacional de Gestão de Crises

Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2004. DR 170 SÉRIE I-B de 2004-07-21 – Presidência do Conselho de Ministros: Cria e regula uma comissão arbitral incumbida de fixar as indemnizações a atribuir aos alunos da Casa Pia de Lisboa vítimas de abuso sexual

Reino Unido vigilará con satélites a 5.000 delincuentes peligrosos

Blair lanza un plan contra la delincuencia de cara a las próximas elecciones generales

El primer ministro británico, Tony Blair, ha presentado a su Gobierno un plan de cinco años que pretende disminuir el número de delitos comunes en un 15% antes 2008, y dar más poder a las comunidades para que apliquen parte de las leyes. Entre sus medidas se contempla el seguimiento permanente, por medio de satélites, de los 5.000 delincuentes más activos. La delincuencia y los comportamientos antisociales estarán de forma casi segura entre los temas centrales de debate en las elecciones generales que se prevé tengan lugar en el Reino Unido el próximo año. Los críticos de Blair afirman que ha fracasado en su propósito de acabar con el crimen y sus causas”.
Para evitar que estas opiniones capitalicen el periodo electoral el primer ministro anunció ayer un plan –confirmado en la BBC por su ministro del Interior- por el que se aumentará el número de agentes, se dará mayor a las autoridades locales para combatir la delincuencia y se pondrá el acento en el control de los criminales.
En este punto es donde entra en juego la tecnología, pues el Ejecutivo británico pretende tener vigilados a en torno a 5.000 personas consideradas peligrosas por ser delincuentes que han reincidido. Para ello se utilizarán los satélites de observación, pero no se han concretado más aspectos del plan, como si se avisará a las personas del seguimiento a que están siendo sometidas. “Tenerlos controlados no sólo nos dice donde se encuentra, sino que también permite articular los mecanismos para intervenir” en caso de que sea necesario, afirma David Blunkett, responsable de Interior.
El plan diseñado por el departamento de Blunkett tiene como otro de sus objetivos la expansión del banco de datos de ADN de posibles sospechosos en el Reino Unido, el primer país que dispone de un base similar, según recoge la edición ‘online’ del diario chileno La Tercera.

AGENCIAS / ELPAIS.es  -  Londres / Madrid
ELPAIS.es - 20-07-2004

España, Francia y Alemania compartirán los archivos de antecedentes penales

La primera cumbre entre Zapatero, Chirac y Schröder se celebrará en septiembre

Obtener en España los antecedentes penales de un alemán o un francés sospechoso dejará de ser pronto un procedimiento largo. Tres grandes países de la UE -España, Francia y Alemania- tienen ya muy avanzados sus trabajos técnicos para poder compartir a partir del año próximo sus registros de antecedentes penales, lo que reducirá a pocos días la obtención de los datos por parte de las autoridades judiciales de los tres países. La iniciativa, presentada ayer en Bruselas, es la primera consecuencia concreta de la incorporación de España al eje París-Berlín para la construcción europea. Fuentes españolas confirmaron precisamente ayer que hay contactos muy avanzados para que en septiembre se celebre la primera cumbre tripartita entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente francés, Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder.
El encuentro, que escenificará la ampliación a Madrid de la tradicional alianza franco-alemana, será convocado, probablemente, en la capital española, aunque ese detalle aún no está cerrado, como tampoco la fecha.
La reunión versará, previsiblemente, sobre los grandes temas del futuro de la construcción europea, incluidas las consecuencias de la ampliación y las difíciles negociaciones sobre la financiación de la UE durante el periodo 2007-2013, un problema en el que las posiciones de Zapatero y los otros dos socios están enfrentadas.
Pero el acuerdo de intercomunicación de registros penales anunciado ayer será también evocado en el encuentro, a fin de animar a varios países comunitarios que podrían sumarse en breve a esta nueva iniciativa contra la impunidad en el seno de Europa.Los ministros de Justicia de los tres países implicados, Juan Fernando López Aguilar, por España; Dominique Preben, por Francia, y Brigitte Zypries, por Alemania, se reunieron ayer con la prensa durante una pausa del Consejo de Ministros al que asistían en Bruselas y explicaron este proyecto conjunto. Según sus previsiones, la interconexión entre los tres registros estará disponible ya a finales de este año y empezará a ser operativo a lo largo del próximo.

Reincidencia internacional
"El sistema nos va a permitir computar el agravante de reincidencia internacional", señaló López Aguilar. "Gracias a los medios electrónicos", explicó la ministra alemana Zypries, "vamos a disponer de información rápida sobre los criminales investigados y las condenas que han tenido en sus países".
El acuerdo entre los tres países será válido para cualquier tipo de delito y será muy especialmente útil para crímenes como terrorismo, corrupción, prostitución, narcotráfico o falsificación de moneda en los que reincidencia internacional sea un agravante. En vez de tener que enviar una comisión rogatoria como se hace ahora (cuya respuesta suele tardar entre ocho y diez meses), la justicia de uno de los tres países sólo tendrá que pedir a su registro central de antecedentes penales el relativo al delincuente investigado. Dicho registro los pedirá al registro central del otro país, que, a su vez, lo entregará en pocos días. La traducción de los datos deberá correr a cargo del país que pide los documentos.
López Aguilar insistió en que "sólo un autoridad judicial puede solicitar que se active este proceso. Sólo después de que se haya cursado la solicitud la autoridad del país miembro recaba los datos, los remite al país tercero y es el país tercero el que debe traducirlos antes de entregárselos a la instancia judicial. Esto evita el procedimiento actualmente farragoso de la comisión rogatoria".
El nuevo sistema requerirá, sin embargo, algunos ajustes técnico-jurídicos en las legislaciones de los países interesados a fin de armonizar y homogeneizar las figuras penales para que la intercomunicación registral funcione.
El responsable francés de Justicia detalló que ya en enero de 2003 el presidente francés y el canciller alemán acordaron trabajar bilateralmente sobre esta idea en un proyecto al que se invitó posteriormente a España, siendo presidente del Gobierno José María Aznar.
Podrían sumarse en breve al proyecto países como Bélgica, que ayer propuso al Consejo de Ministros de Justicia e Interior, reunido en Bruselas, una iniciativa similar a nivel europeo. Para Bélgica ha resultado especialmente penoso el caso del jardinero francés Michel Fourniret, que ha confesado haber violado y matado a casi una decena de jóvenes en Francia y Bélgica durante años y con total impunidad hasta ahora.
 
GABRIELA CAÑAS  -  Bruselas

EL PAÍS    Internacional - 20-07-2004

La gran muralla de Jericó

Los jueces del Tribunal Supremo de Israel y del Tribunal Internacional de La Haya, que representa a la comunidad internacional, han condenado la forma en que se está erigiendo el muro de cemento en la zona de Cisjordania, aunque parece que nada tienen que objetar a la decisión de aislar los territorios palestinos. Vienen a decir que cada uno en su casa y sin invadir la del vecino, puede hacer lo que le parezca. La decisión, en este aspecto, es decepcionante, pero no se puede negar que tiene algunos aspectos positivos.
La sentencia del Tribunal Internacional de La Haya, que no es un organismo extraterrestre o simplemente folclórico, como parecen pensar los dirigentes israelíes, ha condenado firmemente la vulneración de las leyes internacionales y al mismo tiempo ha plasmado en sus razonamientos que una medida tan aberrante no encaja en el mundo de valores que pretenden promover las Naciones Unidas. Le guste o no al Gobierno de Israel, el Tribunal tiene el respaldo y la legitimidad del único organismo con autoridad mundial y actúa ajustándose a criterios rigurosamente jurídicos en la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional.
La privación de derechos que el muro supone para los palestinos se refleja de forma muy expresiva en la sentencia, cuando dice que su construcción afecta a los derechos de "autodeterminación, trabajo, asistencia social, salud, protección, educación y libertad de movimientos". Ante la realidad que contemplamos a diario, es posible que algunos se pregunten qué efecto práctico tendrá esta resolución, si los israelíes se reservan el derecho de asesinar y destruir sus viviendas hasta no dejar piedra sobre piedra.
La reacción del Estado de Israel ante la sentencia responde a los esquemas más clásicos. Los dirigentes autoritarios no quieren reconocer la primacía del derecho internacional sobre la política basada en la fuerza y en el desprecio a las reglas marcadas. Alguno de sus responsables se ha condolido de la sentencia con un lamento clásico: ¡no nos entienden! Ciertamente no están solos, cuentan con el apoyo incondicional de los Estados Unidos, que no sólo se lo han prometido, sino que ya reaccionaron de igual forma cuando fueron condenados por el Tribunal Internacional de La Haya en el caso Nicaragua, por uso ilegal de la fuerza. Su reacción recobra patente actualidad. El director de The New York Times escribió un editorial calificando a los jueces de "foro hostil". Pero el colmo del delirio lo consiguió Robert Leiken, columnista de The Washington Post, que no tuvo reparo en afirmar que existían estrechos lazos del Tribunal con la Unión Soviética.
La tentación de reafirmarse y empecinarse en sus razones sin valorar las respuestas imparciales y estrictamente jurídicas son frecuentes en los que se creen investidos de la verdad absoluta y no están dispuestos a consentir resignadamente que su acción no sólo es equivocada, sino además injusta y reprochable. Como era de esperar, los bloques de cemento no han impedido un nuevo atentado terrorista. La respuesta de Ariel Sharon no ha podido ser más deprimente y manipuladora. La injuria de acusar a los jueces de "alentar el terrorismo y de impedir a los países defenderse" sería una magna simpleza si no destilara un mensaje irracional y demoledor.
La aspiración de quedar al margen de la norma y tratar de imponer los hechos consumados de forma brutal anida en mentes autoritarias que, por desgracia, no son la expresión de una paranoia personal, sino el reflejo de importantes sectores de la población que les ha elegido precisamente para utilizar la fuerza como método y el asesinato selectivo como solución final.
Cierran las puertas y los oídos al clamor internacional encarnado por esos quince jueces de las más diversas nacionalidades y orígenes, ignorando que se les exige gozar de una alta consideración moral y ser jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. Ante las reacciones exasperadas y descalificantes que auguran a la resolución ir a parar al "basurero de la historia" o tratarse de una decisión política, pocos se han parado a pensar que la condena se basa fundamentalmente en que el muro se ha construido sobre terrenos que pertenecen a los palestinos. Las imágenes de la valla de cemento cortando en dos un pueblo y sus vías de comunicación sólo tiene parangón en el emblemático muro de Berlín.
Ni la comunidad internacional ni la comunidad judía pueden admitir esta lacra infinita de kilómetros de longitud que es un monumento a la incapacidad de los gobernantes para hacer una política integradora y de acercamiento a una realidad lacerante que lleva tantos o más siglos, en el lugar donde se desarrollaron escenas que la Biblia de los judíos ha recogido para meditación de sus lectores.
Esta agresión cometida sobre la tierra prometida nos permite algunas reflexiones buscando antecedentes en el pasado. Josué, heredero y sucesor de Moisés por la gracia de Yahvé, asumió la tarea de instalarse definitivamente en la tierra prometida. En su camino se encontraron con el obstáculo de las murallas de Jericó. Dice la Biblia que tenía Jericó "cerradas las puertas y bien echados sus cerrojos por miedo a los hijos de Israel y nadie salía ni entraba en ella".
Resulta ilustrativo recordar cómo se consiguió derrumbar las murallas. No lo hizo ni la potencia destructora de las armas ni el esfuerzo heroico de los asaltantes, bastó con las fuerzas del espíritu. Siete sacerdotes con potentes trompetas delante del Arca de la Alianza dieron vueltas a la ciudad y al séptimo día sus atronadores sonidos y el clamor del pueblo gritando consiguieron por la energía arrolladora de las ondas que las murallas se desintegrasen.
El pasar de los siglos no ha sido demasiado esperanzador, pero nos encontramos ante la posibilidad de utilizar, en ciertos casos con éxito, la fuerza del derecho como una gigantesca onda sonora que derribe las barreras alzadas por los opresores y condene sus comportamientos.
Todas las murallas tienen dos caras. La resolución de la Corte Internacional de Justicia no se ha pronunciado sobre la legitimidad de su orientación, sino sobre la ocupación de terrenos ajenos. Su decisión, escasa y sin pretensiones moralistas, ha servido para despertar el sentimiento anidado en la conciencia de la mayor parte de los países que componen la Asamblea General de las Naciones Unidas. La fuerza moral de estos sentimientos será más poderosa que el empecinamiento de los constructores del monstruo ciclópeo. El clamor universal, amplificado por millones de voces, ya ha derribado virtualmente esas murallas. Conseguir su retirada es una tarea en la que tiene que participar activa e inteligentemente la población judía que cree en la superioridad de los valores democráticos sobre el terrorismo suicida. La soberbia decisión de aislar a unos seres humanos con un muro de cemento, que les prive de la visión del horizonte y de mirarse a los ojos de sus vecinos, sólo generará más odio y violencia.
Desde los más remotos tiempos los poderosos han lanzado murallas de la más diversa arquitectura para defenderse de los enemigos exteriores. Gracias a este impulso, la humanidad disfruta de asombrosas obras de arte que constituyen un patrimonio artístico que nos ofrece su magnificencia exterior. La mayor parte de las veces desconocemos la historia y la vida de los que en su interior vivieron y desde el exterior trataban de acceder, con afán de conquista o por simple instinto de supervivencia ante la hostilidad de la intemperie exterior.
Supongamos que las moles de cemento, como gigantesca serpiente, se deslizan sinuosamente por todas las fronteras exteriores del Estado de Israel. Al finalizar su andadura encierra a sus constructores en un recinto contorneado por un muro frío y aséptico, que, en su geométrica rigidez, carece incluso de adarves y torres que dulcifiquen su monolítica monstruosidad.
A partir de este imaginario escenario, el peligro exterior no desaparece, pero surge la tensión y angustia que producen los espacios cerrados.
El pueblo de Israel ha quedado preso en el interior de los muros que rodean su antigua Jericó. Necesitan recuperar la sabiduría y la inteligencia de Salomón y darse cuenta de que están tramando contra ellos mismos. Como dicen sus proverbios, "la cólera del Rey es heraldo de la muerte, el hombre sabio la aplacará".

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo

EL PAÍS    Opinión - 20-07-2004

Golpe de estado ambiental?

Ver o alerta no Incursões e no Público de hoje.

Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 303/2004 – DR 169 SÉRIE II de 2004-07-20: Não julga inconstitucional a norma do artigo 170.º, n.º 1, do Código Penal.

Acórdão n.º 304/2004 – DR 169 SÉRIE II de 2004-07-20: Nega provimento a recurso em que se suscitava a inconstitucionalidade da norma do artigo 133.º, n.º 2, do CPP – interpretada no sentido de ser válido o depoimento prestado por co-arguido de um mesmo crime ou crime conexo em processo separado, sem afirmação do seu consentimento expresso, limitando-se a proibição de valoração do depoimento apenas em relação ao depoente –, por violação dos artigos 8.º e 32.º, n.º 1, da CRP.
 
Acórdão n.º 321/2004 – DR 169 SÉRIE II de 2004-07-20: Nega provimento a recurso em que se suscita a eventual inconstitucionalidade do n.º 4 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Novembro e ratificado pela Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto", com invocação de violação "do princípio da igualdade consagrado no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa, do disposto no n.º 2 do artigo 115.º (actual 112.º) e no n.º 2 do artigo 168.º (actual artigo 165.º) da Constituição da República Portuguesa, na redacção introduzida pelas revisões constitucionais de 1982 e 1989, e ainda de violação do disposto na alínea q) do artigo 168.º (actual artigo 165.º) da Constituição da República Portuguesa, por violação da lei de autorização legislativa, na redacção das revisões constitucionais de 1982 e 1989.

Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 267/2004 – DR 168 SÉRIE II de 2004-07-19: Não julga inconstitucional a norma da alínea h) do n.º 1 do artigo 41.º do regime jurídico da cessação do contrato individual de trabalho e da celebração e caducidade do contrato de trabalho a termo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 64-A/89, de 27 de Fevereiro, interpretada no sentido de que se consideram trabalhadores à procura do primeiro emprego os que não tenham sido anteriormente contratados por tempo indeterminado.

Acórdão n.º 274/2004 – DR 168 SÉRIE II de 2004-07-19: a) Não julga inconstitucional, por violação do disposto no artigo 115.º, n.º 7, da Constituição, na versão anterior à revisão constitucional de 1997, o regulamento e tabela de taxas e licenças municipais aprovado pela Assembleia Municipal de Baião em 7 de Dezembro de 1996 e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 302, de 31 de Dezembro de 1996;  b) Julga inconstitucionais, por violação do disposto nos artigos 106.º, n.º 2, e 168.º, n.º 1, alínea i), da Constituição, na mesma versão, as normas dos artigos 47.º, 48.º e 49.º do mesmo regulamento, conjugados com o artigo 19.º da tabela anexa, na parte em que o n.º 3 deste artigo 19.º não permite a dedução do montante custeado pelo promotor do loteamento até 60% do valor encontrado, enquanto interpretados no sentido de que o tributo neles previsto pode ser cobrado ainda que não tenha como contrapartida a realização, ainda que futura, por parte da Câmara Municipal de Baião, de nenhuma obra de infra-estrutura que seja consequência directa ou indirecta da aprovação de uma operação de loteamento.

Boletim da OA

Encontra-se já online o Boletim nº 32 da Ordem dos Advogados. 

A formação dos magistrados em Portugal

Para quem se interessa por este tema, é imprescindível a leitura do estudo de Boaventura Sousa Santos, elaborado no âmbito do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa e subordinado ao título "A formação dos magistrados em Portugal. Que renovação?". 
(do Incursões)

Senhor Bastonário versus Senhor Conselheiro

Ver aqui os desenvolvimentos da guerrilha. 

Legislação

Decreto Regulamentar n.º 25/2004, de15 de Julho - Regulamenta o Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, que aprova o regime jurídico dos documentos electrónicos e da assinatura digital
 
Lei n.º 27/2004, de 16 de Julho - Primeira alteração à Lei nº 11/2004, de 27 de Março, que estabelece o regime de prevenção e repressão do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e procede à 16ª alteração ao Código Penal e à 11ª alteração ao Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro.

Lei n.º 28/2004, de 16 de Julho - Segunda alteração ao Decreto-Lei nº 422/89, de 2 de Dezembro (reformula a Lei do Jogo), na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 10/95, de 19 de Janeiro. 

Efeméride

Este despretensioso blawg, de informação e reflexão na área judiciária, foi criado às 14:00 horas do dia 15 de Julho de 2004, em Portugal.