Los suizos votan, con
ejemplaridad democrática, tener un legítimo Estado delincuente
Hay un hombre honesto que está
ahora mismo luchando por su vida en un hospital de Madrid. Se llama Antonio
Pedreira, es magistrado y fue el instructor, después de Baltasar Garzón y antes
de Pablo Ruz, del caso Gürtel. Por sus manos
pasaron decenas de miles de folios con declaraciones de acusados, testigos y
pruebas periciales.
Pedreira consumió muchas horas, miles de horas, de su tiempo, de
su tasado tiempo, en la tarea de activar mecanismos para que las instituciones
bancarias de Suiza abrieran sus archivos para que se pudiera comprobar el
listado de cuentas abiertas de los presuntos, y no tan presuntos, implicados en
la trama de saqueo que la policía había bautizado con el nombre de Gürtel en
honor al más que presunto organizador, Francisco Correa.
Pedreira, con los escasos medios que la justicia española da a sus
agentes, se pasó meses de su vida, de su tasado tiempo, enfrentado a los
mejores despachos de abogados españoles, cuya tarea fundamental en este caso
era (y puede que siga siendo) obstaculizar las investigaciones con el fin de
dilatar los plazos legales y que las acciones llegaran a prescribir.
Los abogados de Correa, los abogados de Francisco Camps y de unos
cuantos presuntos más, realizaban una tarea legítima desde el punto de vista
del derecho, que consistía en obtener para sus defendidos o bien la absolución
o bien la menor de las penas posibles. Esa actividad es, hay que insistir,
legítima. Como, por ejemplo, es legítimo en nuestro entramado legal que alguien
pueda mentir para defenderse en un juicio.
Hay más cosas legítimas en el mundo. En España es legítimo retrasar
un procedimiento, porque la ley lo permite. En Francia se ha juzgado a
Strauss-Kahn en pocos meses. Aquí es impensable algo así.
En un país como Suiza en el que la democracia está muy arraigada,
sus ciudadanos mantienen un sistema envidiable que convierte a su Estado en un
legítimo delincuente, a partir de las leyes que protegen el secreto bancario.
En Suiza están más protegidos los delincuentes extranjeros que evaden a las
Haciendas de sus países que los estafados por esos delincuentes. Porque eso es parte
del negocio, del PIB del país. Las comisiones rogatorias que ha enviado, por
ejemplo, el juez del caso Gürtel han encontrado unos obstáculos que
solo con enorme esfuerzo y mucho tiempo se van superando. Tuvo menos problemas
Luis Bárcenas para que el banco que acogía sus 22 millones de euros, el
Dresdner Bank, le comunicara que estaba siendo objeto de investigación, tres
meses antes de que se pudieran escrutar sus cuentas. La última, el do de pecho
de la justicia suiza, ha sido la de intentar denegar datos porque estaban en la
famosa lista Falciani.
Hace unos años, no tantos, salieron a la luz las complicidades de
instituciones y ciudadanos suizos con los negocios fruto del llamado expolio
nazi. Y eso los suizos lo permitieron, ejerciendo un derecho que resulta
ejemplar por su transparencia.
Podemos ir también a la City londinense, donde se acuñó un feliz
término, el de los PIGS, para referirse a los países donde se acumulaban los
problemas financieros por culpa de una innata tendencia al golferío:
Portugal, Irlanda, Grecia y España. Pig, por si alguien no lo
sabe, significa cerdo, en inglés.
Ese apelativo cariñoso se lanzó desde el centro donde directivos
de bancos tan honorables como Barclays, HSBC y algún otro pactaban, mientras
tomaban algún que otro trago en una elegante cafetería o en el Blackfriars, los
intereses para forrarse a costa de los clientes. Elegantes, con traje cruzado
de rayas. Delincuentes de alcurnia, mal nacidos, puestos a definirles con
precisión.
En ese tipo de cuevas es donde han encontrado refugio algunos
tipos como Bárcenas, que parece ser que se va definiendo como el centro de la
Gürtel, una red inmensa de blanqueo de dinero que ha gozado de la protección de
un Estado cómplice de delincuentes como es el suizo y de elegantes redes de
intereses cruzados como los que defiende el primer ministro inglés, David
Cameron. Los privilegios de la City de Londres y la legislación sobre el
secreto bancario de Suiza son buenos trozos de PIB.
¿El Partido Popular español también le ha protegido?
Pablo Ruz continúa con su tarea de indagación contra una maraña
legítima, evitando incurrir en alguna práctica irregular que pudiera llevarle a
ser aparcado del caso. Le vigilan mil ojos de abogados caros.
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