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La reforma que limitará el mandato del fiscal general del Estado a cuatro años y establecerá causas tasadas para su remoción acaba de comenzar su tramitación. El Consejo de Ministros debatirá hoy el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el fin de reforzar su autonomía y su credibilidad. El jefe del ministerio público tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados antes de asumir el cargo para pasar una especie de examen parlamentario, según fuentes del Ejecutivo.
Con el estatuto actual, el Gobierno nombra al fiscal general del Estado entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional tras escuchar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El mandato del jefe de la Fiscalía no termina hasta que se nombre un sustituto. Esta forma de elección ha provocado desde la oposición quejas sobre la falta de independencia de las personas escogidas por el Ejecutivo en los últimos años para ocupar ese cargo.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció el pasado junio que el Gobierno presentaría antes del fin de este curso político la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -la ley que regula el funcionamiento del ministerio público- con el fin de "reforzar su autonomía y su credibilidad", además de mejorar su "rendimiento", especialmente en la persecución de las redes de crimen organizado.
Las novedades que introduce el proyecto de ley que se debatirá hoy en el Consejo de Ministros las anunció el pasado 29 de junio la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la última sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.
Causas tasadas
La reforma limitará el mandato del fiscal general a cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y recogerá una lista de causas tasadas por las que el Ejecutivo podrá destituirlo, con lo que se reduce considerablemente la arbitrariedad para su elección y cese. El jefe de los fiscales abandonará su cargo cuando acabe el mandato del Gobierno que lo nombró y tendrá que pasar un examen parlamentario antes de tomar posesión, según fuentes del Ejecutivo.
La modificación del estatuto del fiscal era uno de los puntos fuertes en materia de Justicia del programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Esa propuesta de reforma quedó reforzada ante las hondas discrepancias de los socialistas con las actuaciones de Jesús Cardenal, el último fiscal general nombrado por los gobiernos del PP. El programa electoral establecía que el jefe de los fiscales tenga un mandato de cinco años no renovable, en lugar de los cuatro que finalmente recogerá la reforma.
El documento socialista también contemplaba la comparecencia del fiscal en el Parlamento antes de su nombramiento y "el adecuado control parlamentario de sus decisiones". El fiscal general, según el programa electoral, no podría intervenir ni tomar decisiones en relación con procedimientos penales que afecten a miembros del Gobierno. En su lugar "actuará el fiscal jefe correspondiente, oída la Junta de Fiscales de Sala".
Tras su debate en el Consejo de Ministros, la reforma del estatuto de la fiscalía se enviará al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emitan sus respectivos informes y hagan sus aportaciones, antes de su aprobación definitiva por el Gobierno.
Delincuencia internacional
El Ejecutivo enmarca la reforma de la ley del ministerio fiscal en la lucha contra el crimen organizado, como adelantó el ministro de Justicia el mes pasado. El futuro proyecto de ley se encuadra en las modificaciones previstas del Código Penal para introducir avances de la biotecnología, la manipulación genética o el medio ambiente previstos por otros ordenamientos europeos para luchar contra los delitos económicos, societarios, mercantiles y fiscales. Con esas reformas el Ejecutivo tratará de hacer frente a la corrupción internacional y la delincuencia en Internet, entre otros delitos.
López Aguilar aseguró que estas reformas responden a "una tarea reflexiva y meditada" del Gobierno "marcando así la diferencia con el modo en que se hicieron las cosas durante el Gobierno del Partido Popular, que reformó el Código Penal de forma manifiestamente irreflexiva". Los populares, según el ministro, reformaron esa norma en 18 ocasiones durante la pasada legislatura, y "cuatro o cinco al año" durante el mandato anterior.
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