Droga y rigor penal

EL PAÍS - Opinión - 06-11-2005

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha planteado al Gobierno la reforma del artículo 368 del Código Penal, que castiga con un mínimo de tres años de cárcel el tráfico de droga a pequeña escala, como la venta de una sola papelina de droga. La reforma pretende corregir la desproporción de esa pena y sus efectos más indeseados, en especial la imposibilidad de suspender la condena de quienes, en muchos casos, son drogodependientes que sufragan con esa actividad delictiva su adicción y a quienes se les corta de raíz la posibilidad de rehabilitarse si la única alternativa es su ingreso inmediato en prisión.

La propuesta del Supremo al Gobierno es rebajar a dos años la actual pena mínima de tres o, como alternativa, facultar a los tribunales para imponer la pena inferior en grado, atendiendo a la gravedad del hecho delictivo y a las circunstancias penales del culpable. Eso permitiría suspender la condena de los no reincidentes y facilitar su acceso a programas de deshabituación si son drogodependientes. Se trata de una propuesta razonable, que tiene el aval de una larga experiencia en el tratamiento penal de las diversas formas de narcotráfico, y que merece ser tenida en cuenta por la comisión que prepara la reforma del Código Penal prevista para 2006.

El rigorismo penal, sobre todo si es indiscriminado,es especialmente injusto en el caso del narcotráfico,pues no se puede tratar igual al gran mercader que al pequeño. Estos últimos constituyen el grueso de la población reclusa por delitos vinculados con la droga, aproximadamente una cuarta parte de los más de 61.000 presos actuales. A este rigorismo ha contribuido el Supremo en los últimos años con la aplicación del criterio de la "dosis mínima psicoactiva" o cantidad a partir de la cual la droga surte efecto en el organismo. El exclusivo criterio cuantitativo se ha convertido en referencia doctrinal de obligado seguimiento por el resto de los tribunales. Esa orientación, que también debe ser cambiada, ha convertido al consumidor en traficante, con la posibilidad de pasar tres años en la cárcel.