La derecha judicial y el Partido Popular han echado mano de la artillería pesada para descalificar la propuesta legislativa del PSOE, ERC e IU-ICV, tomada en consideración ayer por el Congreso, para que los altos cargos judiciales (magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia) sean designados por una mayoría cualificada de tres quintos -13 de sus 21 miembros- del Consejo del Poder Judicial. Para el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, la iniciativa supone nada menos que "un asalto antidemocrático y un ataque en toda regla a la independencia de la justicia".
Podrá cuestionarse la oportunidad política de la iniciativa, pero es pasarse de la raya tildarla de antidemocrática y de amenaza a la independencia judicial cuando lo que literalmente propugna es que los nombramientos de los cargos judiciales de carácter discrecional estén sustentados en mayorías de más amplio consenso que la estrictamente aritmética y respondan a las distintas sensibilidades y opciones ideológicas propias de un órgano colegiado como el Consejo del Poder Judicial.
Es posible que una iniciativa de este tipo no se hubiera planteado sin el grave precedente de julio pasado, cuando la mayoría conservadora del Consejo decidió copar prácticamente los nombramientos de altos cargos judiciales. Hasta ahora no había sido necesaria. Los distintos Consejos habidos desde el primero nombrado por el Parlamento en 1985 procuraron consensuar, con mayor o menor acierto, y de acuerdo con su propia composición interna, los nombramientos de la cúpula judicial. Pero esa práctica saltó hecha trizas en julio al imponerse sin miramiento alguno el sector conservador afín al PP: con una mayoría de 10 vocales frente a 9 se adjudicó el 80% de los nuevos nombramientos. Quizás en un intento de contrapesar en el ámbito judicial la victoria electoral del PSOE.
Establecer una mayoría cualificada de tres quintos para los nombramientos judiciales de carácter discrecional no sólo implica ampliar el consenso en la toma de decisiones del Consejo del Poder Judicial. Dificulta también las posibles maniobras externas de los partidos políticos vía vocales afines. De momento reduce el margen de maniobra del PP, que durante poco más de un año gozará de mayoría en el Consejo, pero afectará por igual al PSOE cuando traduzca su actual mayoría parlamentaria en el próximo órgano del poder judicial.
EL PAÍS - Opinión - 22-09-2004
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