El Gobierno impulsará un nuevo sistema de nombramientos de altos cargos judiciales

LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

PSOE, ERC e IV sugieren una mayoría cualificada de tres quintos para el Tribunal Supremo

El Gobierno pretende impulsar una reforma legal para que los nombramientos de altos cargos judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial se haga por mayoría cualificada para resolver así el enfrentamiento entre los sectores conservador y progresista. La mayoría conservadora del Consejo impone ahora a sus candidatos para ocupar las principales vacantes. Tres grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno (PSOE, ERC e ICV) han presentado una propuesta en el Congreso para que los nombramientos del Supremo y de presidentes de tribunales superiores se hagan con "fórmulas de consenso". En una proposición no de ley remitida al Congreso el pasado día 3, los grupos parlamentarios de PSOE, ERC e Izquierda Verde plantearon que los miembros del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se elijan mediante mayorías que expresen "un amplio consenso" con el fin de "reforzar" la independencia del Poder Judicial. Aunque la propuesta no lo precisa, fuentes del Tribunal Supremo y del CGPJ señalan que tras las llamadas al consenso subyace una fórmula de nombramiento por mayoría cualificada de tres quintos para los altos cargos de la Judicatura. Es decir, que se precisarán 13 votos de los 21 posibles para nombrar a un magistrado del Tribunal Supremo o presidente de tribunal superior, en vez de la mayoría simple necesaria ahora.

La petición se registra apenas un mes después de los enfrentamientos desatados en el Consejo del Poder Judicial entre la minoría progresista y la mayoría conservadora, tras el rodillo impuesto por ésta en la última tanda de nombramientos: ocho jueces conservadores frente a dos progresistas. Un marcador que redondea aún más la hegemonía absoluta de la derecha judicial en los cargos de gobierno de los altos tribunales y que se traduce en que casi uno de cada dos jueces nombrados (42,6%) está afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mientras que uno de cada cinco pertenece a los progresistas de Jueces para la Democracia. Montserrat Comas, vocal de la minoría progresista del CGPJ, es partidaria de los nombramientos por mayoría cualificada porque "obligan al consenso necesario para buscar a los mejores, lo que impediría que en el futuro suceda lo que está pasando ahora, cualquiera que fuesen las mayorías". Comas añade que la mayoría cualificada ya se utiliza para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que designa el Consejo, por lo que simplemente se trataría de extender el sistema a los altos magistrados, evitando así nombramientos "a golpe de mayoría absoluta".

Sin embargo, el nombramiento por mayoría cualificada también es contemplado con algunas reticencias en algunos sectores progresistas. Fuentes del Tribunal Supremo apuntan que el sistema de mayoría cualificada puede acabar entregando la llave de los nombramientos a representantes muy minoritarios.

Según estas fuentes, en el actual CGPJ "los conservadores, que tienen 11 votos, sólo con tener en palmitas al vocal propuesto por CiU y al independiente propuesto por los jueces no afiliados, alcanzarían los 13 votos necesarios, y no tendrían que pactar con los progresistas". "En cambio, los progresistas [que ahora son ocho debido a la vacante dejada por el vocal José Antonio Alonso tras ser nombrado titular de Interior] ni siquiera contando con los sufragios de los dos vocales minoritarios alcanzarían los 13 votos y estarían igual que ahora".

El vocal conservador José Luis Requero apunta: "No deja de ser relevante que desde 1985 no se haya discutido el régimen de mayorías y cuando hay un Consejo cuyo signo no satisface al Gobierno actual quieran hurtarle o sustraerle esa mayoría cambiando las reglas del juego. Lo que en realidad se quiere es que bajo el espejuelo del consenso, determinados grupos que siempre son minoritarios alcancen una representación desproporcionada a su incidencia".

Así las cosas, el Gobierno ya cuenta con una iniciativa parlamentaria para reforzar la fórmula de nombramientos y evitar el rodillo que, según se deduce de la respuesta de Hernando, el grupo mayoritario conservador proyecta extender hasta noviembre de 2006, fecha del final de su mandato. Saben que el próximo Consejo nombrado por las Cortes contará con mayoría socialista y los cargos que hasta entonces puedan aprovisionar serán inamovibles.

JULIO M. LÁZARO - Madrid
EL PAÍS - España - 15-09-2004